Aunque aún no se ha detallado el número exacto de empleados afectados, la compañía ha confirmado que las cifras se conocerán los días 24 y 25 de noviembre
Tras varias semanas de rumores, este lunes Telefónica ha comunicado a los sindicatos su intención de iniciar un expediente regulador de empleo (ERE) en siete de sus principales sociedades, alegando la presencia de “causas objetivas”. Las empresas involucradas, según ha confirmado UGT mediante un comunicado, serán: Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica S.A., Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Movistar+.
Aunque la empresa aún no ha precisado cuántos trabajadores podrían verse afectados, el calendario está establecido: las cifras relacionadas con Telefónica de España, Móviles y Soluciones, que están incluidas en el convenio de empresas vinculadas, se esperan para el 24 de noviembre, mientras que el resto de filiales recibirán la información el día siguiente, 25.
Estimaciones iniciales sitúan el impacto entre 6.000 y 7.000 empleados
Las primeras estimaciones indican que la propuesta inicial de la empresa podría afectar a entre 6.000 y 7.000 trabajadores, un número que, como es habitual, suele reducirse a medida que avanza la negociación.
UGT manifiesta que, tras la notificación formal de Telefónica, la cual establece un plazo de una semana para establecer las mesas negociadoras, “se cumplirá con el mandato legal del Estatuto de los Trabajadores y se negociará de buena fe, a partir del diálogo y el consenso, pero con la firmeza que otorga su posición mayoritaria en el grupo”. Sin embargo, el sindicato expresó su rechazo contundente a la acción empresarial, “que nuevamente opta por la reducción de plantilla como método de ajuste organizativo”.
Convenios vigentes hasta 2030 y marco laboral unificado
El sindicato también exige la apertura inmediata de las mesas de negociación de todos los convenios colectivos, solicitando “una duración mínima hasta 2030 para asegurar estabilidad, coherencia con el Plan Estratégico de la empresa y la protección de los derechos laborales”.
UGT descarta la posibilidad de acuerdos parciales por sociedades y advierte que no apoyará ningún ERE sin antes garantizar la estabilidad de los trabajadores que permanezcan en la compañía, con convenios extendidos hasta 2030 y condiciones “dignas y homogéneas” para toda la plantilla.
Además, el sindicato subraya que “la voluntariedad debe ser el principio fundamental de cualquier proceso de salida” y toma como referencia el modelo pactado en 2024 para Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones.
Sumados-Fetico demanda un ERE “voluntario, general y sin discriminación”
Paralelamente, otro de los sindicatos más representativos dentro de Telefónica junto a UGT y CCOO, Sumados Fetico, ha manifestado también su rechazo a “la constante transmisión a la plantilla de que la única opción de futuro profesional es la salida anticipada (…) a partir de ciertas edades”. En un comunicado, el sindicato demandó que cualquier proceso de despido colectivo sea “voluntario, universal y no discriminatorio”, que mantenga la vinculación con la jubilación ordinaria y que ofrezca condiciones económicas al menos equivalentes a las del último ERE acordado.
Ese precedente, cerrado en enero de 2024, terminó con la salida de 3.420 empleados, un 33% menos que las 5.124 bajas inicialmente proyectadas. El coste para Telefónica ascendió entonces a cerca de 1.300 millones de euros antes de impuestos, con un pago medio de 380.000 euros por trabajador. Aunque fue inferior a otros planes de desvinculación previos, permitió al grupo un ahorro anual estimado en 285 millones.
En esta ocasión, Sumados-Fetico insiste en que “el ERE responde a una necesidad de la empresa”, pero recalca que la dirección debe asegurar “las mejores condiciones de salida para quienes opten por adherirse” y, al mismo tiempo, definir “un plan de futuro concreto para la plantilla que permanece”. Según su criterio, la estabilidad laboral sólo puede lograrse mediante “un convenio colectivo sólido que garantice condiciones, aporte estabilidad y ofrezca soluciones a largo plazo”.
Un marco social recientemente establecido
El proceso tiene lugar apenas semanas después de que Telefónica y los sindicatos cerraran, a mediados de octubre, el primer marco social común para toda la plantilla en España. Este pacto, diseñado para unificar los derechos laborales independientemente del convenio aplicable en cada filial, busca situar “a las personas en el centro” de la transformación del grupo y fortalecer la igualdad, la estabilidad y el desarrollo profesional en un contexto de “profundos cambios tecnológicos y organizativos”.
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Este marco se organiza en torno a varios ejes estratégicos: gestión del talento, cohesión territorial, observatorio de inteligencia artificial y empleo, atracción y retención del talento, consolidación de nuevas modalidades de trabajo, reskilling y upskilling, así como políticas de igualdad, diversidad e inclusión.
La puesta en marcha de un nuevo ERE forma parte del plan estratégico presentado por Telefónica, que contempla recortes en costes por valor de 3.000 millones de euros hasta 2030, incluyendo 2.300 millones para 2028, con un peso significativo en los gastos operativos, incluida la masa salarial.
El Gobierno solicita consenso en el proceso
El anuncio también ha desencadenado una reacción por parte del Ejecutivo. El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, ha subrayado que el ERE debe llevarse a cabo bajo un marco de entendimiento con los sindicatos.
“Lo que suceda debe ser siempre con acuerdo de los sindicatos”, aseguró durante un acto público efectuado este lunes. El Gobierno mantiene una presencia significativa en la operadora a través de la SEPI, que posee un 10% del capital de Telefónica.