Los detenidos en el ‘caso mascarillas’ de Almería empleaban un código relacionado con la salud dental para aludir a las supuestas comisiones ilegales, utilizando frases como «tengo las muelas picadas» o emoticonos de dientes.
Se presume que la red blanqueó cerca de un millón de euros procedentes de comisiones por la adjudicación de contratos públicos, especialmente en la compra de mascarillas durante la pandemia.
El expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, junto a sus hermanos, están involucrados en el caso, desempeñando presuntamente roles esenciales en la obtención y blanqueo del dinero ilícito.
Empresas como Pulconal y OYC Servicios Urbanos fueron utilizadas aparentemente como sociedades pantalla para asegurarse contratos públicos mediante métodos fraudulentos, sustentando un sistema ilegal de adjudicaciones durante varios años.
Tres minutos después de formalizar el contrato para la compra de mascarillas por medio de un decreto, el expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, envió un mensaje al grupo de Whatsapp llamado ‘Naranjito’, donde interactuaba con el resto de la supuesta red: un emoticono de un diente.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectaron algo inusual en ese mensaje. ¿Por qué usó un diente? ¿Qué quería indicar?
Al revisar los mensajes intercambiados entre Javier Aureliano García y los demás implicados en este caso, comprendieron el significado del diente, pues los investigados realizaban múltiples alusiones a dentaduras.
Las expresiones aparecen repetidas en el sumario, que instruye el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería: “Me tengo que hacer una limpieza”; “necesito empastarme dos muelas”; “tengo las muelas picadas”.
Según los investigadores, los ahora arrestados no estaban realmente preocupados por su salud bucodental. Utilizaban un código para referirse a mordidas, es decir, comisiones obtenidas por adjudicación de contratos públicos.
Chistorras
En este contexto, las chistorras y los chorizos detectados por la UCO en el caso Koldo y Santos Cerdán serían equivalentes; esos presuntos delincuentes empleaban dichos términos para referirse al dinero cobrado; en el caso de Almería, usaban dientes.
El dinero derivado de las supuestas comisiones por contratos públicos —aproximadamente un millón de euros solo en la compra de mascarillas durante la pandemia, según opiniones judiciales— habría sido lavado por los hermanos del expresidente de la Diputación.
Según lo señalado por el magistrado, ese habría sido el papel de los dos hermanos de García, un hombre y una mujer empresarios locales, que se habrían encargado, presuntamente, del blanqueo del dinero ilícito de la red.
Este lenguaje cifrado permitió conversaciones sobre comisiones que, sin la investigación de la Guardia Civil, habrían pasado como meros comentarios en un grupo de Whatsapp.
El caso de las mascarillas habría generado cerca de un millón de euros en sobrecostes, según el auto de 66 páginas. El origen del caso es el contrato de compra de mascarillas, que produjo ese supuesto beneficio, aunque luego se extendió a otros contratos públicos.
Para el juez, la implicación del expresidente de la Diputación en la red es crucial. La evidencia radica en el chat ‘Naranjito’, donde usaban términos relacionados con dientes. Su entendimiento del código secreto y la participación en esas conversaciones indicaría que estaba informado, según la valoración del magistrado.
El sumario también detalla el presunto rol de Liria, exvicepresidente de la Diputación y ya investigado en 2021 en este caso. De acuerdo con el juez, ejercía como intermediario en las comisiones, recibiendo el efectivo que posteriormente distribuía.
El auto destaca el “excesivo interés” y el “nerviosismo” del expresidente en las horas previas a la adjudicación. Los intercambios con Liria eran constantes: “¿Y lo nuestro qué? Estoy nervioso”, habría escrito García, según la UCO.
Ese comportamiento, junto con el uso notable de efectivo detectado por los agentes, suscitó sospechas de posibles maniobras de blanqueo. La justicia examina la compra de una parcela por 20.000 euros pagados totalmente en metálico y la adquisición de una vivienda familiar sin movimientos bancarios que justifiquen la operación.
El juez también observa indicios contra la hermana de García, titular de una cuenta con movimientos sospechosos que podrían estar vinculados a la operativa.
La investigación incluye además el supuesto uso de las empresas Pulconal y OYC Servicios Urbanos como sociedades pantalla para adjudicar contratos públicos fraudulentamente. Según la instrucción, varias personas actuaron como testaferros bajo órdenes del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, y su hijo.
Pulconal, en la que Liria comenzó a participar cuatro meses después de su nombramiento como vicepresidente, obtuvo 16 contratos públicos, la mayoría concedidos por la Diputación. Por su parte, OYC recibió otros 17 contratos por un total de 1,1 millones de euros.
Para el juez, la compra del material sanitario no fue un hecho aislado, sino “una oportunidad más dentro de un sistema ilícito de adjudicaciones” que se habría consolidado a lo largo de varios años.