La remuneración de los letrados que garantizan el derecho a la justicia gratuita depende de la disponibilidad y el tipo de actuación realizada, así como de la región donde ejercen su profesión
Manifestación de abogados y procuradores de oficio en Madrid el pasado 3 de febrero
En cada juicio donde alguien no puede costear su defensa, un abogado de oficio asegura que la justicia sea realmente accesible para todos. Estos profesionales asumen diariamente la responsabilidad de representar a personas sin recursos económicos, participando en causas penales, civiles o laborales con la misma dedicación que en un despacho privado. Su trabajo sostiene uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho: el acceso universal a la justicia.
El sistema de pago por estos servicios difiere del régimen habitual en el ejercicio del derecho, y los honorarios de los abogados fluctúan según el tipo de actuación y el tiempo en que se requiera su disponibilidad. Según explicó el abogado Arsenio Martínez en un video compartido en el perfil de TikTok de su despacho (@millennialsabogados), estos profesionales perciben una compensación por su disposición, además de sumas específicas por cada intervención en diversos procesos judiciales.
Martínez, quien estaba de guardia en un caso de violencia de género centrado en la asistencia a víctimas, recordó que “estas siempre tienen derecho, sin importar sus ingresos, a la justicia gratuita”. Por tanto, las víctimas pueden acceder a defensa legal independientemente de su situación económica.
Honorarios por cada asunto
En cuanto a las retribuciones, el abogado detalló: “por el mero hecho de estar de guardia, es decir, 24 horas de atención telefónica, por ejemplo, anoche recibí una llamada a medianoche, y se cobra aproximadamente unos 70 euros por la disponibilidad telefónica”. Esta cantidad corresponde exclusivamente a la presencia continua necesaria para responder a emergencias legales durante el día.
El pago se incrementa cuando el letrado debe intervenir directamente en procedimientos judiciales. Martínez explicó que “si se alcanza un acuerdo y se realiza un juicio rápido, este oscila entre 220 y 230 euros”. En algunas ocasiones, el caso de violencia de género puede evolucionar hacia procesos de divorcio o la definición de medidas paternofiliales, donde “la remuneración suele estar entre 250 y 270 euros”.
Por otra parte, si el delito se clasifica como leve y el procedimiento se transforma en un juicio por delitos menores, la remuneración también varía: “en este contexto se cobran alrededor de 70 a 80 euros por un juicio por delitos leves”.
Montos variables según el caso y la región
Finalmente, el abogado especificó que la cuantía puede ajustarse por otras actuaciones adicionales requeridas, como la presentación de recursos de apelación o la asistencia a comparecencias relacionadas con órdenes de protección, aunque señaló que “esos son temas que merecen otro vídeo”.
Además, el socio fundador del despacho Arce&Martinez Millennials Abogados, ubicado en la Región de Murcia, señala en la descripción de su video que estos honorarios también cambian según la comunidad autónoma donde el abogado ejerza. Cada territorio cuenta con sus propios baremos y presupuestos para remunerar el servicio, lo que provoca diferencias notables en la compensación económica y en la carga de trabajo. Comunidades con mayor financiación pueden ofrecer mejores recursos y tiempos de respuesta, mientras que otras operan con medios más limitados.