La UCO ha presentado evidencias que relacionan a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, exlíderes del PSOE, con una red de corrupción en el Ministerio de Transportes, que incluye manipulación de contratos y cobro de comisiones ilegales.
Esta red operaba mediante un sistema de reparto fijo del 2% de comisiones por la adjudicación de obras públicas, involucrando empresas como Acciona y Servinabar, y favoreciendo a familiares y allegados de los implicados.
Se utilizaron pagos en efectivo y contratos ficticios para canalizar las comisiones, habiéndose destinado parte de esos fondos a gastos personales y familiares de Cerdán, según indican los informes de la Guardia Civil.
El juez del Supremo ha pedido a la Audiencia Nacional indagar sobre los pagos en efectivo y la posible existencia de una contabilidad B dentro del PSOE, mientras continúan las pesquisas sobre otras ramificaciones de la red en diferentes organismos y empresas.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) culmina en su último informe las evidencias sobre la corrupción de los dos principales colaboradores de Pedro Sánchez: José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
El documento presentado ante el juez Leopoldo Puente, que hasta este martes permanecía secreto, resulta concluyente. Aporta indicios sólidos de corrupción sistemática en el Ministerio de Transportes, en el Gobierno y en el PSOE.
Un ministerio convertido en el epicentro de la red, que adjudicaba contratos fraudulentamente a empresas que luego entregaban millonarias sumas a los líderes del PSOE.
Una red corrupta con alcance nacional -desde Navarra y País Vasco hasta Andalucía, incluyendo Cataluña y Comunidad Valenciana-, con intención de extenderse internacionalmente, desde Marruecos hasta Gabón.
Con la complicidad de funcionarios en Adif, Carreteras y gobiernos autonómicos.
Amantes y familiares también obtenían beneficios derivados de la red: esposas, hermanos, cuñados…
Reuniones en Ferraz, la sede central del PSOE, para sellar acuerdos.
Y estableciendo una cuota fija – del 2% – semejante a la de una mafia, por cada operación.
El informe final de la UCO muestra cómo Santos Cerdán recibió pagos a través de la constructora Servinabar vinculados a adjudicaciones conseguidas junto con Acciona.
Estas evidencias se suman a las ya aportadas en informes previos contra José Luis Ábalos, ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE hasta julio de 2021.
Cerdán y Ábalos lideraban dos redes conectadas por Koldo García Izaguirre. La Guardia Civil detalla el modus operandi de una organización para tráfico de influencias y manipulación de contratos que data de hace 10 años.
De los cuatro candidatos en el Peugeot en las primarias del PSOE de 2017, tres (Cerdán, Ábalos y Koldo) enfrentan juicio y posible prisión tras las pruebas aportadas por la UCO. El cuarto, Sánchez, escaló a la Secretaría General del PSOE y posteriormente a la Presidencia del Gobierno.
La red en Navarra, liderada por Cerdán, comenzó con el proyecto Mina Muga junto a Antxon Alonso. Su socio en Servinabar fue fundamental para obtener el apoyo del PNV y Bildu en la moción de censura contra Mariano Rajoy.
Eso permitió que la red se expandiese hasta el Ministerio de Transportes, especialmente con la llegada de Sánchez a La Moncloa en 2018, con Ábalos como superministro y figura clave en el PSOE.
Ábalos, con su asesor Koldo García como ejecutor, intentó ampliar los negocios creando una nueva red con el empresario Víctor de Aldama.
La UCO confirma que Ábalos, con el poder político entre 2018 y 2021, manipulaba contratos de obra pública en su ministerio, mientras que Cerdán cobraba de Servinabar y Acciona para luego repartir fondos.
Redes y subredes en el círculo más cercano a Pedro Sánchez que pactaban secretamente respetar cuotas entre regiones.
El norte, con Navarra y País Vasco, correspondía a Cerdán. El sur y el Mediterráneo a Ábalos, con constructoras como Levantina y Obras Públicas y Regadíos (OPR), además de la sevillana Azvi, según testimonios de Aldama, quien contrató a Koldo García como asesor a razón de 6.000 euros mensuales.
Todas estas redes convergían en el Ministerio de Transportes, que posee la mayor asignación presupuestaria para obras públicas. Además, EL ESPAÑOL reveló que el actual secretario de Estado Antonio Hernando lideraba junto al exministro de Fomento José Blanco una red para conseguir contratos para el Grupo Puentes.
Pagos a Cerdán
En el último informe entregado al Tribunal Supremo, la Guardia Civil confirma que Cerdán era el «intermediario» entre el Ministerio de Transportes y Acciona, ya sea «de forma directa con sus ejecutivos o a través de Antxon Alonso y Servinabar».
El informe, presentado el 11 de noviembre, indica que, según Koldo, «se habría generado una deuda con Ábalos y con este mismo» que debía «pagarse a través de Santos Cerdán».
La Guardia Civil calcula que la deuda de Cerdán, como cabeza de la red navarra asociado a Acciona, supera 1.070.000 euros.
Más de la mitad, 550.000 euros, debía abonarse a Ábalos y Koldo por dos licitaciones de Adif en Murcia adjudicadas a Acciona.
Esa misma constructora consiguió tres contratos de la Dirección General de Carreteras en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), por los cuales, a través de Cerdán, debía abonar 450.000 euros a Ábalos y Koldo.
Los 70.000 euros restantes que Cerdán debía a Ábalos y Koldo estarían vinculados a un local cuya naturaleza exacta la UCO no ha podido precisar.
Para asegurar estas adjudicaciones, la investigación señala que Cerdán, Ábalos y Koldo contaban con la colaboración de dos personas clave: Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif, y Javier Herrero, director general de Carreteras. Ambos están también bajo investigación.
El beneficio para Santos Cerdán, según la investigación, era el 2% del importe neto de las obras adjudicadas a Acciona, cantidad asignada a Servinabar.
Este informe confirma que Cerdán era en realidad propietario del 45% de Servinabar, según una escritura privada hallada en el domicilio de su socio Antxon Alonso durante los registros.
La UCO concluye que el 75% de los ingresos de Servinabar provinieron de Uniones Temporales de Empresas (UTE) con Acciona, siendo esta la principal fuente de ingresos.
Las pruebas recabadas también revelan que Servinabar pagó el alquiler del ático donde vivió Cerdán mientras fue secretario de Organización y diputado en el Congreso.
En total, los investigadores detectaron transferencias por 44.645,26 euros, equivalentes a quince mensualidades, en concepto de alquiler por la vivienda situada en la calle Hilarión Eslava, Madrid.
Esta residencia fue habitada por Cerdán y su familia desde junio de 2018 hasta julio de 2025, fecha en que el excolaborador de Pedro Sánchez fue encarcelado provisionalmente.
Antes, Servinabar había pagado 7.200 euros por el alquiler de un inmueble entre noviembre de 2017 y julio de 2018, donde residió Cerdán tras mudarse a Madrid.
Cerdán también percibió las comisiones a través de pagos realizados por Servinabar a miembros de su familia, utilizando para ello las cooperativas Noran y Erkolan.
Su esposa, Francisca Muñoz, conocida como Paqui, fue contratada sin que conste actividad laboral entre marzo y julio de 2018, cobrando un total de 9.500 euros.
Paqui Muñoz formaba parte de la cooperativa Noran, fundada por el constructor Antxon Alonso junto con Koldo García. La esposa del exnúmero tres del PSOE poseía el 25% de las participaciones, aportando 600 euros en 2018.
Belén Cerdán, hermana de Santos, recibió 22.324 euros procedentes de Servinabar entre febrero y junio de 2020. Posteriormente fue contratada por la cooperativa Erkolan y percibió 367.290 euros hasta al menos mayo de 2025.
El cuñado, Antonio Muñoz, trabajó desde septiembre de 2019 hasta diciembre de 2022, cobrando un total de 53.130 euros.
Según los informes de la UCO, Santos Cerdán y su familia gastaron 33.574 euros mediante una tarjeta de crédito vinculada a Servinabar.
El exnúmero tres del PSOE realizó movimientos en la cuenta de esta constructora entre el 20 de diciembre de 2021 y el 19 de febrero de 2024.
Cerdán dejó de usar dicha tarjeta cuando explotó el caso Koldo el 20 de febrero de 2024, coincididiendo con la detención del exasesor de José Luis Ábalos.
Entre los gastos cubiertos por Servinabar para Santos Cerdán figuran 49 cargos en el Restaurante Sazadón, ubicado a «170 metros a pie» de la residencia del entonces secretario de Organización del PSOE.
También incluyeron pagos para viajes de Cerdán y su familia, como uno a Ibiza en agosto de 2022 y otro a Tenerife en 2023.
Estas nuevas evidencias sobre Cerdán y su vinculación a Servinabar y Acciona se suman a las ya aportadas anteriormente que corroboran, según la UCO, una corrupción sistémica.
Los sobres del PSOE
Recientemente, el juez del Supremo Leopoldo Puente solicitó a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en efectivo del PSOE a Ábalos y Koldo.
Considera que la documentación presentada por el PSOE «no aclara» posibles ingresos en efectivo no reflejados en la contabilidad oficial, lo que podría ser «irregular» y hasta «delictivo».
Como publicó EL ESPAÑOL en exclusiva, nueve documentos inéditos de pagos no declarados y anticipos sin justificación indican que el PSOE manejaba una contabilidad paralela.
Las cuentas del PSOE difundidas por este medio muestran que Koldo recibió al menos 7.088 euros más de lo certificado por Ferraz en 2017 y 2018.
Además, la Audiencia Nacional investigará la declaración realizada en el Tribunal Supremo por Carmen Pano.
Esta empresaria testificó el 25 de febrero que entregó en la sede del PSOE 45.000 euros en efectivo en dos ocasiones durante octubre de 2020 por orden de Aldama.
Mascarillas y enchufes
La corrupción en el Gobierno está a punto de sentarse en el banquillo. El 3 de noviembre, el magistrado del Supremo propuso juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama por los sobornos vinculados a los contratos de mascarillas.
En este proceso también se juzgarán los nombramientos irregulares de Jésica Rodríguez, ex pareja de Ábalos, y Claudia Montes, miss Asturias, en las empresas públicas Ineco, Logirail y Tragsatec.
El juez afirmó que Ábalos, Koldo y Aldama formaban parte de una organización criminal destinada a cometer delitos «a medida que surgían oportunidades».
Ábalos, mano derecha de Sánchez, está acusado de presunta pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
Según el magistrado, las gestiones efectuadas por Ábalos y Koldo facilitaron «la obtención» de «beneficios para Aldama», quien, a su vez, retribuyó económicamente a Ábalos y Koldo como compensación.
La trama de Ábalos
En una pieza separada, donde también está involucrado Cerdán, se indagan las manipulaciones de contratos públicos a cambio de comisiones para Ábalos y Koldo durante su etapa en el Ministerio de Transportes.
Fuera de la red encabezada por Cerdán, Ábalos y Koldo habrían preadjudicado contratos a constructoras Levantina y OPR. Los dueños de estas empresas –José Ruz en la primera y los hermanos Fernández Menéndez en la segunda- están igualmente bajo investigación.
OPR pertenece a Daniel Fernández, cuyo hermano Antonio fue asesor del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.
Esta constructora obtuvo adjudicaciones en Adif y la Dirección General de Carreteras que, según conversaciones intervenidas, habrían sido amañadas por Ábalos y Koldo.
Por su parte, hay múltiples evidencias en los informes de la UCO que indican que Levantina efectuó pagos al exministro y a su exasesor a cambio de adjudicaciones y gestiones en el Ministerio de Transportes.
La UCO documentó en uno de sus informes que el empresario José Ruz abonó una nómina mensual de 2.600 euros a Koldo García, de la cual también se beneficiaba Ábalos.
Estos pagos se canalizaban como supuesta «pensión» para ambos, a través de una empresa interpuesta, desde diciembre de 2022 hasta junio de 2023.
Un oficio de la UCO señala que, tras dejar sus cargos oficiales, Ábalos y Koldo continuaban recibiendo pagos periódicos de Levantina mediante contratos laborales simulados.
El empresario Víctor de Aldama declaró en el Supremo que Levantina pagó comisiones a Ábalos y Koldo, de las cuales también él recibió un porcentaje como intermediario.
Aldama afirmó que recibió transferencias directas de Levantina, especificamente 50.000 euros al presentarse a un concurso y 20.000 euros adicionales tras obtener la máxima puntuación en la adjudicación.
Asimismo, explicó que su función era actuar como «valija», entregando el dinero a los destinatarios finales, principalmente Koldo García y José Luis Ábalos.
Según Aldama, la red de Ábalos cobraba «entre un 1% y un 1,5%» del importe del contrato adjudicado como comisión, cifra ligeramente inferior al 2% que recibía Cerdán de Servinabar y Acciona por adjudicaciones.
Hernando, Blanco y Puentes
Finalmente, EL ESPAÑOL ha revelado que Antonio Hernando y José Blanco lideraban una red en Transportes para obtener contratos para la constructora gallega Grupo Puentes.
El móvil incautado por la UCO a Koldo García contiene conversaciones con el presidente de la constructora y los dirigentes de la consultora Acento, fundada por el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones y por el que fuera secretario de Organización del PSOE y ministro con José Luis Rodríguez Zapatero.
Fuentes del caso indicaron a EL ESPAÑOL que existen grabaciones que implican al lobby cercano al Gobierno y a la empresa participada por China en una red de influencias en el Ministerio de Transportes.
La investigación de este periódico también ha confirmado múltiples reuniones en la agenda de Koldo García con Pepe Blanco, José Manuel Otero y Miguel Duch, enlace con China para Acento, quien fue investigado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por sus vínculos con los servicios secretos pekineses.
Miguel Duch es en realidad Fangyong Du y fue socio de Acento para facilitar la venta del Grupo Puentes al gigante chino China Communications Construction Company (CCCC) a través de China Road and Bridge Corporation (CRBC).
No obstante, esta red aún se encuentra en investigación y se esperan futuros informes para documentar oficialmente las pesquisas de la Guardia Civil respecto a Acento y esta constructora.