La manifestación organizada por Jupol y Jucil ante el Congreso ha denunciado además «la precariedad material» y el «abandono institucional».
El sindicato policial Jupol y la asociación de la Guardia Civil Jucil se concentraron este miércoles frente al Ministerio del Interior para denunciar «el aumento de la violencia» contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como el «abandono institucional» y la falta de recursos que «dejan indefensos» a sus miembros.
Así lo expresaron alrededor de un centenar de policías y guardias civiles frente a la sede de Interior. A ritmo de silbatos y sirenas, culparon al ministro Fernando Grande-Marlaska por la precariedad material y la falta de protección que sufren.
Durante la protesta, iniciada a las 12:00 horas, representantes de Jupol y Jucil volvieron a exigir la dimisión de Marlaska, haciendo hincapié en el incremento de la violencia contra los agentes, especialmente tras la agresión del pasado 10 de noviembre en Vinalesa (Valencia) a un policía nacional fuera de servicio, quien permanece gravemente herido.
La portavoz de Jucil, Milagros Cívico, recordó que el número de agresiones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado alcanzó casi 17.000 en 2024, representando un aumento del 18 % respecto al año anterior. «Nuestra demanda principal es el reconocimiento de la profesión de riesgo, una medida justa que debe ir acompañada de la recuperación del principio de autoridad mediante el endurecimiento de las penas», señaló. También criticó el estado del material con el que operan y calificó de «obsoletas» las embarcaciones empleadas por la Benemérita.
Además, la portavoz de Jucil solicitó la solución al déficit de personal para garantizar la seguridad ciudadana, ya que la Guardia Civil cuenta actualmente con más de 17.000 vacantes.
«La situación es completamente insostenible. Carecemos de medios y protección jurídica», afirmó el portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, quien también resaltó la petición del cuerpo para un endurecimiento legal que permita combatir eficazmente el narcotráfico. «Estamos ante un evidente deterioro del principio de autoridad. Los delincuentes actúan con sensación de impunidad, mientras el Ministerio del Interior niega esta realidad. Cada agresión a un agente constituye un ataque a la seguridad de toda la sociedad», añadió Ibón Domínguez.
Estas organizaciones reiteraron su denuncia por la «precariedad material» con la que trabajan miles de agentes en todo el territorio: «chalecos antibalas caducados o compartidos, ausencia de escudos y cascos balísticos en unidades de riesgo, vehículos sin blindaje y equipamiento totalmente obsoleto para enfrentarse a delincuentes cada vez mejor armados».
En su declaración final, los sindicatos reclamaron al Gobierno la implementación inmediata de un paquete de recursos «fundamentales» para evitar el colapso operativo de los cuerpos policiales. Entre sus principales exigencias destacan el endurecimiento de las penas por agresiones a agentes de la autoridad y la provisión individual y obligatoria de chalecos antibalas para todo el personal de policía nacional y Guardia Civil.
La protesta tuvo lugar simultáneamente con la comparecencia de Marlaska en la sesión de control en el Congreso, donde defendió que los agentes cuentan con el respaldo total del Ministerio y afirmó que «España es un referente en la Unión Europea» en cuanto a medidas contra el narcotráfico. Marlaska también señaló que ya están trabajando para adelantar la edad de jubilación de los agentes, aunque aclaró que «la profesión de riesgo no está reconocida en el ordenamiento jurídico».