Las facultades que la Corona confiere al jefe del Estado lo convierten en una figura esencial cuya importancia debe ser comprendida.
«El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y continuidad, actúa como árbitro y moderador del funcionamiento estable de las instituciones, representa al Estado español en el ámbito internacional, especialmente ante las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que la Constitución y las leyes le asignan expresamente». Este es el contenido del primer apartado del artículo 56 de la Constitución, que inaugura el título dedicado a la Corona. Se compone de aproximadamente diez disposiciones que establecen la hoja de ruta para el Rey Felipe VI: diez preceptos que determinan las funciones de los monarcas en España desde el 6 de diciembre de 1978. Según el catedrático de Derecho Constitucional Javier Tajadura, este texto «permanece completamente vigente».
En la semana en la que se conmemoran 50 años de la monarquía parlamentaria en España, el rol del Jefe del Estado como «símbolo de unidad y continuidad» y «árbitro y moderador» sigue siendo crucial para el adecuado funcionamiento del país. Se afirma que «el rey reina pero no gobierna», y Tajadura lo describe como un elemento esencial: «Neutral significa suprapartidista; pero no implica estar neutralizado. Un rey neutral no es un rey anulad; es un monarca que no interviene en política, aunque está presente y desempeña una función garante del sistema, porque entre quienes pretenden destruir la Constitución y quienes quieren mantenerla, no es neutral, siempre está del lado de quienes defienden la Carta Magna».
«Felipe VI no se aparta ni un ápice de la Constitución, que es el marco donde debe situarse», comenta Francisco Beltrán Adell, profesor de política comparada en IE University y director de la Red de Estudios de las Monarquías Contemporáneas REMCO. También destaca que «la función de moderador, de situarse por encima de los partidos, es necesaria, y esto se constata en estos momentos de bloqueo político».
Durante estas cinco décadas, esa capacidad moderadora para asegurar el «funcionamiento regular de las instituciones», tal como prescribe la Carta Magna, ha sido el eje del trabajo de los reyes. En España, han existido dos ocasiones en las que Juan Carlos I y posteriormente Felipe VI tuvieron que encarnar este mandato constitucional. Para Tajadura, en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, Juan Carlos I «fue quien salvó la Constitución, y eso es incuestionable». Algo similar sucedió en 2017 con Felipe VI, cuando se intentó consumar el desafío independentista. Aunque el contexto era distinto, el Rey se dirigió a la nación en un momento de bloqueo político: «El mensaje del rey fue el que impulsó al Gobierno a actuar. En ambos casos se mostró claramente la función de garante que ejercen los monarcas en el sistema español».
Frente al golpe de Estado y el desafío independentista, tanto Juan Carlos I como Felipe VI asumieron plenamente el mandato constitucional. Fueron «símbolo de unidad y continuidad», pero también «árbitro y moderador» del funcionamiento institucional. «El rey debe representar a todos, y en ese artículo se refleja su neutralidad. No puede simbolizar la unidad del Estado un presidente del Gobierno, quien ha sido elegido para un mandato temporal por una mayoría, y existe una oposición. Un presidente del Gobierno, un primer ministro, no puede cumplir ese papel simbólico de unidad; solo el Monarca está capacitado para ello». Beltrán detalla que «todo lo que hace el rey es muy sutil, pero es lo que sustenta el orden institucional».
En su discurso de proclamación, Felipe VI se definió como «un rey constitucional», heredando un texto. Su padre fue proclamado el 22 de noviembre de 1975 como sucesor de Franco, argumento recurrente entre sus detractores. Sin embargo, Tajadura puntualiza que «el rey Juan Carlos ha sido rey de dos monarquías diferentes». En su análisis, el constitucionalista recuerda que «durante tres años, hasta la entrada en vigor de la Constitución el 28 de diciembre de 1978, Juan Carlos no fue un rey constitucional, pues no existía Constitución. Fue un monarca casi absoluto; su mérito fue rechazar ser el rey del 18 de julio y permitir la democracia. En política no se valoran las intenciones sino los resultados. Y lo cierto es que instauró la democracia. Y desde 1978, con la Constitución, principal logro de la Transición, es rey constitucional».
Es importante destacar un dato incontrovertible: la Transición ha proporcionado a España el periodo más estable en los últimos dos siglos. Beltrán subraya que «la legitimidad del rey no proviene de Franco, sino de la Constitución, como representación del Estado». Añade que «los españoles deben reconocer la utilidad de la institución y comprender el papel que desempeña en la sociedad española». Uno de los episodios que ejemplifican este papel tuvo lugar en Paiporta tras la dana, cuando el Rey personificó el artículo 56 de la Constitución. Fue un momento en que encarnó la unidad. Pero también, décadas atrás, en los Juegos Olímpicos, con Don Juan Carlos presidiendo la ceremonia inaugural, representaba a todos los españoles.
Desde 1978, el artículo 56 es la norma que rige con rigurosidad el funcionamiento de la Corona: «Pocas instituciones pueden decir que no hayan sido superadas o corrompidas de alguna forma, pero la Corona cumple. La Corona es la única institución que se ha renovado plenamente», afirma Tajadura, quien añade: «Si la monarquía parlamentaria desaparece, existe un riesgo alto y cierto de que no sea reemplazada por una única república española —que habría que definir qué tipo de república sería— sino por varias».
Por ello, la neutralidad de un rey como Jefe del Estado resulta fundamental en períodos de inestabilidad y crisis institucional. «Es más necesario que nunca contar con un referente, un rey que represente a todos. Y para lograr esa unidad, el monarca debe mantener su neutralidad, algo facilitado por su condición hereditaria, ya que no existe sistema de elección ni sesgo partidista».
Actualmente, esa figura hereditaria está representada por la Princesa Leonor, quien iniciará sus estudios universitarios en septiembre tras completar la formación en las tres ramas militares. Aunque no se ha revelado su área de estudio, para Tajadura es fundamental que «comprenda el Derecho Constitucional, conozca el funcionamiento del Estado, la función constitucional de la Corona, el sistema político y el Derecho Constitucional comparado».
La Princesa Leonor se prepara para recibir la herencia familiar y para representar, en el futuro, el artículo 56 de la Constitución. Un texto que «permanece vigente» pero que debería modificarse en un aspecto: «Es necesario eliminar la discriminación de género en la sucesión», concluye Tajadura. «No es urgente, pero se volverá urgente en cuanto la princesa contraiga matrimonio». Por lo demás, 50 años después, «el estatuto constitucional de la corona sigue completamente vigente».