La Audiencia Nacional da comienzo al juicio contra Jordi Pujol, para quien la Fiscalía solicita una condena de nueve años de prisión por blanqueo de capitales y delito fiscal, a pesar de su delicado estado de salud y avanzada edad.
Además, se encuentran acusados los siete hijos de Pujol y la exesposa de su hijo mayor, enfrentándose a penas que oscilan entre ocho y 29 años por cargos de organización criminal, blanqueo y fraude fiscal.
Según sostiene la Fiscalía, la familia Pujol habría escondido grandes sumas de dinero en cuentas en Andorra, procedentes de favores a empresarios que conseguían contratos públicos durante la etapa del pujolismo.
El juicio, que cuenta con 254 testigos convocados, se presenta como un proceso que examina toda una época, investigando la presunta red de enriquecimiento familiar vinculada a la política catalana.
El proceso judicial del caso Pujol es, sin duda, el juicio a una época que resulta esencial para comprender completamente la historia reciente de España: la era Pujol, el pujolismo.
Este lunes, la Audiencia Nacional inicia la vista oral, con la incógnita de si la Sección Primera de la Sala de lo Penal decidirá si Jordi Pujol i Soley, de 95 años y afectado por un grave deterioro físico y mental, será juzgado o no.
Tras su comparecencia al inicio del juicio, vía videoconferencia, el tribunal tomará una decisión respecto al expresidente catalán, para quien la Fiscalía Anticorrupción exige nueve años de prisión.
También enfrentan cargos sus siete hijos y la exesposa de su primogénito. Marta Ferrusola, esposa del exdirigente, fue excluida del proceso en 2021 debido a una demencia severa confirmada por informes médicos forenses y falleció en 2024.
La defensa de Pujol considera que el expresidente debería recibir el mismo tratamiento.
La Fiscalía sostiene que la familia, el clan Pujol, operó como una organización criminal cuando su apellido llegó a ser prácticamente sinónimo de Cataluña.
Según el escrito acusatorio de Anticorrupción, que supera las 200 páginas, sus integrantes «actuando conjuntamente», ocultaron desde al menos 1991 una «importante suma de dinero» en Andorra.
Estos fondos serían «resultado del favorecimiento a ciertos empresarios para que obtuvieran contratos públicos de la Administración catalana».
El Ministerio Público acusa a Pujol y a sus hijos de presuntos delitos relacionados con organización criminal y blanqueo de dinero.
El hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, enfrenta la pena más grave solicitada: un total de 29 años de prisión.
Para Anticorrupción, el expresidente «aprovechó su influencia política« para crear una red clientelar mediante la cual tanto Pujol i Soley como unos empresarios vinculados a Convergencia Democrática de Catalunya repartían los considerables beneficios de concursos públicos cuya adjudicación dependía de las Administraciones catalanas bajo el control de dicho partido.
Esos recursos, presuntamente obtenidos de forma ilícita, fueron ocultados a Hacienda y posteriormente blanqueados mediante operaciones en las que habrían participado coordinadamente todos los familiares durante numerosos años, según Anticorrupción.
El escrito de acusación detalla que Pujol Ferrusola se encargó de administrar esos fondos, mientras que sus hermanos (Marta, Josep, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer) enfrentan penas que van de ocho a catorce años de prisión.
Asimismo, Mercè Gironès, exesposa del primogénito, se enfrenta a una petición de 17 años de cárcel por su presunta participación clave en el entramado económico y operaciones de blanqueo, según Anticorrupción.
Como es habitual en juicios que abordan un periodo histórico, se espera que el proceso sea extenso, prolongándose hasta la primavera de 2026. Se han citado a 254 testigos, entre ellos políticos, exdirectivos bancarios y agentes de policía.
Este caso llega más de diez años después de que Jordi Pujol confesara públicamente sobre la existencia de capitales ocultos en el extranjero, hecho que desencadenó investigaciones más amplias contra toda su familia.
En 2014, el patriarca argumentó que esos fondos provenían de una herencia recibida de su padre, Florenci Pujol i Brugat, un banquero vinculado a la burguesía catalana que falleció en 1980.
Los Pujol están imputados por asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad documental y delitos fiscales.