El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha solicitado al Ministerio del Interior que proporcione a un ciudadano el informe policial sobre una intervención vinculada a encuentros de ‘chemsex’.
El individuo, detenido en Chueca durante la pandemia, pide este informe para valorar si existió una criminalización discriminatoria basada en la orientación sexual y el consumo de drogas.
El procedimiento fue archivado debido a que las cantidades de droga incautadas se consideraron para consumo personal, pese a que la policía identificó erróneamente GBL como GHB, algo que el afectado señala como una práctica común.
Organizaciones y el propio afectado cuestionan la criminalización policial del chemsex y la confusión de sustancias, denunciando discriminación hacia los colectivos LGTB.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha requerido al Ministerio del Interior la entrega a un ciudadano de un informe que documenta una actuación policial contra reuniones de chemsex.
Este término en inglés se refiere a las sesiones sexuales grupales entre hombres bisexuales u homosexuales que incluyen consumo de sustancias.
Según una resolución a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL, el CTBG considera que el ciudadano, arrestado en la operación policial, tiene derecho a recibir una copia del informe.
Pese a ello, Interior se ha negado a proporcionarla, motivando que la persona afectada presente una reclamación ante la ONU y el mismo ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska.
Este medio ha podido obtener el informe, solicitado por el joven para determinar si los agentes que le detuvieron incurrieron en una «criminalización selectiva, amparada en la lucha contra las drogas».
La detención ocurrió en un portal del distrito de Chueca, zona reconocida por su alta presencia LGTB en Madrid, a la que el detenido acudió tras ser contactado a través de la aplicación Grindr.
El hecho tuvo lugar el 21 de octubre de 2020, en plena vigencia de restricciones sanitarias por la pandemia de Covid-19.
Un día después, el informe dio inicio a un procedimiento judicial, cuyo sumario ha sido revisado por EL ESPAÑOL. Sin embargo, meses después, el caso fue archivado el 6 de mayo de 2021.
Tres agentes encubiertos arrestaron al joven cuando, según sus declaraciones, se dirigía a un encuentro de chemsex. Portaba pequeñas cantidades de droga en una riñonera, motivo por el cual fue investigado por un presunto delito contra la salud pública.
No obstante, la Fiscalía Provincial de Madrid destacó en su informe que «las cantidades incautadas no exceden lo que se considera consumo personal».
En consecuencia, en abril de 2021 el fiscal solicitó el archivo del caso, lo cual fue aprobado días después por la jueza Inmaculada Lova.
Sin embargo, en el informe que Interior se rehúsa a entregar, los policías manifestaron tras inspeccionar visualmente que la droga encontrada superaba el límite permitido por la ley.
El atestado
El solicitante del informe, con quien ha contactado EL ESPAÑOL, justificó su petición alegando la «creciente inquietud social y mediática respecto a ciertas prácticas policiales en la investigación de delitos contra la salud pública en espacios privados o en relación con colectivos vulnerables».
Su intención, informó a Transparencia, era «evaluar» la intervención policial y examinar «bajo qué criterios y métodos se aplican las funciones de seguridad pública» contra los encuentros de chemsex.
La droga confiscada se encontraba en tres bolsitas y un frasco con líquido, específicamente llevaba ketamina (0,197 gramos), metanfetamina (0,680 gramos), MDMA (0,209 gramos) y GBL (18 mililitros).
Las últimas siglas hacen referencia a la Gamma butirolactona. Según la Policía, esta sustancia «se considera precursor de Gamma hidroxibutirato (GHB)» al disolverse en agua o ingerirse.
La Policía persigue la posesión de GHB, principalmente en contextos de chemsex. Sin embargo, la sustancia que portaba el joven era GBL.
En los documentos judiciales a los que accedió EL ESPAÑOL, los agentes que efectuaron la detención identificaron erróneamente el frasco de cristal como GHB, cuando se trataba de Gamma butirolactona.
Éste era precisamente uno de los puntos cuestionados por el reclamante, ya que la Policía habitualmente confunde ambas sustancias. El GBL no está prohibido por la ley.
En su denuncia ante la ONU, el joven argumenta además que la Policía criminaliza el chemsex, pese a tratarse de una práctica «privada y consentida», que se desarrolla «en la intimidad sexual» y se fundamenta en «el placer, el sentido de comunidad y la búsqueda de conexión».
También criticó ante Naciones Unidas que la Policía española equipare de modo «arbitrario» GHB y GBL, denuncia respaldada por un informe de la asociación Aleph, dedicada a desmontar el paradigma negativo vigente sobre el consumo de drogas en contextos sexuales y a evitar su persecución penal.
EL ESPAÑOL contactó con el joven solicitante del informe, quien es investigador en dicha asociación.
«En estas intervenciones, se criminaliza basándose en aspectos como la apariencia homosexual, la presencia en lugares frecuentados por el colectivo gay —como discotecas o saunas— o en espacios privados donde se consume drogas con fines sexuales, asumiendo erróneamente que el consumo implica tráfico», denuncia.
«La Policía valora el GBL como si fuera GHB, convirtiendo mililitros en gramos y elevando su valor a miles de euros, cuando un frasco cuesta alrededor de veinte euros y puede adquirirse legalmente en el mercado», lamenta.
«Además, se aplican límites de consumo muy bajos —0,3 gramos para metanfetamina o mefedrona frente a 7,5 gramos para cocaína— lo que provoca detenciones automáticas por posesión, a pesar de que el consumo de drogas no es delito en España», añade.