Para ejercer esta profesión es necesario contar con una licencia y estar regulado por el Ministerio del Interior
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Un detective privado es un profesional regulado que investiga y recopila información sobre asuntos privados para terceros, obteniendo pruebas que pueden emplearse en procedimientos judiciales o para la toma de decisiones. Para desempeñar esta profesión, es obligatorio poseer la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), otorgada por el Ministerio del Interior, conforme a la Ley 5/2014 de Seguridad Privada.
Su labor se enfoca en recopilar información para clientes particulares o empresas en ámbitos como el laboral, familiar, mercantil o de seguros. Sin embargo, un aspecto poco conocido es qué casos quedan fuera del alcance de un detective privado. Por ello, a través de un vídeo difundido en redes sociales, la Policía Nacional ha detallado el trabajo de estos profesionales y las situaciones donde no pueden actuar.
Según la Policía, su función principal es indagar sobre asuntos civiles o privados, tales como: bajas laborales fraudulentas, competencia desleal, fraudes a empresas o seguros e incluso la localización de personas. Para actuar en estos casos, siempre debe existir un interés legítimo y ajustarse a la legalidad, evitando que su trabajo incurra en irregularidades legales.
No pueden actuar
No obstante, el vídeo subraya otro ámbito donde los detectives privados no están autorizados a actuar libremente y deben informar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Cuando durante una investigación descubren un delito perseguible de oficio, como homicidios, lesiones graves o secuestros, no están autorizados para investigarlo y deben comunicarlo de inmediato a las autoridades competentes.

La Policía añade que quienes tengan interés en convertirse en detective privado pueden consultar información disponible en su sitio web. Además, recuerdan que la habilitación del personal de seguridad privada es una competencia exclusiva de la Policía Nacional.
Licencias y situación actual
Actualmente, existen algo más de 5.000 licencias emitidas por el Ministerio del Interior para ejercer como investigador privado en España, así como cerca de 1.500 agencias operando en este sector en todo el país.
Aunque la profesión cuenta con perspectivas de crecimiento futuro, dada su vinculación con medios tecnológicos, la cantidad anual de solicitudes para obtener la licencia habilitante no es muy elevada.
El proceso exige requisitos bastante rigurosos, entre ellos poseer alguna titulación específica que no se oferta en todas las universidades, como el título oficial en investigación privada o el curso de investigación privada, según indica el Ministerio en su sitio web.
Condenan a Mercadona por no permitir a una empleada cambiar el turno para cuidar de sus hijos: la empresa contrató un detective para vigilar al marido.
Esta condición es indispensable desde 2014, principalmente para afianzar la validez jurídica de estas investigaciones, prevenir el intrusismo y, por consiguiente, evitar abusos o malas prácticas en la profesión. Cabe destacar que en España no existe una cultura tan desarrollada en investigación privada como en países como Estados Unidos o Reino Unido, donde la legislación es más flexible.
La investigación privada está ganando peso en España en los últimos años, empleándose para descubrir fraudes relacionados con bajas laborales o absentismo, localizar familiares para trámites hereditarios o, cada vez con más frecuencia, identificar rápidamente a quienes están detrás de situaciones de ciberacoso.
