Se intenta trasladar la discusión hacia el funcionamiento de la sanidad y la educación en las comunidades gobernadas por el PP. El enfrentamiento con Ayuso otorga protagonismo a los posibles candidatos del Gobierno en Madrid.
En el ring de esta legislatura, el gobierno de coalición se encuentra acorralado, atravesando un momento complicado, intentando mantenerse firme sin tener clara la capacidad para resistir embates como la decisión de Junts de paralizar el mandato de Pedro Sánchez. En posición defensiva, busca recomponerse mientras lanza ataques contra el PP, tratando de centrar la contienda en la administración de los servicios públicos. «Tras el verano, ese instante entre mafia y democracia que parecía que nos iba a derribar, tratamos de tomar la iniciativa. A veces nos resulta más difícil, pero remamos en la misma dirección: gestión, gestión y gestión. Puede parecer tedioso, pero es educación, sanidad, dependencia… asuntos concretos”, reflexionan fuentes del Ejecutivo.
Esta táctica se refleja claramente en las últimas semanas, con la demanda a las comunidades autónomas de implementar un registro de objetores de conciencia en la interrupción voluntaria del embarazo, y con el requerimiento formal a las comunidades del PP para que entreguen cuanto antes los indicadores disponibles de los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix. También con el aniversario de la dana, ocasión en la que los socialistas criticaron la gestión de la Generalitat del PP, solicitando la dimisión de Carlos Mazón y ahora reclamando elecciones.
Este miércoles, en el Congreso, Sánchez rendirá cuentas, a petición propia, sobre los resultados de las recientes cumbres internacionales, el último Consejo Europeo y la situación de los servicios públicos en España. No obstante, también abordará, por solicitud del Grupo Popular, «la corrupción vinculada a su Gobierno, su familia y al PSOE». Su maniobra consiste en intentar centrar el debate en la gestión para contrarrestar modelos y preservar la estabilidad del gobierno, mientras la oposición mantiene la corrupción como su arma para intentar derribarle.
El objetivo de La Moncloa es focalizar el debate en el ámbito autonómico. Aunque carecen de fuerza allí, el hecho de que el PP la posea les ofrece una oportunidad para exigir responsabilidades. Así lo sintetiza un miembro del Gobierno: «El tema de las mamografías es un escándalo a nivel nacional. Nosotros le hemos prestado atención y si no lo hubiéramos hecho, probablemente el asunto no habría escalado tan alto. Todos sabemos que con frecuencia ocurren situaciones graves que pasan desapercibidas».
El planteamiento consiste en centrar las críticas en barones como Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno Bonilla, Carlos Mazón o Alfonso Mañueco, siguiendo una estrategia con varias líneas. Primero, desgastar a los presidentes populares al comienzo de un nuevo ciclo electoral autonómico. Segundo, dar visibilidad y lanzar a los ministros candidatos. Tercero, transmitir la idea de que Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, no gobierna ni posee cuota de poder, mientras quienes pueden amenazar su puesto sí la ostentan. Cuarto, tomar la iniciativa en la agenda en un contexto marcado por investigaciones judiciales.
«Consideramos que estamos logrando complicar la situación de algunos barones territoriales y establecer una etiqueta que resalta su falta de gestión», explican fuentes del Gobierno. Sin embargo, los miembros del Ejecutivo consultados reconocen que esta estrategia traza un límite que inevitablemente comienza y termina en Madrid. Es decir, implica confrontar con Díaz Ayuso. «Madrid es un asunto nacional», reconocen.
Justamente en ese intento por orientar el debate hacia la gestión autonómica de los servicios públicos, en los últimos días ha destacado la ministra de Sanidad, Mónica García. Su departamento funciona como punta de lanza para contrarrestar a los líderes populares. García lidera Más Madrid y está por confirmarse si volverá a presentarse como candidata en esta comunidad. Ya lo hizo anteriormente, obteniendo la segunda fuerza y siendo líder de la oposición en la Asamblea autonómica antes de incorporarse al Ejecutivo.
Junto a ella, participa en el Consejo de Ministros Óscar López, líder de los socialistas madrileños. Esto le otorga al Gobierno una doble vía para desgastar a la presidenta madrileña. «El Ejecutivo de coalición cuenta con un billete para gobernar Madrid en su interior», señalan las fuentes de la coalición. «Óscar no será presidente si Mónica no es vicepresidenta. Ella es la voz de Sanidad en este Gobierno, no la de Sumar, sino del Ejecutivo. Y si a Mónica le va bien, al Gobierno en general también le irá bien». En las últimas semanas, desde La Moncloa, García y López, aprovechando intervenciones públicas y mediáticas, están tejiendo una ofensiva en dos frentes contra la presidenta madrileña.
En ese choque continuo y permanente que existe entre el Palacio de La Moncloa y la Puerta del Sol, Sánchez sumará un nuevo episodio este miércoles durante su intervención en el Congreso. «Nosotros deseamos hablar de los servicios públicos. El PP quiere que abordemos la corrupción. Pues hablemos entonces de corrupción en los servicios públicos», señalan desde La Moncloa. El presidente del Gobierno se centrará en cuestiones económicas. Desde hace tiempo, Sánchez ha insinuado con sutileza qué hacen los presidentes del PP con los fondos que les transfiere el ejecutivo central, sembrando dudas. La posición del Ejecutivo es enfocar la atención, por ejemplo, en el dinero que se destina a la sanidad privada en Madrid, mientras las listas de espera son significativas. «Es un despropósito», comentan dentro del Gobierno.
Los datos que manejan indican que entre 2019 y 2025, el gobierno de España ha transferido a la Comunidad de Madrid 130.000 millones de euros. De esa cifra, solo un 45% se ha invertido en servicios públicos. Paralelamente, se han adjudicado contratos a la empresa Quirón y otras compañías por un valor de 1.000 millones. Esos números serán presentados en la Cámara Baja, con Sánchez encabezando ese pulso por la gestión. De manera similar, apuntan respecto a Moreno Bonilla, sobre quien sostienen que ha recibido 54.000 millones y, según sus registros, ha destinado 1.500 millones a la sanidad pública.