El ex juez calificó la condena como «injusta» y «arbitraria», además criticó que el Alto Tribunal adelantara el fallo sin revelar públicamente los motivos legales.
Alrededor de mil personas se concentraron este domingo frente a la sede del Tribunal Supremo para manifestar su rechazo a la condena dictada contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un acto convocado por múltiples colectivos sociales y sindicatos.
Los presentes, entre gritos de «vergüenza», «golpistas con toga» y «esto es política, no justicia», criticaron la resolución del alto tribunal, que el jueves anterior anunció la pena contra García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados, vinculado a la filtración de un correo electrónico que reconocía un fraude fiscal cometido por la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Aunque el fallo todavía no ha sido redactado, el Supremo adelantó que la sanción consistirá en dos años deinhabilitación y una multa de 7.200 euros.
En la protesta participaron la ex fiscal del Estado Dolores Delgado y el ex juez Baltasar Garzón, quien también fue sentenciado por el Supremo a once años de inhabilitación por prevaricación en el caso Gürtel. En declaraciones para EFE, Garzón calificó el fallo como «injusto» y «arbitrario», y criticó que se haya publicado la condena sin que se conozcan los fundamentos jurídicos, algo que, afirmó, representa una «revictimización» del fiscal y genera «inquietud» en el sistema democrático.
Según su opinión, esta sentencia no ayuda a fortalecer la confianza de la ciudadanía en la justicia, dado que la población espera un sistema «transparente, justo y comprensible», algo que, en su opinión, no se ha cumplido en este proceso.
Durante la concentración se leyó un texto elaborado por participantes anónimos, «personas comunes, demócratas», «sin siglas ni banderas», en respaldo a García Ortiz. En el texto se manifestó preocupación por la posible vulneración de la presunción de inocencia y por el hecho de que algunas declaraciones de testigos clave para la defensa no habrían sido debidamente valoradas.
El manifiesto fue leído por Javier Álvarez, uno de los asistentes, quien señaló que, aunque considera que la justicia española funciona «con relativa normalidad» y dentro de un marco democrático «estable», en esta ocasión el Tribunal Supremo actuó «con una clara intención política».