El acusado defiende que la difusión de la nota con información confidencial fue legítima y justifica la eliminación de sus dispositivos durante la fase de instrucción del caso.
García Ortiz niega haber filtrado el correo contra Ayuso: "Yo no contesto llamadas"
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quiso concluir ayer su declaración en el Tribunal Supremo con una frase que uno de los asistentes le transmitió antes de comparecer como acusado por primera vez: «La verdad no se filtra, la verdad se defiende».
El máximo representante del Ministerio Público intentó defender su inocencia (como acusado no está obligado a decir la verdad), eligiendo hacerlo mediante un interrogatorio en formato entrevista, ya que García Ortiz únicamente respondió a las preguntas de la Abogacía del Estado, es decir, de su abogado, y a las dos cuestiones planteadas por su número dos, la teniente fiscal Ángeles Sánchez-Conde.
Incluso cuando su defensa omitió preguntarle sobre un punto que el fiscal general quería destacar —la falta de conexión entre la filtración del correo y la nota de prensa, según su perspectiva— no dudó en reprocharlo a su abogado.
El fiscal general optó por evitar someterse al principio de contradicción, rehusando contestar a las preguntas clave que podían plantearle la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y las acusaciones populares. Este máximo responsable de la Fiscalía afronta una condena de seis años de prisión por un delito de revelación de secretos, supuestamente cometido tras la filtración del correo con la confesión del empresario Alberto González Amador —«ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública»— y la posterior nota detallando las conversaciones con el fiscal de Madrid. García Ortiz ordenó redactar y difundir ese comunicado a los medios el 14 de marzo de 2024.
El fiscal general se quitó la toga, descendió del estrado y se sentó junto a los acusados alrededor de las cuatro de la tarde. Para cuando llegó el momento crucial, bajo la atenta vigilancia de la Sala presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, la Guardia Civil ya había dedicado más de cuatro horas detallando las «evidencias» que demuestran que García Ortiz tuvo «control» absoluto sobre la filtración relacionada con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Así lo mencionó de forma contundente el teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil, Antonio Balas: «Durante todo el proceso, se observa un control absoluto a todos los niveles por parte del fiscal general».
«Hubo un grupo de personas que fueron descartadas hasta señalar a una específica», explicó el perito y testigo. Esa persona concreta, en palabras del alto mando de la Guardia Civil, era «el fiscal general». Además, Balas desbarató en cuestión de minutos la defensa del acusado: la filtración fue hacia la Cadena Ser —el resto de medios claramente no tenían el correo aquella misma noche— y, además, «todo lo que se filtró textualmente ya estaba en poder de la Fiscalía General del Estado».
Frente a la firme evidencia aportada por la UCO, que también detalló cómo el fiscal general borró los mensajes de su móvil el mismo día en que el TS lo procesó, optó por cambiar de teléfono durante la instrucción y eliminó su cuenta personal de Gmail, donde recibió los correos de González Amador, las respuestas de García Ortiz mantuvieron una fuerte carga política. Enfrentándose al «bulo» difundido por el jefe de Ayuso y a los rumores surgidos en tertulias periodísticas, el fiscal general afirmó que la Fiscalía debía ofrecer una respuesta «institucional».
El interrogatorio comenzó con preguntas de Sánchez Conde, a las que García Ortiz respondió negando haber «entregado a terceros fuera de la Fiscalía» el correo con la confesión de González Amador.
Cuando fue interrogado por la Abogacía del Estado, añadió que no mantiene ninguna relación «personal» con los periodistas que testificaron vinculados a la filtración. Negó específicamente haber dialogado la noche de la filtración con el periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos. Los informes registran una llamada del periodista el 13 de marzo a las 21:28 de cuatro segundos; en ese momento, el acusado estaba hablando con la fiscal jefe de Madrid y no respondió. «No tuve conversación con el señor Campos. Supe de la llamada al revisar el atestado de la UCO. De hecho, no contesto llamadas desde que soy fiscal general del Estado porque me resultaría caótico», afirmó.
El fiscal general explicó que el 13 de marzo del año anterior su directora de Comunicación, Mar Hedo, le envió la noticia de EL MUNDO de las 21:29 horas, que informaba sobre la oferta de pacto intentada por la Fiscalía hacia la pareja de Ayuso. Al tratarse de una información «bien trabajada», con citas directas y datos de un correo fiscal, decidió solicitar toda la información disponible.
El acusado detalló que el mensaje que ese día transmitía el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, constaba de tres etapas: la oferta de la Fiscalía, la retirada de la oferta y que dicha retirada obedecía a órdenes superiores. «Si aceptamos la primera parte, aceptamos el resto. Por eso la noticia de EL MUNDO es importante, no es algo menor. […] Hablé con la fiscal provincial de Madrid [Pilar Rodríguez] y la fiscal superior [Almudena Lastra] y acordamos emitir una nota de prensa, que constituía una respuesta institucional».
«La noche fue dinámica», afirmó García Ortiz al señalar que el asesor de Ayuso difundía en redes sociales que el posible acuerdo con la pareja había sido bloqueado. La nota de prensa que se preparaba buscaba responder a «esa calumnia y esa insidia contra los fiscales que trabajan, contra la Fiscalía española».
La nota —que la fiscal superior de Madrid se negó a firmar y que originó una querella contra el Colegio de la Abogacía de Madrid—, según García Ortiz, «solo» exponía hechos relacionados con el Ministerio Fiscal. Su máximo objetivo era «no aportar nada que pudiera perjudicar a terceros, en este caso a una persona investigada por la Fiscalía».
El acusado aseguró que «su prioridad» en el momento en que se produjo la filtración de la pareja de Ayuso era «proteger a los fiscales» y salvaguardar el «honor» de la Fiscalía.
Además, el fiscal general aprovechó la declaración para criticar a la fiscal superior Lastra —principal testigo de la acusación— a quien acusó de presentar una «desafección» hacia la actual dirección de la Fiscalía General. Sobre esta fiscal, García Ortiz afirmó también que entre el 13 y 14 de marzo de 2024 mantuvo una actitud «obstruccionista», negándose a publicar la nota con datos reservados del novio de Ayuso bajo el membrete de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid.
El acusado afirmó que «en ningún caso» intentó «dañar el derecho a la defensa ni la reputación de González Amador».
Durante el interrogatorio, el fiscal también trató de justificar la eliminación de sus mensajes, el cambio de móvil y la supresión de su cuenta personal de Gmail. «Soy plenamente consciente de la protección de datos», señaló.
La declaración de García Ortiz puso fin ayer a la fase probatoria del juicio oral. Hoy corresponde la lectura de los informes finales. Las acusaciones añadieron ayer la filtración al diario El País de la nota de prensa como un elemento más en contra del fiscal general.
En cuanto a las penas, la representación de González Amador mantuvo los cuatro años de prisión por revelación de secretos. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ratificó la petición más alta, seis años por el mismo delito, mientras que Manos Limpias rebajó su petición principal a tres años de prisión desde los cuatro iniciales. Por su parte, el Foro Libertad y Alternativa confirmó la solicitud de cuatro años de cárcel para el fiscal general. El juicio histórico quedará hoy visto para sentencia.