Pedro Sánchez ha expresado su desacuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo que impone dos años de inhabilitación al fiscal general Álvaro García Ortiz, basándose en declaraciones de periodistas reconocidos que aseguran que él no fue el origen de la filtración.
Seis periodistas de medios como El País, El Diario, La Ser y La Sexta confirmaron durante el juicio que obtuvieron la información confidencial antes que el fiscal general y se ampararon en el secreto profesional para preservar sus fuentes.
Más de 300 personas se reunieron en Madrid ante la sede del Supremo para manifestarse contra la condena, en una movilización organizada por figuras de la izquierda y liderada por Baltasar Garzón y Dolores Delgado.
El Gobierno ha puesto en marcha el proceso para designar un sucesor para García Ortiz, mientras Sánchez insinúa que el Tribunal Constitucional podría revisar la sentencia del Supremo.
El presidente Pedro Sánchez se apoyó este domingo en el testimonio de «periodistas con reconocido prestigio y amplia experiencia en información judicial» para cuestionar la sentencia del Tribunal Supremo (aún pendiente de redacción) que condena a dos años de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
En una breve intervención desde Johannesburgo (Suráfrica), en el marco de la cumbre del G20, Sánchez manifestó su «respeto» hacia la sentencia del Supremo que, «como corresponde, acatamos».
Sin embargo, aclaró que «en una sociedad democrática es posible expresar nuestra discrepancia respecto a la dirección de esta sentencia«.
Lo hizo abiertamente, reafirmando su convicción en la «inocencia» de García Ortiz, a pesar de que el Supremo le ha declarado culpable de filtrar información confidencial sobre la pareja de Ayuso.
Para fundamentar esta opinión, Sánchez se refirió a las declaraciones de «periodistas acreditados con vasta experiencia en información judicial, quienes han afirmado con claridad que [García Ortiz] no fue la fuente de las filtraciones que se le atribuyen en relación con la pareja de Ayuso».
Posteriormente, volvió a mencionar a estos profesionales como «periodistas de reconocido prestigio«, que durante la audiencia oral declararon que el fiscal general del Estado «no tiene relación alguna con los delitos imputados».
El presidente Pedro Sánchez hizo referencia a seis periodistas de El País, El Diario, La Ser y La Sexta, que en calidad de testigos en el juicio afirmaron haber conocido el contenido del correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, antes de que este llegara al fiscal general.
Uno de estos periodistas, reportero de El Diario, señaló que afronta un «dilema moral considerable«, ya que «hay una persona a quien se le solicita prisión, y yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo revelar dicha fuente».
El Tribunal Supremo, mediante su Sala Penal, publicó el jueves el fallo que impone al fiscal general una inhabilitación de dos años, aunque la sentencia completa aún no ha sido difundida (actualmente en fase de redacción).
Los cinco magistrados que suscriben la resolución (acompañada de dos votos particulares discrepantes) explicarán en detalle cómo evaluaron la credibilidad de los testimonios de estos periodistas.
Los seis profesionales se ampararon en el secreto profesional (protección reconocida por la Constitución pero todavía sin regulación legal) para no divulgar la fuente de la filtración.
En todo caso, según informó EL ESPAÑOL, la Sala condena a García Ortiz por un delito relacionado con datos confidenciales, no solo por la filtración del correo electrónico del abogado del novio de Ayuso, sino también por la divulgación de una nota de prensa que el propio fiscal general redactó parcialmente y encargó a una subordinada.
Durante su intervención de este domingo en Johannesburgo, Pedro Sánchez resumió que el Gobierno «lamenta» la condena contra el fiscal general, aunque expresó que «la respetamos y acatamos».
Asimismo, indicó que probablemente el Tribunal Constitucional, bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido, terminará revisando esta resolución.
«Existen otras instancias judiciales», afirmó frente a los medios, «donde, entiendo, se deberán dirimir ciertos aspectos controvertidos de la sentencia«.
Sánchez reconoció el «trabajo realizado por Álvaro García Ortiz», destacando que «ha sido positivo en su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado».
Además, anunció que el Gobierno ya inició el proceso para seleccionar a su reemplazo, eligiendo entre «personas con una trayectoria jurídica amplia y un conocimiento profundo en la materia».
Convocados a través de las redes sociales, más de 300 personas se reunieron este domingo frente a la sede del Tribunal Supremo en Madrid para expresar su rechazo a la condena contra el fiscal general.
Los manifestantes lanzaron consignas como «¡vergüenza!», «¡esto es política, no justicia!», «¡fascistas!» y «golpistas con toga», dirigidas a los magistrados del Supremo.
La protesta estuvo encabezada por Baltasar Garzón (inhabilitado como juez por prevaricación) y su pareja, Dolores Delgado, nombrada por Pedro Sánchez primero ministra de Justicia y luego fiscal general.
Durante la conferencia de Sumar celebrada el sábado en Madrid, la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, instaron a la izquierda a «movilizarse» y «salir» a la calle para manifestar su rechazo a la condena del fiscal general.
Urtasun enfatizó la necesidad de que la izquierda se movilice para demostrar que «en este país los Gobiernos no los deciden los togados reaccionarios«, en alusión a los jueces del Supremo, «sino que lo hace el pueblo español mediante el voto en las urnas».
Aunque sugirió que «alguien ha calculado mal esta jugada«, pues está convencido de que la condena al fiscal general generará una respuesta de indignación ciudadana a favor del Gobierno.