El terrorismo marcó cada etapa del tránsito hacia la democracia española, desde el asesinato del alcalde de Oyarzun hasta la masacre de los abogados de Atocha. Actualmente, España contabiliza 359 asesinatos terroristas sin resolver.
Las cacerías de txakurras — término en euskera que significa perros — estallaron en diciembre de 1959. ETA inauguraba aquel lenguaje de pólvora y martirio con la intención de hacer creer que eliminar al enemigo conduciría a la redención del País Vasco. Sin embargo, esa misma creencia irracional cambiaría de portadores. En el contexto de la muerte de Franco, esa lógica tortuosa se enmascaró — incluso bajo respaldo gubernamental — para limpiar ambos lados de las fronteras impuestas por la violencia del tardofranquismo. En ese mar incierto de la recién iniciada Transición, donde se entrelazaban y confundían el anhelo de libertad, la nostalgia y el temor a perder el progreso — que ya acumulaba 44 víctimas de ETA —, se sumaron los flujos sangrientos generados por una red compleja de grupos terroristas. «La extrema izquierda comenzó a actuar antes porque tenía un adversario claro contra quién luchar. La aparición de la violencia de extrema derecha, tras la muerte de Franco, se explica porque perdió el respaldo gubernamental», explica el doctor en Humanidades por la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel Madueño.
Sólo cuatro días después de la muerte del dictador se produjo la primera víctima política. El 24 de noviembre de 1975 un desconocido disparó en el pecho a Antonio Echevarría, alcalde de Oyarzun (Guipúzcoa), en su domicilio. Este asesinato, perpetrado por ETA, constituyó una declaración de intenciones que dio paso a una cadena prolongada que terminaría con la muerte de 41 políticos. La violencia a lo largo de los siete años de la Transición causó 591 fallecidos, víctimas de la extrema derecha, extrema izquierda, la guerra sucia y la represión.
La coyuntura de ese periodo, cargado de esperanzas en el despertar de una España inédita y del sueño de otros por el inmovilismo previo, desembocó en un caos político. Según explica Madueño, la Transición «no llegó por igual ni simultáneamente» a todos los aspectos de la vida española. Bajo la sombra del inmovilismo imperante durante Franco, sobrevivieron enclaves anquilosados de poder que, al ser incapaces de aceptar el cambio, se dedicaron a sabotearlo. Surgieron «grupúsculos instrumentalizados», como los Guerrilleros de Cristo Rey, cuya finalidad era «desestabilizar» cualquier intento de transformación. Con una estrategia poco clara, sin liderazgo definido y escasamente organizados, su repertorio de «violencia callejera» — agresiones, intimidaciones y quema de locales — parecía más espontáneo que planificado, aunque igual dejó tres muertos.
No obstante, la extrema derecha, demostrando que la mezcla de odio y fe política no era exclusiva del independentismo vasco, gestó otra forma violenta: el terrorismo vigilante. Como reacción y reflejo, ante la escasa eficacia policial para investigar, individuos de extrema derecha y otros que juraban defender a España se agrupaban bajo siglas — Batallón Vasco Español (BVE), Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A), Antiterrorismo ETA (ATE), Acción Nacional Española (ANE), Grupos Antiterroristas ETA (GAE), entre otros — para llevar a cabo acciones delictivas principalmente contra simpatizantes o miembros de ETA. Su objetivo, pronto, se amplió ya que, así como para ETA los txakurras eran cualquier español, para estos grupos las ratas terminaban siendo cualquier ciudadano. «Aunque podían haber tenido vínculos con la policía, eran grupos al margen de cualquier apoyo oficial», señala Madueño, «tenían un propósito claro: ‘vigilar’ al terrorista con las mismas armas que ellos usaban». Secuestraron, violaron, torturaron y ejecutaron a personas sin afiliación política alguna, como María José Bravo del Barrio, de 16 años, o Ane Tere Barrueta, de 17. La extrema derecha dejó 62 víctimas en siete años.
Mientras la extrema derecha agitaba su propio vendaval, en el extremo opuesto del espectro político se acumulaba más conflicto. En el verano de 1975, el Grapo irrumpió en escena para, como declararía su exmiembro Pío Moa años después, «asestar un martillazo en la bisagra entre la dictadura y la democracia». Su aspiración a una revolución total los convirtió, tras ETA, en la banda terrorista española más letal con 93 víctimas y al menos tres secuestros. Uno de estos, conocido como Operación Cromo, marcó un hito. En diciembre de 1976 tomaron como rehenes a Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado, y a Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, exigiendo la liberación de presos antifranquistas. Aunque en 2006 la Guardia Civil detuvo a los últimos integrantes de la organización, el GRAPO nunca ha comunicado oficialmente su disolución.
Los puntos marcados en el mapa del terror español no cesaban de aparecer. Algunos nombres para la trágica historia: el California 47, con 9 muertos y más de 60 heridos; la matanza de Atocha; la cafetería Rolando… Cada atentado dejaba tras de sí un silencio doloroso que aún parece resonar. Sin embargo, a este escenario subversivo y violento le faltaba un último actor, uno que no emanaba ni de la ideología ni de la violencia callejera sino del propio aparato estatal: la guerra sucia contra ETA, la violencia revestida de legalidad ejecutada por los GAL. Una «forma errónea de combatir el terrorismo desde una democracia», reflexiona Madueño, que entre 1983 y 1987 causó 27 víctimas mortales, muchas en territorio francés. La violencia estatal complicó aún más el derecho a la verdad de las familias de víctimas del terrorismo. No solo porque, mediante sus acciones — secuestros, asesinatos y torturas —, murieron etarras y también inocentes sin relación con ETA antes de ser juzgados o de revelar información sobre otros crímenes, sino porque el secretismo y la clandestinidad convirtieron cada caso en un enigma. La implicación del Estado y de fuerzas parapoliciales en esta mezcla de terror dificultó la justicia para los fallecidos y negó a las familias la posibilidad de apaciguar su dolor.
Tras el retumbo de carpetazos a casos, el rugido del motor de la furgoneta que trasladaba a presos de ETA al País Vasco, los chivatazos y las amenazas, quedó el silencio en muchos hogares. Así ocurrió con 379 familias marcadas por asesinatos sin resolver, o con otras 188 heridas por la violencia parapolicial sin rostro.
Dentro de tanto vacío, hay una desazón mayor: la de aquellos que jamás encontraron el cuerpo de sus seres queridos. Tal es el caso de la familia de Coral Rodríguez Fouz. Era marzo de 1973. La censura aún imperaba y los más curiosos y cinéfilos cruzaban la frontera para ver estrenos. José Humberto Fouz, de 29 años, Jorge Juan García, de 23 y Fernando Quiroga, de 25, habían llegado a Irún para trabajar. Aquel sábado 24 de marzo se subieron al Morris Austin 1300 Victoria blanco de Humberto para desplazarse hasta San Juan de Luz y ver El último tango en París. A la vuelta, quizá por la euforia tras la película de Bertolucci o la energía juvenil de una noche de sábado, decidieron detenerse en una discoteca llamada La Lycorne.
Allí estaban El Hueso (Tomás Pérez Revilla), escoltado por El Casero (Manuel Murúa Alberdi), El Ruso (Ceferino Arévalo Imaz) y Basacarte (Jesús de la Fuente Iruretagoyena). Nadie sabe con certeza qué sucedió exactamente. Lo único claro es que los gallegos desaparecieron y que aquel Austin con matrícula de La Coruña (C-2143 B) circuló por el sur de Francia y, tras un cambio de matrícula, cruzó la frontera. El vehículo nunca apareció, y por coincidencia era el mismo modelo y color que un coche que, ocho meses después, el 20 de diciembre, fue abandonado en doble fila en la calle Claudio Coello de Madrid, el día en que una explosión destruyó el vehículo de Carrero Blanco.
El expediente llegó años después a manos de la sobrina de Humberto: Coral. Contenía unas escasas 142 páginas, llenas de recortes de prensa, que casi todas terminaban, como ella recuerda, con un indefinido «no ha lugar». Tres palabras carentes de alma para cerrar cualquier investigación. El caso no se reabrió hasta 2005, como Coral relata a EL MUNDO. El juez García Castellón la llamó el 8 de noviembre para comunicarle la noticia. Nueve días después, se confirmó la reapertura y su traslado a la Audiencia Nacional donde, un año después, el juez Andreu lo archivó.
Durante todas estas décadas, Coral y su familia han buscado alguna pista que conduzca hasta un cuerpo al que llorar. Ella nunca renunció a esta búsqueda. Envió cartas a etarras y hasta escribió al propio Murúa, aunque nunca obtuvo respuesta. Estaba dispuesta a confrontarles para obtener el menor indicio que señalara el lugar donde se encontraban su tío y sus amigos. Pero los etarras jamás cedieron a sus solicitudes, que sólo pretendían, según sus palabras, «un poco de humanidad». Lo sucedido realmente con Humberto, Jorge y Fernando sólo lo saben los cuatro etarras implicados, dos de los cuales ya han fallecido: Pérez Revilla — a manos del GAL — y Murúa.
El caso también expone un aspecto incómodo. ETA no solo era un grupo armado que actuaba bajo la improvisación, sino una organización con jerarquía, disciplina y, sobre todo, un instinto casi diplomático para no dañar a sus posibles satélites naturales: el Exército Guerrilheiro do Pobo Galego, Terra Lliure y otros movimientos similares. Admitir la responsabilidad del asesinato de unos compatriotas gallegos y trabajadores habría significado una torpeza capaz de fracturar las solidaridades periféricas. El propio etarra Soares Gamboa, jefe del comando Madrid, señaló años después en Agur ETA: «El caso de los gallegos es una de las grandes cuentas pendientes» de la organización.
La Transición no fue un camino tranquilo. Constituyó un proceso político atravesado por una gran violencia, que logró sobrevivir, pero a costa de profundas heridas para muchas personas. En demasiados casos no se cumplió la justicia, y la democracia no supo llenar el vacío dejado por pistolas y bombas en cientos de víctimas, con quienes la sociedad española aún mantiene una deuda pendiente. B