Presenta una denuncia ante la Comisión Europea, la Comisión de Venecia y la Comisión de Libertades de la UE por lo que considera ataques del Ejecutivo a la independencia judicial y al Estado de Derecho
Hazte Oír ha presentado una denuncia oficial ante la Comisión de Venecia, la Comisión Europea y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo para alertar sobre un «ataque total del Gobierno de Pedro Sánchez contra la Justicia española».
La entidad sostiene que existe «un plan premeditado» para subordinar a los jueces, controlar los tribunales y eliminar la independencia judicial. Según Hazte Oír, el Gobierno socialista está conduciendo a España hacia una situación de «riesgo institucional extremo», incompatible con los valores europeos y el propio Estado de Derecho. Afirman que «Sánchez intenta convertir la Justicia en una extensión del Gobierno».
Hazte Oír ha enviado esta denuncia a las tres instituciones europeas solicitando «una respuesta inmediata». Aunque la Comisión de Venecia no forma parte formalmente de la Unión Europea, la organización decidió incluirla debido a «las severas advertencias» emitidas por este órgano y el informe GRECO – Grupo de Estados contra la Corrupción – que ya señalaron el grave deterioro institucional y la politización del poder judicial en España.
La denuncia de Hazte Oír manifiesta que «Sánchez no se limita a colocar a sus aliados en las instituciones judiciales: ahora quiere silenciar a los jueces y eliminar cualquier voz que defienda el Estado de Derecho», y detalla las dos iniciativas que, en su opinión, representan el ataque del Gobierno.
Por un lado, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, conocida como Ley Bolaños, que busca «reducir el papel de los jueces de instrucción y transferir poder a una Fiscalía subordinada al Ejecutivo, abriendo la puerta a la manipulación de los procesos penales».
Por otro lado, la denominada «Ley del Silencio Judicial» o «Ley Mordaza Judicial», conocida el pasado domingo, «que pretende prohibir a los magistrados manifestar públicamente su defensa del Estado de Derecho».