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Con un gobierno que prometió entablar diálogos con grupos armados para alcanzar la denominada "paz total", se ha registrado un aumento de bombardeos con muertes en los últimos meses.
Expertos afirman que este cambio representa un giro claro en la táctica del presidente colombiano, Gustavo Petro, para enfrentar guerrillas que han incrementado su control territorial y número de integrantes.
Sin embargo, las consecuencias son severas: Medicina Legal reporta que 15 menores, reclutados por grupos armados, han fallecido en diferentes ataques desde agosto pasado.
Varios de ellos eran menores de 15 años.
"Ningún niño, niña o adolescente involucrado debería resultar afectado por acciones militares", declaró la Defensoría del Pueblo tras un ataque reciente en el departamento del Guaviare contra disidencias de las Farc, donde murieron siete menores.
Petro sostiene que sus operaciones armadas cumplen con el Derecho Internacional Humanitario, "inclusive en el trato a los combatientes menores de edad", y cuestionó la solicitud de Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo, para detener bombardeos en zonas con posible presencia de menores.
"Si se suspenden los bombardeos, los líderes armados aumentarán el reclutamiento infantil al percibir que así evitan riesgos militares mayores", afirmó Petro en X.
El presidente señaló que no fue informado previamente sobre la existencia de menores en los sitios atacados y expresó su pesar: "Es dolorosa la pérdida de menores y llevaré esa carga en mi conciencia".
El problema del reclutamiento infantil reaparece en Colombia justo cuando, según Gerson Arias, analista de la Fundación Ideas para la Paz, el gobierno aplica una clara estrategia de "zanahoria y garrote" frente a los grupos armados dada la ausencia de avances en el camino hacia la paz.
Detalles sobre los menores fallecidos
Según Medicina Legal, los últimos 15 menores que murieron estaban en bombardeos realizados en los departamentos de Amazonas, Guaviare y Arauca.
Estas áreas cuentan con presencia del grupo disidente de las Farc, Estado Mayor Central (EMC), y la estructura encabezada por alias "Iván Mordisco", a quienes expertos vinculan con reclutamiento infantil.
"Los grupos armados incorporan niños para reforzar sus filas en las disputas territoriales y han aprendido a utilizarlos como escudos humanos, exponiéndolos para protegerse ellos mismos", explica a BBC Mundo la periodista e investigadora colombiana Juanita Vélez.
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Esta práctica se ha desarrollado en Colombia durante décadas. La mayoría de estos menores provienen de áreas rurales con alta vulnerabilidad y escasa presencia del Estado, y son reclutados mediante coerción y amenazas a sus familias.
"Los grupos ejercen un poder armado en ciertas zonas, forzando a las familias a entregarles a sus hijos a cambio de seguridad y servicios básicos", comenta Arias.
Informes de medios locales indican que entre los fallecidos recientes hay víctimas de apenas 12 años y Medicina Legal confirmó la presencia de niños y niñas en los cuerpos recibidos.
En el bombardeo en Guaviare el 10 de noviembre pasado murieron 19 guerrilleros, incluidos siete menores, convirtiéndose en el ataque más letal durante el gobierno de Petro.
Esta operación provocó alarma en medios y en organizaciones como la Defensoría del Pueblo y la ONU respecto a las acciones del ejército colombiano.
Petro, quien anteriormente criticó la muerte de niños en bombardeos de administraciones pasadas, admitió haber tomado decisiones "a riesgo" ante el reclamo de la Defensoría que afirmó que "el principio de humanidad debe primar sobre la guerra".
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Aunque el presidente asegura no haber tenido conocimiento previo sobre la presencia de menores en los lugares atacados, Vélez cuestiona si hubo "una falla en la inteligencia militar".
"Existen numerosas evidencias de menores reclutados, especialmente en el EMC. Es muy probable que estos bombardeos sigan causando muertes infantiles. Resulta contradictorio que un presidente que prometió no usar bombardeos ahora los defienda a pesar de los escándalos", señala Vélez.
El cambio drástico de Petro
Petro asumió el poder en 2022 con la promesa de una "paz total" basada en el diálogo por encima de la represión.
Sin embargo, a menos de un año de concluir su administración, los resultados no cumplen con las expectativas y los grupos armados han aumentado su influencia.
La designación del militar Pedro Sánchez como ministro de Defensa a principios de 2025, en sustitución del abogado Iván Velázquez, generó especulaciones sobre un viraje en la estrategia contra la insurgencia.
Sánchez es el primer militar en ocupar ese puesto en Colombia en 34 años.
El incremento en los bombardeos confirma esta vuelta en la política de Petro.
El 2025 ha sido un año agitado para el país, donde la seguridad ha dominado la agenda preelectoral para 2026, con conflictos violentos en regiones como Catatumbo y Cauca, ataques coordinados contra la Fuerza Pública y el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
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En este escenario, Jorge Mantilla, doctor en criminología por la Universidad de Illinois en Chicago (EE.UU.), opina que "el gobierno intenta modificar su política, aunque carece de una estrategia clara para recuperar legitimidad y control territorial".
"Estos bombardeos constituyen uno de los escándalos más graves relacionados con la falta de planificación de la fuerza pública. Considero que es una reacción apresurada del gobierno para mostrar resultados que no corresponden con su política de ‘paz total’", añade el especialista.
Vélez también señala la influencia que ejerce el gobierno de Donald Trump en la lucha contra el narcotráfico en la región, con fuertes despliegues militares en el Caribe y ataques a embarcaciones sospechosas que han provocado decenas de muertos.
"El gobierno colombiano lo ha negado, pero creo que siente la presión por mostrar resultados, debido a las elecciones y a EE.UU., que espera que esta administración sea la que más duro combate el narcotráfico", afirma la periodista.
Diversos informes sugieren que el crecimiento y fortalecimiento de grupos como el EMC está ligado a ingresos generados por extorsión, minería ilegal y narcotráfico.
"Zanahoria y garrote"
Arias describe la actual estrategia de Petro como una combinación de "zanahoria y garrote".
Por una parte, continúa con las negociaciones, pero al mismo tiempo aplica una presión fuerte sobre los insurgentes para avanzar hacia la paz.
"El elevado número de bombardeos revela un reconocimiento tácito de que las medidas previas no tuvieron éxito", subraya Arias.
El analista cuestiona si esta estrategia está alineada con el riesgo de continuar perdiendo vidas infantiles.
"Es importante evaluar si estos bombardeos corresponden al nuevo comportamiento de los grupos armados o si existen otras opciones. El costo político de los menores fallecidos es demasiado elevado", reflexiona.
Finalmente, concluye que no parece que el gobierno "haya ejercido suficiente fuerza en sus demandas para avanzar en las negociaciones sobre el reclutamiento de menores con los grupos armados".
Desde la pandemia, Mantilla señala que algunos datos sugieren que el reclutamiento forzado podría haberse incrementado hasta en un 1.200% y que las cifras oficiales están subestimadas.
Por su parte, la Defensoría identifica al EMC, objetivo frecuente de los ataques militares, como el principal reclutador detectado.