David Sánchez Pérez-Castejón está imputado, junto a otros diez individuos, por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
La Audiencia Provincial de Badajoz ha programado diligencias para los días 9 al 14 de febrero, en las que se celebrará el juicio oral por la contratación del director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, David Sánchez Pérez-Castejón, acusado de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, en compañía de otros diez procesados, incluido el candidato socialista a la Junta de Extremadura en las elecciones del próximo 21 de diciembre, Miguel Ángel Gallardo.
La Audiencia Provincial, que esta semana recibió la causa de la juez Beatriz Biedma —quien lideró la investigación durante la instrucción del caso—, ha señalado que, «de acuerdo con lo establecido en el art. 785.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y conforme a los criterios generales, así como a las instrucciones específicas, se fijan las sesiones del juicio oral del 9 al 14 de febrero de 2026, comenzando a las 10:00 horas, con posibilidad de extensión a la tarde desde las 17:00 horas, en la sede de este Tribunal», ubicada en Badajoz.
La Audiencia tomó las medidas preliminares para concretar la fecha en las últimas 48 horas, tras recibir el martes el expediente completo y las piezas separadas del Juzgado de Instrucción nº3 de Badajoz. Esto sucedió después de que la magistrada Biedma concluyera su investigación, rechazando los últimos recursos de las defensas de los acusados, así como el recurso de la Fiscalía, que se opuso a la apertura del juicio oral. La defensa de David Sánchez, como en la instrucción, solicitó que no se consideraran los correos electrónicos corporativos obtenidos durante los registros de la UCO en la Diputación, dirigidos a los once investigados. Ni la jueza ni la Audiencia Provincial aceptaron esta petición durante la instrucción.
Ponente de la causa
La primera acción tomada por la Audiencia Provincial al asumir las competencias del caso esta semana ha sido comunicar a las partes la designación del ponente, el magistrado Emilio Francisco Serrano, conocido por haber sido juez en el caso Manuela Chavero, la mujer víctima de agresión sexual por parte de su vecino y posteriormente asesinada en Monesterio (Badajoz). Su cuerpo permaneció enterrado durante más de cuatro años en el terreno del agresor, quien recibió la primera condena de prisión permanente revisable en Extremadura.
Durante el juicio oral, el sindicato Manos Limpias continuará como acusación popular unificada, siendo este sindicato quien presentó inicialmente la denuncia que derivó en querella en mayo de 2024.
Entre los acusados se encuentra también el ex asesor de Moncloa en el área de Presidencia, Luis María Carrero Pérez, acusado de acceder a una plaza en la Diputación de Badajoz gracias a su amistad con David Sánchez, con quien terminó colaborando en dicha institución. Esto se evidenció meses antes en correos electrónicos intercambiados, donde Carrero trabajaba en proyectos transfronterizos de la Oficina de Artes Escénicas junto a Sánchez. En esos mensajes, Carrero se dirigía al músico como «querido hermanito».
Otro imputado es el último candidato del PSOE a la Alcaldía de Badajoz, Ricardo Cabezas, actual Diputado de Cultura de la institución. En su declaración durante las sesiones testificales, relató que Pedro Sánchez, en uno de los mítines celebrados en Badajoz, le mencionó tener un hermano músico, antes de que se convocara el puesto de coordinador de las actividades musicales de los conservatorios.
Por otra parte, la Audiencia Provincial ha rechazado la prueba pericial presentada por la representación procesal de Juana Cinta Calderón, que proponía un informe encargado a un profesor sobre el ‘modus operandi’ de las contrataciones en las administraciones públicas. La Audiencia consideró que «dicha prueba es innecesaria y de por sí impertinente», señalando que «no se necesitan conocimientos científicos, técnicos o artísticos para establecer los hechos».
«Beneficio propio»
La jueza de Instrucción concluyó, tras 17 meses de investigación, que David Sánchez tuvo un papel activo en el proceso de selección para un cargo alto en la Diputación: «Consciente previamente de que el puesto de coordinador de Actividades de los Conservatorios se creó para él, participó en la convocatoria y en la entrevista con el fin de simular la legalidad formal del procedimiento, siendo el principal beneficiado».
Beatriz Biedma añadió en su auto de apertura de juicio oral que David Sánchez «presuntamente ejerció influencia en la Diputación de Badajoz para lograr beneficios personales, primero al conseguir que las condiciones de su puesto se adaptaran a sus preferencias, como la exención de presencia diaria en un despacho y dedicarse a la Ópera; y segundo, al lograr que la persona que ya le asistía informalmente en el proyecto Ópera Joven fuera contratada por la Diputación para apoyarle directamente en su despacho».
Miguel Ángel Gallardo ostentaba la presidencia de la Diputación de Badajoz cuando se organizó el proceso de selección y cuando se modificó posteriormente el puesto de Jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
La acusación popular solicita tres años de prisión por delitos continuados de tráfico de influencias y prevaricación para David Sánchez y Gallardo, mientras que la Fiscalía y las defensas de los 11 procesados solicitan la absolución plena.
Un candidato «imputado»
María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, ha señalado que considera poco ético que Miguel Ángel Gallardo aspire a gobernar la región estando a «un paso» de sentarse en el banquillo.
En una entrevista concedida a Espejo Público de Antena 3, realizada antes de conocerse la fecha exacta del juicio, Guardiola afirmó que la situación real es que el cartel del partido en Extremadura está protagonizado por «un señor imputado y a muy poco tiempo de afrontar un juicio».