El Gobierno ha iniciado 200 investigaciones tras implementar el traslado obligatorio de 3.000 menores migrantes a la península

Madrid acusa al Ejecutivo de realizar una distribución «impuesta» y se niega a acoger a más menores migrantes ante la situación de que sus centros están «completamente saturados».

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la Conferencia Sectorial.

Desde la implementación del sistema obligatorio de reubicación de menores migrantes no acompañados el pasado 29 de septiembre —fecha en que se concretó el primer traslado—, el Gobierno ha iniciado 200 expedientes para enviar aproximadamente a 3.000 jóvenes a la península, sin especificar cuántos traslados se han llevado a cabo de forma efectiva.

«Actualmente estamos procesando las acogidas. Ya contamos con cerca de 200 expedientes de acogida desde las comunidades de origen y estamos en el procedimiento de cumplir con estos traslados. Seguimos trabajando en ello. Es cierto que este mecanismo es complejo, pues requiere la coordinación entre la comunidad de origen, la de destino y varios ministerios, pero también se está acelerando el ritmo y se realiza en condiciones adecuadas».

Así lo ha señalado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tras su participación en la Conferencia Sectorial de Infancia, donde también avanzó que el Gobierno aprobará, a pesar de la oposición del Partido Popular, el real decreto que establece garantías mínimas en todos los centros de acogida, lo cual reducirá la capacidad de estas instalaciones. «Corresponde al Gobierno aprobar este reglamento», recordó la ministra, quien añadió que «no precisa el respaldo del Congreso» para su avance, especialmente tras la ruptura de Junts. Las comunidades autónomas rechazaron debatir el texto en la Conferencia debido a que su incorporación al orden del día no había sido avalada por la comisión previa responsable de definir los puntos de la reunión.

En este contexto, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, afirmó que la insistencia de Infancia para incluir este punto en el orden del día refleja el «autoritarismo y totalitarismo» del Ejecutivo. Además, criticó al Gobierno central por imponer una distribución «forzosa» de los menores, advirtiendo que se hará responsable de cualquier incidente que pueda surgir si continúa con esta política. También expresó que sus centros están «totalmente colapsados», razón por la cual se ha negado a recibir «ningún menor adicional».

Transferencia de 13 millones de euros

En la primera Conferencia Sectorial desde que se lanzó el mecanismo de reubicación de menores migrantes no acompañados, las comunidades autónomas aprobaron una nueva transferencia de 13 millones de euros para las islas y ciudades autónomas. Canarias recibirá una transferencia adicional de 5 millones; Ceuta, 4,1; Melilla, 2,7; y Baleares, 1,2 millones para la gestión de jóvenes extranjeros bajo tutela.

En esta dirección, la consejera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia de Baleares, Sandra Fernández, consideró que la cantidad destinada a su archipiélago resulta «insuficiente» frente a los costes que implica para sus sistemas de acogida. También destacó la «incoherencia» del Gobierno central al reconocer el esfuerzo extra realizado por las islas mediterráneas, pero manteniendo su intención de derivar allí a los menores y rechazando la declaración de contingencia migratoria, que sí se aprobó para Canarias, Ceuta y Melilla.

«No pedimos la contingencia migratoria para enviar menores a otras comunidades autónomas, pero si ya se reconoce este sobreesfuerzo y la sobreocupación, lo que solicitamos es que no nos envíen a los menores», recalcó. Las llegadas a Baleares siguen aumentando considerablemente respecto al año previo.

Por su parte, la consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, defendió la ampliación de fondos para abrir nuevas plazas de acogida ya establecida. «Es necesaria una fuente sólida de financiación para abordar esta problemática», afirmó. Canarias también ha reclamado al Estado «más recursos humanos» para garantizar la continuidad y eficacia del proceso de traslados: «Desde la declaración de contingencia migratoria del 29 de agosto, Canarias ha recibido más de 140 menores, de los cuales solo han salido 16. Esta cifra resulta insuficiente», puntualizó.

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