La Audiencia Judicial ha determinado que el juicio oral se celebre 49 días después de las elecciones en Extremadura, con Gallardo ya protegido por el fuero especial.
Extremadura cuenta con dos fechas clave para definir su futuro político y judicial inmediato. La primera es el 21 de diciembre, día establecido por María Guardiola, quien posee la autoridad como presidenta de la Junta, para adelantar las elecciones debido a la falta de aprobación de los Presupuestos durante dos años consecutivos. Exactamente 50 días después, el principal rival, el candidato socialista Miguel Ángel Gallardo, deberá sentarse en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias junto al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón. Ambos están acusados: uno como conseguidor y el otro como beneficiario de una plaza de alto cargo en la Diputación de Badajoz, inicialmente como Coordinador de Actividades Musicales de los Conservatorios y luego convertida en dirección de la Oficina de Artes Escénicas.
La fijación de la fecha coincidía con lo esperado, dentro del primer trimestre de 2026, debido a la acumulación de casos pendientes en la Audiencia Provincial. Esta recibió este martes todas las diligencias remitidas por la jueza de Instrucción responsable, Beatriz Biedma, y comenzó a tomar medidas: primero nombró al ponente, Emilio Francisco Serrano, magistrado destacado por el caso Manuela Chavero. Luego, rechazó un informe pericial presentado por una de las acusadas, Juana Cintas, encargada de Recursos Humanos de la Diputación cuando se produjo la contratación. Finalmente, estableció la celebración del juicio oral del 9 al 14 de febrero, con turnos de mañana y tarde, donde comparecerán, aparte de los testigos, un total de 11 procesados, entre ellos el músico, el secretario general de los socialistas extremeños y el amigo personal de David Sánchez Pérez-Castejón y ex asesor de Presidencia de Moncloa, Luis Carrero. La acusación popular reclama tres años de prisión para David Sánchez y Gallardo por delitos continuados de tráfico de influencias y prevaricación, mientras que la Fiscalía y las defensas de los 11 imputados solicitan la absolución completa.
Se presenta una circunstancia particular, aunque poco probable según la encuesta divulgada por Sigma Dos y publicada en EL MUNDO el lunes pasado, que Gallardo podría enfrentar el juicio siendo ya presidente de la Junta de Extremadura. Esta posibilidad parece remota. Más allá de los resultados arrojados por el barómetro de Sigma Dos – que reflejan la percepción en la sociedad extremeña – y que sitúan al PSOE con su peor resultado histórico (entre 24 y 26 diputados, muy por debajo de los 33 necesarios para la mayoría absoluta, que no alcanzaría ni con el apoyo de Unidas por Extremadura, que dispone de 3 o 4 escaños), el verdadero problema para Gallardo es la grave crisis de reputación interna en su propio partido.
Esto quedó confirmado con la publicación por este medio, el miércoles, de un vídeo del Comité Regional Extraordinario donde se ratificó su candidatura a puerta cerrada, lo que sacudió su candidatura y puso en evidencia la división interna. En el vídeo, el ex secretario provincial de Cáceres y presidente de la diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, le solicitó que diera un paso atrás y aceptara otro cargo, «al Senado o donde prefieras», por “el bien del partido” debido a su situación judicial. Gallardo respondió a las críticas sosteniendo que era una minoría.
Además, su imagen se ha visto gravemente afectada no sólo por el proceso judicial, sino también por el intento de aforamiento exprés en mayo pasado, cuando realizó una maniobra acelerada de 28 horas para conseguir el acta de diputado. Esto implicó la renuncia de una diputada electa y la renuncia escrita de otros cuatro compañeros que figuraban antes que él en la lista. No sólo la jueza Beatriz Biedma, sino también el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) calificaron esta acción como un «fraude de ley», manteniendo la causa en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz. La intención de Gallardo era que la magistrada dejara de investigar y que el caso se trasladara al TSJEx. Así, actualmente, el líder socialista extremeño no posee el fuero especial, a pesar de seguir siendo diputado y haber ingresado en la Comisión Permanente – compuesta por 16 diputados de todos los grupos – que gestiona la Asamblea de Extremadura durante este periodo, a pesar de la disolución tras el adelanto electoral.
Sin embargo, Gallardo dispondrá del fuero especial desde el momento en que tome posesión de su acta en el primer pleno de la próxima legislatura, tras las elecciones. Será así por haberse celebrado los comicios con él encabezando las listas. Por lo tanto, depende del candidato socialista la posibilidad, durante el intervalo antes del juicio oral el 9 de febrero, de solicitar un aplazamiento del proceso y reclamar que sea el TSJEx y no la Audiencia Provincial quien juzgue el caso.
El fraude de ley señalado por la jueza y el TSJEx radicaba en que Gallardo no se presentó como candidato en los comicios anteriores (donde ocupó simbólicamente el puesto 23 por la provincia de Badajoz). En medio de la investigación – y no cuando ganó nuevamente las primarias en enero – forzó la situación para entrar en la Asamblea acosado judicialmente por las pruebas recabadas por la jueza Biedma. “Ahora la situación es totalmente distinta”, indican fuentes cercanas. Al haberse convocado elecciones y al figurar como cabeza de lista, es seguro que resultará elegido diputado, gane o no, “lo que le legitima para pedir la recusación de los jueces de la Audiencia, aunque la conveniencia de ello desde el punto de vista de su imagen pública es otra cuestión, ya que aunque se haya fijado la fecha del juicio, legalmente podría realizar esta acción para dilatar el proceso”.
Lo único que podría haber evitado su aforamiento habría sido que la Audiencia señalara fecha para el juicio antes de que María Guardiola anunciara el adelanto electoral. La presidenta extremeña tomó esta decisión el 27 de octubre, días antes de que la Audiencia dictaminara el 7 de noviembre.
Numerosos sectores dentro del PSOE opinan que Ferraz ha mantenido a Gallardo como candidato en Extremadura pese a sus mínimas opciones de victoria, porque su proceso judicial está estrechamente ligado al del hermano del presidente del Gobierno, y retirarlo ahora supondría demostrar una debilidad, también en el terreno judicial para la defensa de David Sánchez. Esto mismo sostiene la presidenta extremeña, María Guardiola, quien considera que la candidatura de Gallardo es una «imposición de Ferraz» debido a que su situación legal se encuentra “vinculada” a la de David Sánchez y que “consideran que es mejor no generar problemas con Gallardo”, según declaró en una entrevista en Espejo Público de Antena 3.
Por su parte, el portavoz de la candidatura de Gallardo, Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida, ofrece una perspectiva opuesta: manifestó una “gran satisfacción” en el partido por la pronta celebración del juicio: “Primero, por la firme convicción en la inocencia de nuestro candidato, y segundo, porque este calendario judicial confirma nuestra tesis de que el adelanto electoral tuvo únicamente voluntad política, con el objetivo de evitar que la declaración de inocencia de Gallardo afectara las opciones electorales del PP”, señaló en un comunicado, añadiendo: “Se ha desvelado la trampa; ese adelanto electoral no respondía a los intereses de la sociedad extremeña, sino a un intento de manipular el calendario judicial para obtener ventaja política”, concluyó Osuna.