La decisión más reciente de la magistrada fue rechazar el último recurso presentado por la defensa de David Sánchez, en un intento por lograr su absolución.
La juez Beatriz Biedma ha cesado oficialmente en su labor dentro del proceso abierto contra el hermanísimo. Esto ocurrió el martes al mediodía, cuando concluyó la resolución del último documento presentado por la defensa de David Sánchez Pérez-Castejón, que sostenía la inocencia del músico y solicitaba que no se consideraran en el juicio oral los 8.217 correos electrónicos intervenidos a los investigados (4.492 pertenecientes a David ‘Azagra’). Por enésima vez, Biedma rechazó la petición de absolución planteada por Emilio Cortés, abogado del músico.
De manera similar, en días anteriores desestimó los escritos de varios de los 11 acusados, entre ellos el ex asesor de Moncloa, Luis Carrero, quien en un último intento pidió ser excluido del juicio. Carrero está acusado de haber obtenido supuestamente de forma irregular una plaza en la Diputación de Badajoz en 2023, años después de que su amigo a quien llamaba «mi querido hermanito» en los correos, consiguiera en 2017 un puesto como coordinador de actividades musicales, cargo que luego fue transformado («por gusto personal», según la jueza) en Jefe de la Oficina de Artes Escénicas, donde Carrero actuó como su asistente.
Ambos renunciaron a sus cargos en el organismo provincial tras el revuelo provocado por el caso, al igual que el líder socialista extremeño, Miguel Ángel Gallardo, a quien Biedma considera principal responsable de las adjudicaciones por su rol como presidente de la Diputación de Badajoz durante esos años. Bajo la sombra del procesamiento, Gallardo encabezará la candidatura del PSOE para las elecciones anticipadas en Extremadura, programadas para el 21 de diciembre. Todos los acusados afrontarán cargos por prevaricación y tráfico de influencias, junto a otros altos cargos de la institución. Actualmente, el caso está en manos de la Audiencia Provincial, que debe fijar la fecha de inicio del juicio oral, teniendo en cuenta el calendario de otros procesos pendientes, estimando que no será antes del primer trimestre de 2026 como mínimo.
Desde ayer, Beatriz Biedma ya no tiene responsabilidad en este proceso, que asumió a finales de mayo de 2024 tras la denuncia inicial presentada por el sindicato Manos Limpias, convertida eventualmente en querella, en el Juzgado de Instrucción nº3 de Badajoz. Lo que empezó como un trámite aparentemente sencillo para los acusados fue transformándose en una investigación compleja, gracias a diversas medidas adoptadas por la jueza, quien se encontró prácticamente sola y sin apoyo, enfrentando numerosos obstáculos para mantener el avance de la averiguación. A los dos meses de asumir el caso, al percatarse de que la Diputación de Badajoz no solo demoraba el envío de la documentación requerida sino que en ocasiones se negaba a entregarla, ordenó un registro a la institución por parte de la UCO para incautar correos electrónicos corporativos de los implicados, incluido David Sánchez y Gallardo, extendiendo la pesquisa también al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, donde el candidato socialista había ejercido como alcalde.
La Guardia Civil fue el único respaldo que la magistrada tuvo durante la investigación, que meses después vio cómo la fiscal encargada del caso cambió completamente su postura, oponiéndose firmemente a sus decisiones judiciales, tras haberlas respaldado inicialmente. Durante las declaraciones de testigos se reveló que una candidata a la plaza de David Sánchez había denunciado vía correo electrónico a la fiscal sobre su experiencia durante la entrevista decisiva para la adjudicación («no me hicieron preguntas») y que además el director del Conservatorio de Plasencia le advirtió previamente que el puesto «ya estaba adjudicado» y que no participara en la convocatoria. La fiscal no respondió ni abrió investigación alguna, justificándose ante la testigo en sala con la frase «me llegan muchos correos al día», lo que fue criticado por esta última.
Gracias a la incautación de correos se descubrió también que, el día que se publicaron las bases para la plaza (mayo de 2017), los directores de ambos conservatorios de Badajoz intercambiaron emails bajo el título «el hermanísimo». En ese momento no se conocía quiénes optarían al puesto porque la convocatoria aún no se había abierto. Las inconsistencias resultaron evidentes durante las pruebas testimoniales. Los investigados arribaron el primer día—9 de enero—convencidos de que la juez pronto cerraría el caso, pero ocurrió lo contrario. La declaración de David Sánchez, sometido al exhaustivo interrogatorio de Biedma, reveló su incapacidad para identificar siquiera la ubicación de la Oficina de Artes Escénicas donde trabajaba, lo que dio un giro a la investigación, la cual, sin embargo, no pudo determinar si existió enriquecimiento ilícito o si Sánchez se aprovechó de su residencia en Elvas (Portugal) pese a trabajar en Badajoz, dado que Hacienda en Extremadura reconoció falta de medios para investigar. Previamente, habían remitido a la jueza un informe sin firma ni fecha, un hecho «inédito» según recriminó Biedma durante su declaración, mencionada específicamente por esta anomalía.
Durante la investigación se supo también, por audios difundidos, que Biedma era blanco de ataques de ‘la fontanera’ del PSOE, Leire Díez, quien se unió a un ex juez de Badajoz, José Luis Sáenz de Tejada, expulsado de la judicatura por una condena por malos tratos contra su esposa, también jueza. La estrategia para sabotear la causa incluyó intentos de apartar a Biedma del proceso; el ex magistrado, ahora abogado, presentó contra ella varias denuncias que no prosperaron. También trató de personarse en el caso, pero ni la jueza ni la Audiencia de Badajoz se lo permitieron. Además, contactaron con el ex presidente del Badajoz, Joaquín Parra (quien había sido cliente del abogado Sáenz de Tejada), para obtener información privada sobre la jueza. Parra no se dejó envolver y grabó las conversaciones con la ‘fontanera’. Este acoso contra Biedma fue denunciado y se espera que la justicia investigue.
Otro episodio destacado en esta instrucción fue cuando Miguel Ángel Gallardo intentó apartar a la juez del caso. Para ello, y «en fraude de ley», según la propia Biedma y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, logró que cinco miembros de su partido dimitieran para beneficiarse del llamado ‘aforamiento exprés’, obteniendo un puesto en la Asamblea de Extremadura, con la intención de que la causa pasara a una instancia superior y dejara de ser instruida por la magistrada cordobesa. No lo logró. El proceso siguió adelante hasta ayer, cuando finalmente concluyó la labor de esta juez tenaz.