Las declaraciones de políticos como Patxi López cuestionaron la labor y la diligencia de la Unidad, mientras que ellos, mediante sus informes, han esclarecido casos como los de Santos Cerdán y Óscar Liria.
El domingo 16 de noviembre pasado, cuando el proceso por la revelación de secretos contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ya estaba próximo a sentencia, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, denunció que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había utilizado contra él «informes recortados en algunas partes». Es decir, señalaba que los agentes manipularon la información por un supuesto afán en su contra.
Pero no se detuvo ahí: según López, los guardias solo habían «investigado» a García Ortiz, a pesar de que muchas otras personas pudieron haber tenido acceso al controvertido correo electrónico filtrado. Sostenía que se trataba de una persecución.
«No se investigó a las cientos de personas que podían acceder a ese mail, solo a una», insistía Patxi López.
En ese momento, distintos medios de comunicación coincidieron con las palabras de López, en relación con un juicio que, al centrarse en una filtración que ahora ha sido sentenciada como intencionada, ha afectado directamente al periodismo.
Algunos medios calcularon que cerca de 400 personas pudieron acceder al email conflictivo, perteneciente al abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, destinado a Fiscalía. Por tanto, ¿por qué se perseguía exclusivamente a García Ortiz?
López reiteró entonces argumentos del abogado del Estado del caso, José Ignacio Ocio, quien durante la fase oral cuestionó tanto la presunta responsabilidad de García Ortiz en la filtración — postura absolutoria tanto de Abogacía como de Fiscalía — como la forma en que la UCO manejó la evidencia.
De hecho, aunque Ocio expresó dudas durante la vista previa — momento en que se aborda el objeto del procedimiento — y la fase oral sobre la manera de obtener los audios, estos fueron tratados con sumo respeto a las garantías legales por parte de los guardias civiles, plenamente conscientes de la sensibilidad del material.
Fuentes de la investigación relatan a EL MUNDO el desconcierto que ha generado en el Instituto Armado, especialmente en la UCO, el uso que tanto Abogacía del Estado como el entorno del Gobierno han hecho de procedimientos muy reglados, para los cuales se establecieron garantías absolutas en pro de su legalidad.
El perito de Delitos Telemáticos de la UCO explicó en el proceso que los audios fueron recogidos «como es habitual», siguiendo estrictos protocolos. Incluso se aplicaron medidas adicionales, anticipándose a cualquier problema. Por ejemplo, durante el registro donde se incautaron, estuvo presente una fiscal, algo inusual en este tipo de procedimientos.
El auto judicial que autorizaba la intervención ordenaba ejecutar la acción, literalmente, «total o parcialmente», y los agentes procedieron con la máxima precaución. Se hizo, conforme a la práctica común, una copia indubitada de todos los datos volcados, la cual fue enviada, sin alteraciones, al juez instructor del Tribunal Supremo.
«El volcado se realizó más amplio de lo requerido porque así se solicitó», aclaró el perito de la Benemérita. Posteriormente, la sala llevó a cabo un expurgo para eliminar información no relacionada con la investigación, trabajando la UCO con el resultado depurado.
Sin embargo, esto no impidió que desde la defensa ‘institucional’ de García Ortiz se cuestionara la autenticidad e integridad de las grabaciones.
En efecto, tanto López como medios afines al Fiscal General presentaron como prueba de esa supuesta manipulación algo que en realidad resultó ser una manipulación en sí misma.
En la sala, Abogacía General del Estado argumentó que el recorte de una conversación entre Diego Villafañe, teniente fiscal de García Ortiz, y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, en la página 17 del informe de la UCO, demostraba que se había alterado el sentido de los audios.
En esa conversación, Villafañe le decía a Rodríguez: «Cuídate mucho, que ya te digo que te vamos a necesitar a tope». A lo que ella respondía: «Ay, en qué estarás pensando». Y Villafañe concluía: «Todo bueno».
Abogacía defendió que, en realidad, se referían a una operación oftalmológica que había sufrido Rodríguez, un detalle que, por sí solo, podría generar dudas sobre la validez de las grabaciones o al menos fundamentar una suspensión por duda razonable.
Según explica la Guardia Civil, dicha maniobra fue tan obvia que el propio informe de la UCO señalaba que la conversación se originó en un problema médico de Rodríguez, información que los agentes eliminaron del material presentado al juez para proteger la intimidad de la fiscal.
No obstante, no fue eliminada completamente porque la referencia a ese «te vamos a necesitar a tope» implicaba una promesa velada: un posible ascenso para Rodríguez si lograban disipar las sospechas sobre la actuación de García Ortiz, en cuyo proceso su apoyo fue crucial, estando ella incluso imputada.
También causó molestias en la Guardia Civil, que aportó con el testimonio del teniente coronel Antonio Balas una de las pruebas más contundentes contra García Ortiz — «se veía que tenía dominio absoluto», afirmó — que se cuestionara su actuación al sostener que fueron ellos quienes dirigieron la acusación contra el Fiscal General.
«Se investigó a todos, uno tras otro, pero el descarte fue obvio y lo realizó quien debía hacerlo: el juez», sostienen.
Durante el proceso quedó claro que solo García Ortiz tenía la autoridad en Fiscalía para filtrar el documento, hecho respaldado por la nota posterior emitida y por declaraciones de testigos cercanos, como el responsable de Prensa, Íñigo Corral, y la fiscal superior madrileña, Adriana Lastra.
Finalmente, los agentes han soportado en este tiempo una avalancha político-mediática que aseguraba que, pese a tener mandato para hacerlo, no estaban investigando al propio Alberto González Amador.
De hecho, la juez de Instrucción 19 de Madrid designó el 27 de junio pasado a la UCO como cuerpo de policía judicial encargado de investigar si, además de fraude fiscal y falsedad documental, la pareja de Ayuso podría haber incurrido en corrupción en sus negocios.
No obstante, según ha conocido EL MUNDO, y pese a que la Guardia Civil ha solicitado durante meses las actuaciones realizadas, este trámite solo fue cumplido por el juzgado el 8 de noviembre, lo que, como es habitual, desencadenó el inicio formal de la investigación por parte del cuerpo.
Incluso para una unidad acostumbrada a operar al límite, la UCO ha tenido que intensificar sus esfuerzos para evitar conflictos dentro del propio Estado al investigar a García Ortiz, tan respaldado por el Gobierno y su entorno que no han dudado en atacar incluso al Poder Judicial para evitar una condena que hoy es inminente.
En ocasiones, con equilibrios que podrían parecer fortuitos. Mientras se hacía público el martes pasado el informe de la Unidad sobre Santos Cerdán, confirmando sus ingresos por sobornos millonarios, sus agentes detenían al presidente de la Diputación de Almería (PP) por fraude en la adquisición de mascarillas. Ese mismo día, en los noticiarios, Pedro Sánchez pudo al menos disponer de un argumento de defensa, proporcionado también por la UCO.