Pedro Sánchez se presentará este miércoles en el Congreso de los Diputados para detallar los resultados de los últimos Consejos Europeos y también para responder a las peticiones del PP, que demanda explicaciones sobre los casos de corrupción y la complicada gobernabilidad tras el rechazo de Junts.
En esta sesión, Sánchez parte con ventaja, ya que contará con tiempo ilimitado para su intervención, pero se encuentra en un escenario crítico: sin Presupuestos ni perspectivas de conseguirlos, sin una mayoría para legislar tras el rechazo de Junts y con la sombra de la corrupción afectando su imagen.
Casi al mismo tiempo de su declaración, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comparecerá ante el Tribunal Supremo debido a la presunta filtración de datos reservados.
En realidad, este miércoles se celebra un macropleno donde el presidente del Gobierno intentará abarcar diversas cuestiones, integrando en una sola sesión varias solicitudes de comparecencia urgente presentadas por el principal partido opositor.
La primera demanda del PP consiste en que «rinda cuentas sobre la corrupción que involucra a su Gobierno, su familia y al PSOE», con especial énfasis en la investigación judicial relacionada con Leire Díez, según destaca el texto registrado por el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.
Las declaraciones de Sánchez ante el Congreso ocurren apenas un día después de que EL ESPAÑOL difundiera el audio de la llamada «fontanera del PSOE», en el que admite ante el fiscal Stampa haber sido designada por el partido para esclarecer los hechos.
Tras la publicación de estos audios, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, afirmó en X que «han chantajeado, amenazado y prometido todo para proteger a Sánchez» y que «nos gobierna la mafia», apuntando que este será uno de los temas centrales para la oposición durante la comparecencia.
Aunque la comparecencia fue solicitada por Sánchez, no pudo evitar que el Congreso le requiriera informar sobre otros asuntos que no estaban en su agenda.
El PP presentó de urgencia el jueves pasado una solicitud para que Sánchez explique «cómo contempla garantizar la gobernabilidad de España, tras la constatación de la ruptura de la mayoría de investidura».
Finalmente, el Gobierno accedió este martes a incluir este punto como parte de la comparecencia.
Dicha petición se originó tras la declaración de la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, quien señaló que «la legislatura queda bloqueada» y anunció que su grupo presentaría enmiendas a la totalidad a todas las nuevas leyes propuestas por el Gobierno, incluyendo los Presupuestos y las denominadas Ley Bolaños, para reformar el acceso a la carrera judicial, así como la Ley Begoña, destinada a limitar el papel de las acusaciones populares.
En Moncloa consideran la comparecencia de Sánchez como una oportunidad para resaltar otros asuntos, como la sanidad, los servicios públicos y la gestión que realiza el PP en las comunidades autónomas donde gobierna.
Fuentes oficiales minimizan el desafío planteado por Junts y puntualizan que los de Carles Puigdemont «afirman que no desean negociar ni dialogar», aunque eso «no implica que voten en contra de todo».
Queda pendiente conocer cómo Sánchez abordará este reto parlamentario.
Los distintos grupos políticos contarán este miércoles con 20 minutos para su primera réplica y 5 minutos para la segunda, mientras que el presidente podrá intervenir sin limitación de tiempo.
La coincidencia entre el pleno del Congreso y la declaración del fiscal general del Estado ante el tribunal añade tensión al contexto.
El domingo pasado, durante una entrevista con El País, Sánchez manifestó su convicción sobre la plena inocencia del fiscal general, a pesar de que el juicio estaba en su etapa intermedia.
Esta postura fue adoptada también por el portavoz del PSOE, Patxi López, quien insistió este martes en el Congreso en la falta de fundamento del proceso judicial: «Este juicio carece de sentido. Lo ha visto toda la sociedad».
Este respaldo contrasta con la opinión del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien poco antes calificó la instrucción del Supremo como «impecable y medida».
Aunque el juicio a García Ortiz no figura en el orden del día, desde Moncloa asumen que será uno de los asuntos a tratar en un pleno que se extenderá hasta la tarde, cuando se realizará la sesión de control al Gobierno.