El consejero de Sanidad andaluz, Antonio Sanz, ha comunicado a la asociación Amama que la legislación les obliga a proporcionar los datos que posean sobre posibles casos de cáncer de mama.
Amama afirma disponer de más de 4.000 supuestos casos de mujeres no contactadas para pruebas de cribado, aunque luego redujo esta cifra a 260 casos realmente confirmados.
La Junta de Andalucía ha solicitado formalmente a Amama la entrega de esta información, advirtiendo sobre posibles consecuencias legales ante una negativa, dado que dicha negativa podría perjudicar la salud pública.
El consejero recalca que la legislación andaluza exige facilitar datos relacionados con la salud pública y que ocultar información relevante para la atención de las mujeres afectadas genera alarma social injustificada.
El consejero de Sanidad, Presidencia y Diálogo Social, Antonio Sanz, advirtió a la asociación sevillana de mujeres con cáncer de mama, Amama, que la ley les impone la obligación de entregar la información que tengan sobre posibles casos.
Así lo explicó el titular de Sanidad este lunes en el Fórum Tribuna Andalucía organizado por Nueva Economía Fórum, ante la negativa de Amama de facilitar datos concretos acerca de las más de 4.000 mujeres que la organización señaló como posibles casos de cáncer de mama no contactadas para una prueba de cribado.
Sanz aclaró que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) «ha detectado 3.217 casos» de mujeres que no fueron llamadas para ser informadas ni convocadas a la prueba correspondiente, la cual se realizará antes del 30 de noviembre.
Por su parte, Amama «declara que hay 4.000 mujeres sin atención», señaló el consejero. Por ello, la Junta ha emitido un «requerimiento» de información a la asociación, «porque si realmente hay 4.000 mujeres, la responsabilidad de no atenderlas es muy grande», además de la «alarma social» que Amama estaría generando en la opinión pública y entre las mujeres andaluzas.
No obstante, el consejero expresó su sorpresa: «la respuesta de Amama fue que no se trataba de 4.000 mujeres afectadas, sino de 4.000 llamadas. Válgame Dios, no es equivalente».
Falta de datos
Sanz comentó que no pretende generar polémica, pero recordó que Amama se ha negado a entregar al consejero, a la directora del hospital Virgen del Rocío y a un profesional médico del servicio de cribado, los datos que sí han divulgado en los medios.
En contraposición, la ley, según recordó, tanto la Ley de Salud Pública de Andalucía como la Ley de Procedimiento Administrativo de la comunidad, obliga a entregar información relacionada con salud pública.
La falta de entrega, añadió, puede implicar enfrentar consecuencias legales, ya que la normativa establece que se pueden generar «daños y perjuicios» por no comunicar información sensible vinculada a la salud propia o ajena en casos de «problemas de salud pública«, que es el caso, según Sanz.
«La ley los obliga a proporcionar los datos», subrayó el consejero. «Es por salud pública y para atender a las mujeres afectadas que no hayan sido contactadas», añadió Sanz.
«Solo afirmo que estas dos leyes no admiten subterfugios. No se puede engañar a la administración ni generar alarma», solicitó el consejero.
Ante una eventual negativa continuada de Amama, que se ampara en la protección de datos para no ceder información al SAS, ¿qué ocurrirá? «Si se niega la información, se aplicará la ley. Requeriremos toda la información», advirtió el consejero.
En cualquier caso, Sanz hizo un llamamiento a no trivializar el asunto. «¿Se puede jugar con esto? ¿Se puede ocultar esta información? También hubo acusaciones de desaparición de información sanitaria. Eso es imposible, todo queda registrado», concluyó.