Por primera vez, el acoso escolar aparece registrado como delito en la Memoria anual. Se destaca la discrepancia en la información reportada por las CCAA, «que va desde cero casos en Madrid hasta 414 en la Comunidad Valenciana».
La Fiscalía General del Estado registró 1.196 casos de acoso escolar en 2024, según consta en la ‘Memoria de la Fiscalía del 2025’. Desde la Fiscalía alertan que el «uso excesivo y poco adecuado de las tecnologías impacta especialmente en el acoso escolar, en casos como el ciberbullying, donde se incrementan los delitos contra la integridad moral».
Además, la Fiscalía observó una influencia perjudicial en los menores «por el consumo temprano de contenidos pornográficos y la influencia de influencers que promueven conductas autolíticas o que representan un grave riesgo para la salud».
Con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, Ramón Novella, responsable del área de Educación de Profesionales por la Ética, advirtió que «cada caso de acoso es un fracaso colectivo: de las instituciones, los adultos y la sociedad que no ha protegido a los más vulnerables. Es imprescindible reforzar la prevención, detectar tempranamente y proteger realmente al menor, tanto en el entorno escolar como familiar. Ningún niño debe sentirse solo ni creer que no tiene salida».
«Se recuerda a los padres la relevancia de construir relaciones de confianza con sus hijos a partir de la atención, la comunicación y el afecto. Se solicita a los centros educativos sensibilidad para identificar las situaciones de acoso y diligencia para actuar conforme a los protocolos establecidos», afirmó Novella. En relación con los datos de la Fiscalía, destacó que «es relevante que el acoso escolar quede recogido por primera vez como delito de manera específica».
Por otra parte, la información reportada por comunidad autónoma es muy dispar, fluctuando desde cero casos en Madrid hasta 414 en la Comunidad Valenciana», indicó. En este sentido, «se solicita a las autoridades garantizar un criterio y reporte uniforme a nivel nacional que facilite un seguimiento adecuado del acoso escolar».
Desde Profesionales por la Ética «ratifican su compromiso en la defensa de la dignidad de todos los menores, solicitando a autoridades, educadores y familias actuar en conjunto, con valor y compasión».
Familias de niños y niñas que fallecieron por suicidio tras denunciar casos de bullying se manifestaron ayer frente al Congreso de los Diputados, criticando el «abandono» sufrido por parte de la Administración pública.
La concentración, convocada por la Asociación Trencats Contra las Violencias en las Escuelas, tuvo como objetivo exigir a los responsables políticos la pronta aprobación de una Ley Integral contra el Acoso Escolar que garantice la protección efectiva de los derechos de los menores en los centros educativos.