El expresidente, Francisco Carrapiso, deberá abonar una multa de 2.100 euros, mientras que el exsecretario general, Pedro Talavera, afrontará una sanción de 3.600 euros
La Audiencia Provincial de Cáceres ha impuesto penas de prisión de dos y tres años, respectivamente, al expresidente y al exsecretario general de la Federación Extremeña de Atletismo (FAEX) durante el periodo 1995-2020, debido a un delito continuado de administración desleal.
Asimismo, Francisco Carrapiso deberá pagar una multa equivalente a siete meses con una cuota diaria de diez euros, sumando un total de 2.100 euros, y responder de manera solidaria junto con Talavera ante la Federación con una indemnización de 77.795 euros. Por su parte, Pedro Talavera ha sido condenado a una sanción de ocho meses con una cuota diaria de quince euros, totalizando 3.600 euros, además de abonar a la FAEX, de forma solidaria con Carrapiso, otros 84.158 euros agregados a los 77.795 euros mencionados.
En contraste, la Sala absuelve al ex presidente del Comité de Jueces entre 2008 y 2020, quien también fue procesado por el mismo delito.
Pagos encubiertos hacia los órganos federativos
La sentencia detalla que ambos condenados ejercieron un control absoluto sobre la administración financiera y las cuentas de la organización durante sus mandatos. Talavera, que desempeñaba funciones de gerente, acumulaba responsabilidades en el control patrimonial, custodia de fondos y supervisión de la contabilidad, mientras que Carrapiso gestionaba los pagos y actuaba como representante legal de la federación. Ambos funcionaron sin ninguna supervisión ni control efectivo por parte de la Asamblea General.
Aunque los estatutos federativos preveían la opción de remunerar a Talavera por sus cargos como secretario general o gerente, la Asamblea nunca autorizó ningún pago. A pesar de ello, Talavera realizó transferencias reiteradas de fondos federativos a su cuenta personal.
Entre 2014 y 2020, Talavera desvió más de 117.000 euros, aproximadamente 70.000 de ellos fueron pagos totalmente ocultos ante los órganos federativos y efectuados con pleno conocimiento y tolerancia del entonces presidente Carrapiso. El resto correspondía a contratos como técnico deportivo, aprobados y registrados por la Federación, y que sí aparecían en la contabilidad anual.
Gastos privados con fondos de hoteles, restaurantes y talleres
La resolución judicial prueba que Talavera, aprovechando su acceso exclusivo a las finanzas y la confianza otorgada, usó también una tarjeta bancaria vinculada a la Federación para gastos personales. Restaurantes, ropa, viajes, hoteles, talleres y compras diarias fueron cargadas durante años a las cuentas federativas, sumando un total de más de 86.000 euros. La mayoría de estos gastos carecían de conexión con actividades de la federación.
El uso indebido del patrimonio federativo no se limitó a esos gastos personales. En 2020, ya fuera de sus cargos tras perder las elecciones, Carrapiso y Talavera obligaron a la entidad a hacer frente al pago de multas penales —de 2.400 euros cada una— impuestas en un proceso previo por falsedad documental.
Además, más allá de cargar esas sanciones a la federación, financiaron también con sus fondos los honorarios de abogado y procurador derivados de la defensa en el mencionado proceso penal y en un procedimiento contencioso administrativo relacionado con sanciones personales, totalizando gastos adicionales que superan los 3.000 euros.
El rol del Comité de Jueces
Uno de los aspectos investigados con relevancia fue el funcionamiento del Comité de Jueces. Aunque inicialmente se sospechó una presunta apropiación indebida por parte del presidente de dicho comité, la sentencia concluye que las cantidades manejadas para remunerar a los jueces fueron empleadas conforme a su propósito, sin que se constatara apropiación de fondos federativos. Los desvíos se limitaron exclusivamente a las acciones de Carrapiso y Talavera mediante transferencias bancarias, pagos encubiertos y el uso fraudulento de la tarjeta corporativa.
El examen de presupuestos y liquidaciones de la federación entre 2014 y 2020, junto con los testimonios de empleados y directivos, evidenció que las presuntas remuneraciones a Talavera jamás fueron aprobadas ni figuran en las cuentas anuales. Testigos presenciales afirmaron desconocer cualquier pago por su cargo, fuera de los contratos técnicos. Los dirigentes justificaban la falta de transparencia con la protección de datos, mientras que los números reales mostraban que ni los gastos del personal contratado correspondían con las partidas autorizadas en Asamblea.
El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, manifestó tras la explicación de la jueza Beatriz Biedma del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz que se siente «sorprendido» y «enfadado», destacando que, sobre todo, considera que han sido «pisoteados» sus derechos como persona y parlamentario. Asimismo, defendió que «la ley nunca puede ser fraude de ley» y calificó como «grave» la injerencia en las decisiones internas de un partido político.
La sentencia concluye que Francisco Carrapiso y Pedro Talavera actuaron de manera continuada para obtener beneficios personales del patrimonio federativo, apropiándose de fondos y empleando recursos institucionales para cubrir obligaciones estrictamente privadas. Una gestión opaca que duró años y salió a la luz tras el relevo en la directiva.