El PP logró que el Congreso aprobara una enmienda introducida por el Senado en la Ley de Movilidad Sostenible, recuperando así el compromiso con la puntualidad del AVE.
Estas compensaciones, que se eliminaron en junio de 2024, establecían la devolución parcial del billete cuando los trenes acumulaban retrasos de 15 o 30 minutos.
Tras la modificación implementada por el Ministerio de Óscar Puente, actualmente solo se reembolsa el importe si la demora supera la hora.
Aunque la enmienda ha sido aprobada, fuentes gubernamentales rechazan su aplicación argumentando que «las vías están saturadas» debido a la entrada de los operadores privados Ouigo e Iryo en 2021 y 2022.
Desde el Ejecutivo consideran que este compromiso tenía sentido únicamente cuando Renfe mantenía el monopolio y que aplicarlo ahora colocaría en desventaja a la compañía pública frente a los operadores francés e italiano.
Estos últimos no están obligados a compensar parte del importe del billete en caso de retrasos.
Originalmente, Renfe estableció su compromiso con la inauguración de la línea Madrid-Sevilla en 1992, fijando la devolución en retrasos superiores a cinco minutos.
Con el tiempo, este sistema se fue ampliando.
Así, en 2016 se «homogeneizó» la política y se estableció una compensación del 50% para demoras mayores a 15 minutos y del 100% para retrasos que superaran los 30 minutos.
Esta normativa se aplicaba en varias líneas y permaneció vigente hasta 2024.
No es sorpresa que la puntualidad del tren de alta velocidad atraviese dificultades actualmente.
El último informe de Renfe sobre puntualidad, publicado este verano, indica que en el primer semestre el retraso medio del AVE fue de 17,6 minutos, alcanzando un récord de 19 en junio.
Sin embargo, bajo la actual normativa de indemnizaciones solo el 3,20% de los pasajeros accedió a compensación, al superar su tren una hora de retraso.
En el PP celebraron la aprobación de esta enmienda con 191 votos a favor frente a 158, aunque otras propuestas, como prolongar la vida útil de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia), fueron rechazadas.
“Somos más útiles para los españoles que el PSOE incluso con todo el poder”, expresó el vicesecretario de Hacienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo.
Además, los populares lograron aprobar dos enmiendas adicionales: una relacionada con el mapa concesional y otra destinada a preservar la conectividad de los autobuses, evitando la supresión de paradas, frecuencias y horarios.
En principio, estos recortes afectarían a 9.000 apeaderos, principalmente en la denominada España Vaciada.
“Hemos garantizado por ley que no se reduzcan las paradas, frecuencias, horarios ni rutas actuales”, afirmó Juan Bravo tras salir del hemiciclo.
Desde el PSOE minimizaron la importancia de esta medida y reconocieron que no lograron «explicar bien» sus implicaciones.