El Estrecho atraviesa la mayor escalada en décadas. Secuestros, tiroteos, descargas a plena luz del día y lanchas armadas operando sin control coinciden con la reducción de unidades de élite y el abandono de los agentes por parte de Marlaska
El fortalecimiento del narcotráfico y el endurecimiento de sus métodos siguen marcando la realidad cotidiana en el Estrecho de Gibraltar y en las provincias de Cádiz y Huelva, las áreas más afectadas por la actividad de las nuevas grandes organizaciones de traficantes y de las tradicionales familias dedicadas a la droga.
Ante condiciones adversas, las narcolanchas vuelven a buscar refugio en los puertos, a pesar de que fue en el de Barbate donde en febrero de 2024 fallecieron dos guardias civiles tras ser atropellados por una embarcación cargada con droga. La semana pasada, los empleados de los traficantes regresaron al puerto de Barbate debido a las malas condiciones climáticas.
«La orden fue cerrar el puerto y prohibir que alguien tomara fotografías o grabara vídeos», revela un agente que combate el narcotráfico en la zona. Además, en una playa de Cádiz, dos narcolanchas llegaron casi a la orilla debido a la incapacidad de la Guardia Civil para interceptarlas o amedrentar a sus conductores. «Estamos patrullando con zodiacs porque las patrulleras están averiadas y nadie las repara. La situación de abandono que sufrimos continúa agravándose», denuncia.
La institucionalización del narcotráfico, la muerte de agentes de la Guardia Civil, el disparo en el abdomen que recibió hace dos semanas un policía nacional durante una entrada en una guardería de droga en Sevilla, el uso de armas de guerra por parte de los nuevos narcotraficantes para protegerse, así como los secuestros y torturas entre bandas, reflejan un desgobierno en constante crecimiento. En este contexto especialmente crítico, según entienden tanto el Instituto Armado como la Policía Nacional, ha surgido un nuevo problema. Interior ha limitado la presencia del GAR de la Guardia Civil, una unidad de élite especializada en operaciones de alto riesgo, que hasta octubre mantenía una presencia continua en la zona (con relevos), pero que ahora ve su trabajo significativamente reducido allí.
«Desde principios de octubre, el ministerio no envía a los equipos con la misma frecuencia que antes. Esto significa que puede ir un equipo y volver sin que otro lo releve, por lo que pueden pasar semanas sin que el Grupo de Acción Rápida (GAR) esté activo en el Estrecho o en la desembocadura del Guadalquivir», detalla un agente de esta unidad consultado por EL MUNDO.
El GAR es un soporte esencial para las unidades territoriales, tanto por sus recursos como por su preparación para enfrentar las situaciones actuales en la región. Esta reducción de medios, decidida desde el ministerio de Fernando Grande-Marlaska, también ha afectado al Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil, encargado de mantener el orden público y respaldar a los equipos de policía judicial locales. «Justo en plena temporada para el ‘narco’, su presencia fue limitada y ahora sólo operan en la zona de Huelva». Ambas unidades son itinerantes y su despliegue requiere el pago de dietas y alojamiento. «Claramente no hay dinero y por eso no nos envían. Además, últimamente hemos tenido que adelantarnos de nuestro bolsillo hasta 500 euros, que tardaron más de seis meses en reembolsarnos».
Otro punto vulnerable aprovechado por los narcotraficantes, según continúan, son las deficiencias del Servicio Marítimo del Instituto Armado. Reclaman volver al servicio 24 horas para combatir eficazmente el narcotráfico. Argumentan que con esta medida las embarcaciones sufrirían menos averías y podrían patrullar mucho mayor distancia. «Lo que no se controle en el mar, se convierte en un problema en tierra», concluyen los agentes del Servicio Marítimo.
Con la mayoría de las patrulleras dañadas o en mal estado, tienen que llevar a cabo las vigilancias y persecuciones con embarcaciones semirrígidas.
El GAR pierde efectivos mientras los puertos de Cádiz enfrentan un aumento de narcolanchas
Esta semana, los agentes antidisturbios de la Policía Nacional criticaron la falta de respuesta de Interior tras solicitar desplazarse a la zona para apoyar a sus compañeros. La Unidad de Intervención Policial (UIP), denominación técnica del equipo, es un grupo móvil que acude a los puntos del país donde se requiere su servicio. Esta unidad especializada cuenta con armas de guerra, uniformes balísticos específicos y vehículos diseñados para contener, o al menos intentar hacerlo, a los grandes traficantes establecidos en el sur. Disponen de coches que pueden acceder a zonas fluviales con poco caudal y difícil acceso para las unidades convencionales debido a la orografía. Son estas zonas las que utilizan las lanchas para ocultar cargamentos de droga. La UIP cuenta con un parque automovilístico compuesto por vehículos 4×4, otros similares a Hummer y algunos con capacidad para navegar aguas poco profundas.
Los agentes tienen acceso a cascos y escudos balísticos de alta protección, capaces de resistir disparos de calibres de guerra como los que emplean los narcotraficantes en la zona. Actualmente, la presencia corresponde a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). Sin embargo, estos equipos no disponen de la misma capacidad material, vehículos o armamento que la UIP. Según aseguran, han dirigido varias peticiones al ministerio y sólo han recibido silencio como respuesta.
Una nueva señal de que la situación empeora fue el tiroteo a un hombre dentro de su domicilio en La Línea de la Concepción hace un mes. Antes de recibir un disparo en el cuello, los atacantes mantuvieron atada y amordazada a toda su familia. El joven no se encontraba en el domicilio y esperaron a que regresara para recibirlo armado, con sus padres y hermanos amordazados. Los investigadores sospechan que el objetivo era robarle droga.
Tras ser atendido en un hospital, abandonó el centro antes de recibir el alta y habiéndose identificado con un DNI falso. Pese a ello, los investigadores lo identificaron y descubrieron que sobre él pesan varias órdenes de prisión. Las pesquisas apuntan a que la vivienda estaba vinculada al tráfico de drogas y que la víctima trató de defenderse durante un intento de robo.
Estos hechos evidencian que los narcotraficantes han cambiado los métodos, escenarios y castigos aplicados a miembros de organizaciones rivales o propias frente a amenazas a sus negocios, traiciones o cualquier indicio de insurrección. Las familias tradicionales del narcotráfico y las nuevas instaladas en la zona —originarias de Latinoamérica, la región de los Balcanes y los Países Bajos— implementan prácticas extremadamente duras nunca vistas hasta ahora. Los agentes que combaten el narcotráfico llevan meses alertando sobre ello después de cada intervención.
Un ejemplo muy ilustrativo ocurrió en julio pasado, cuando la Policía liberó a un joven encerrado en el maletero de un coche en la zona de Ayamonte. Según fuentes de la investigación, sus captores lo introdujeron allí tras golpearlo con fuerza. Luego lo maniataron y huyeron al percatarse de la presencia de la Guardia Civil. El caso estaba vinculado al tráfico de drogas.
En febrero, en la ría de Huelva, frente al Muelle de las Carabelas, varios individuos descargaban un cargamento de hachís a plena luz del día desde embarcaciones recreativas, protegidos por hombres armados con fusiles de asalto, específicamente con kalashnikovs. Tres personas armadas con AK-47 mantenían sus armas listas para abrir fuego sin dudar en caso de ser descubiertos.
Una semana antes, Fernando Grande-Marlaska afirmó tener «acorralados» a los traficantes. Este comentario lo realizó ante sus socios de la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Organizado, donde destacó los resultados del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, a pesar de que los agentes que combaten el narcotráfico en la zona siguen advirtiendo que la situación se complica día a día y que las organizaciones traficantes les ganan terreno. Hay más traficantes, más droga y más violencia con los mismos recursos y sin señales de que Interior reactive un grupo exclusivo para esta lucha. Así enfrenta la Guardia Civil el escenario de su labor diaria. «La situación es muy grave. La delincuencia a este nivel se mantiene constante».
No obstante, desde el ministerio informan a EL MUNDO que no existe ninguna limitación de unidades y que «las decisiones sobre despliegue y dispositivos las propone y decide cada cuerpo según las necesidades operativas de cada momento».
La propia Fiscalía General del Estado ha reflejado esta cuestión en su Memoria Anual tras que la fiscal delegada de Cádiz mostrara su preocupación. «La reducción de droga incautada supone también una caída en los procedimientos penales en la provincia de Cádiz, lo que la delegada atribuye a una menor presión policial y a la desaparición del grupo operativo OCON-Sur, que se produjo de forma inesperada y sin notificación previa a la Fiscalía de Andalucía ni a la Fiscalía Especial ni a los órganos judiciales».