La Comisión Europea llevará a cabo una revisión del nuevo sistema de pulseras telemáticas implementado por el Gobierno de Pedro Sánchez, diseñado para proteger a las víctimas de violencia de género, donde se han detectado varios fallos operativos.
Bruselas tiene la responsabilidad de supervisar esta iniciativa, dado que forma parte del plan de recuperación de España y está financiada con fondos Next Generation.
Si se identificase alguna irregularidad en el proceso de adjudicación del contrato, el Ejecutivo comunitario podría suspender parte de las ayudas europeas, según ha señalado el comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis.
Esta intervención por parte de Bruselas coincide con la activación este martes, por parte del ministerio de Igualdad, del protocolo de protección para víctimas tras una nueva incidencia detectada en el sistema.
Tanto la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, monitorearon la evolución de la falla manteniendo contacto directo con la UTE Vodafone-Securitas, encargada del servicio.
El problema se originó en un enrutador encargado de distribuir los mensajes de alerta entre distintas plataformas. “Cerca de un 10% de los mensajes generaban fallos recurrentes que saturaban el sistema”, indica el ministerio de Igualdad en un comunicado oficial.
La sobrecarga se identificó a las 4:30 de la madrugada y, desde ese momento, se implementaron medidas de refuerzo en la seguridad, con notificaciones enviadas a las fuerzas de seguridad y a las víctimas mediante mensajes de texto, según informó esta cartera. El sistema volvió a funcionar con normalidad a las 18:00 horas y no se perdió ninguna información.
En un video, Redondo afirmó que “ninguna víctima ha estado desprotegida en ningún momento” porque los protocolos se activaron desde el inicio. La ministra de Igualdad se presentará voluntariamente ante la comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso.
«La Comisión está informada de las noticias publicadas en los medios acerca de la ejecución del proyecto de las pulseras telemáticas para la protección de víctimas de violencia de género en España», confirma el comisario de Asuntos Económicos en respuesta escrita a una pregunta parlamentaria presentada por el líder de Vox en la Eurocámara, Jorge Buxadé.
«Esta iniciativa forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de España, bajo el hito 472 (Inversiones en servicios telefónicos y digitales para proteger a las víctimas de violencia contra las mujeres), que será evaluado por la Comisión en el marco de la octava solicitud de pago«, explicó Dombrovskis.
«El hito 472 aún no ha sido evaluado, puesto que España no ha presentado la solicitud de pago correspondiente. Por ello, la Comisión revisará la ejecución y el cumplimiento de este hito, basándose en las evidencias aportadas por las autoridades españolas, únicamente en el momento de la octava solicitud de pago», añadió el comisario de Asuntos Económicos.
«El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es un instrumento derivado de resultados. Esto implica que los pagos solo se efectúan tras una evaluación positiva del cumplimiento de los hitos y objetivos requeridos», destacó Dombrovskis.
Finalmente, el comisario recordó que «los Estados miembros son responsables de ejecutar sus respectivos planes de recuperación y resiliencia, incluida la adjudicación y administración de los contratos financiados a través del Mecanismo«.
«Esta responsabilidad también abarca asegurar que todos los procesos de contratación, incluida la pública, cumplan rigurosamente la legislación nacional y el Derecho de la Unión aplicable», concluyó su respuesta.
En su pregunta parlamentaria, Buxadé señala que el contrato adjudicado a la UTE Vodafone‑Securitas para la gestión de las pulseras antimaltrato asciende a 35 millones de euros y está financiado por fondos Next Generation.
El líder de Vox en la Eurocámara trasladó a la Comisión que durante la ejecución del contrato «se han producido graves fallos técnicos que comprometieron directamente la vida y seguridad de esas mujeres».
«Se han perdido datos cruciales en el sistema COMETA, lo que ha provocado que algunos juicios carecieran de pruebas suficientes, que agresores hayan sido absueltos y que se vea comprometido el principio fundamental de protección a las víctimas», denunció Buxadé.