Un informe del Consejo Asesor de Vivienda de la UE, elaborado por un grupo de expertos a petición de la Comisión, solicita una revisión profunda de las políticas públicas y de la regulación del mercado
El debate sobre el futuro de la vivienda en Europa se intensifica progresivamente. Este jueves, la Comisión Europea recibió un detallado informe del Consejo Asesor de Vivienda de la Unión Europea, en el que se demanda un cambio radical en las políticas públicas y en la regulación del mercado. Este documento, elaborado por un panel independiente de 27 expertos, urge, entre otras medidas, a considerar la vivienda como una “infraestructura social y económica fundamental” y no como un activo para la especulación financiera.
Además, el estudio propone un nuevo marco de intervención que va desde un mayor control sobre los alquileres turísticos de corta duración hasta la imposición de una contribución obligatoria por parte de las grandes plataformas del sector, como Airbnb o Booking, destinada a crear un fondo europeo contra el sinhogarismo.
La vivienda como infraestructura social y no como activo especulativo
El informe, solicitado por la propia Comisión, expone un diagnóstico claro: el incremento de precios en muchas ciudades europeas, la pérdida del parque de alquiler asequible y la presión del turismo han generado una crisis estructural que no puede solucionarse únicamente con un aumento de la oferta privada o con la desregulación urbanística.
“Es imprescindible un cambio de paradigma que permita considerar la vivienda como una infraestructura social y económica esencial, y desincentivar su ‘financiación’ como un activo especulativo en lugar de como un hogar a largo plazo”, sostiene el informe presentado a Bruselas. Asimismo, los expertos incluyen 75 recomendaciones que cubren casi todas las áreas de la política de vivienda, desde la tributación hasta la planificación urbana.
Una de las sugerencias clave es revisar la normativa que regula las ayudas estatales, para que los gobiernos puedan destinar más fondos a construir o comprar vivienda social sin que ello infrinja limitaciones comunitarias. El texto sostiene que la inversión pública en este campo debe incrementarse y orientarse a objetivos a largo plazo, incorporando opciones alternativas como el alquiler a precio de coste, en el cual las rentas cubran los gastos reales de construcción, rehabilitación y mantenimiento, con márgenes restringidos.
Del mismo modo, el informe recalca que gran parte de los problemas actuales se deben a la falta de un marco estable y coherente. Desde una fiscalidad que favorece los usos especulativos hasta la carencia de incentivos para mantener las viviendas vacías en condiciones adecuadas. Para los autores, revertir estas tendencias requiere combinar reformas regulatorias, nuevas inversiones y una estrategia conjunta entre todos los Estados miembros.
El foco sobre los pisos turísticos
Uno de los aspectos donde el informe muestra mayor claridad es respecto a los alquileres turísticos de corta duración. El Consejo considera que, en numerosas ciudades europeas, la expansión de estas modalidades, facilitada por plataformas como Airbnb, Booking, Vrbo o HomeToGo, ha reducido la oferta de viviendas para alquiler residencial y ha provocado aumentos en los precios.
“La Comisión Europea debería respaldar a los Estados miembros en la regulación del alquiler de corta duración mediante sistemas de permisos, zonificación y mecanismos de seguimiento”, señala el documento.
Igualmente, los especialistas exigen que la supervisión de estas actividades sea obligatoria, que las plataformas proporcionen datos completos y respondan por anuncios que incumplan las normativas locales. “Las regulaciones actuales sobre alquileres de corta duración se basan en la autodeclaración (…). La regulación debe ser obligatoria (…). La recopilación de datos debe cubrir todos los alquileres gestionados vía plataformas”, enfatizan, destacando que estas compañías “pagan pocos o ningún impuesto” en numerosos países.
Más allá del control administrativo, los expertos plantean intervenciones más rigurosas en zonas tensionadas, como restricciones a nuevos registros turísticos, compra pública prioritaria de viviendas o la planificación urbana para destinar parte del terreno a uso residencial permanente.
Una tasa social, rehabilitación y transición verde
Otra de las propuestas más innovadoras del informe es la creación de un fondo europeo específicamente enfocado en combatir el sinhogarismo y la exclusión residencial. Este mecanismo se financiaría mediante una “contribución solidaria” obligatoria de las plataformas de alquiler turístico, cuyos ingresos se han beneficiado del crecimiento de esta modalidad. Los expertos consideran que esta tasa permitiría generar recursos estables para políticas de inclusión, alojamiento temporal y programas destinados a reducir la pobreza habitacional.
El estudio también dedica una sección considerable a la necesidad de mejorar la planificación urbana y fomentar la rehabilitación de edificios desocupados, en lugar de basar el crecimiento residencial en nuevos desarrollos extensivos. Los autores advierten sobre el riesgo de confiar en la desregulación como método para acelerar la construcción. “La construcción de vivienda no mejora con la desregulación urbanística, sino con una planificación más eficaz”, concluyen.
Entre las recomendaciones figura impulsar técnicas constructivas más rápidas y sostenibles, como los módulos prefabricados, y alinear todas las políticas de vivienda con la transición ecológica, incorporando eficiencia energética, reducción de emisiones y adaptación al cambio climático.
La Comisión prepara su plan
El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, reconoció que este análisis respalda la intención del Ejecutivo comunitario de presentar a finales de año un paquete legislativo enfocado en vivienda asequible.
Según sus palabras, el informe es de “alta calidad” y contribuye a definir una estrategia capaz de “proporcionar alivio, dignidad y oportunidades a los ciudadanos en toda Europa”. Asimismo, transmitió un mensaje que sintetiza el espíritu del documento: “Demasiadas personas están sufriendo esta crisis: es momento de actuar”.
*Con información de EFE.