El Senado, impulsado por el PP, ha presentado al Gobierno una serie de preguntas relativas al retroceso de la libertad de prensa en España tras el ataque sufrido por el periodista José Ismael Martínez en Pamplona.
El Consejo de Europa ha solicitado una investigación ágil y completa sobre el incidente, otorgando al Gobierno español un plazo de cuatro meses para informar sobre las acciones emprendidas.
El PP denuncia la ausencia de una protección eficaz para los periodistas y advierte que la repetición de agresiones puede perjudicar la imagen internacional de España en cuanto a derechos fundamentales.
A pesar de la condena realizada por el Gobierno de Navarra, el presidente Pedro Sánchez y sus ministros no han manifestado una condena explícita ante la agresión, hecho que ha provocado críticas por parte de la oposición y organismos europeos.
El Grupo Parlamentario del PP en el Senado muestra preocupación por el deterioro de la libertad de expresión en España reflejada por el Consejo de Europa, a raíz de la reciente agresión al periodista de EL ESPAÑOL José Ismael Martínez en Pamplona.
Mediante un conjunto de preguntas por escrito dirigidas al Gobierno, a las que este medio ha tenido acceso, los populares evidencian la insuficiente protección efectiva de los profesionales de la comunicación en España.
En esta iniciativa, el senador José Antonio Monago demanda respuestas sobre «cómo abordará el Ejecutivo los requerimientos» del Consejo de Europa y «qué medidas concretas» se implementarán para proteger la seguridad de los periodistas.
El Consejo de Europa emitió una alerta oficial a raíz de la grave agresión sufrida por el reportero de este medio, en Pamplona, el pasado 30 de octubre. Este ataque «agrava las preocupaciones internacionales sobre la protección efectiva de los periodistas en España», según destaca el PP.
La Plataforma para la Seguridad de los Periodistas del Consejo de Europa exigió una «investigación rápida y exhaustiva» del suceso, así como la «identificación y procesamiento» de los responsables.
Martínez fue agredido varias veces por un grupo de manifestantes encapuchados mientras cubría los disturbios ocurridos en la Universidad de Navarra, entre asistentes a una charla de Vito Quiles y un grupo autodenominado ‘antifascista’.
Los manifestantes, simpatizantes de grupos ‘abertzales’ radicales, insultaron al periodista antes de agredirlo físicamente.
El ataque aconteció cuando Martínez filmaba a unas 300 personas que protestaban contra la conferencia del activista de extrema derecha. El periodista logró escapar y fue protegido por la policía presente en el campus.
Plazo de cuatro meses
El Consejo de Europa estableció un plazo de cuatro meses para que el Gobierno español entregue un informe detallado. Las autoridades deben informar sobre las medidas aplicadas antes del 3 de febrero de 2026.
Esta solicitud enfatiza la responsabilidad de garantizar la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas, elementos esenciales del Estado de derecho.
El Grupo Parlamentario del PP presentó estas preguntas dirigidas al Ejecutivo en el Senado, planteando cuestiones precisas. La primera pregunta se refiere a cómo valora el Gobierno el aviso del Consejo de Europa y qué acciones se han tomado para cumplir con el plazo establecido.
La segunda consulta destaca el prestigio y la credibilidad de España en el extranjero: «¿Considera el Gobierno que la repetición de incidentes contra periodistas puede dañar la imagen internacional de España respecto a los derechos fundamentales y la libertad de expresión?».
Alicia García, líder del PP en el Senado, afirma que «la prensa debe ejercer su labor en total libertad y para ello es indispensable brindar máxima seguridad en los momentos de riesgo».
En declaraciones a EL ESPAÑOL, García señala que «todo el Gobierno está fallando, ocurre cuando atacan a periodistas por difundir información incómoda y el ministro Marlaska no garantiza su protección».
García advierte además sobre un patrón de comportamiento: «La última víctima fue un periodista de EL ESPAÑOL, pero no es el primero ni un hecho aislado«, subraya. La líder popular recuerda que «la UE ha alertado al Gobierno» sobre esta problemática creciente.
Las demandas del PP son claras: una protección eficaz para los periodistas. García enfatiza que los informadores «son unos de los pilares fundamentales de la democracia«. Por ello, «exigen al Gobierno que garantice la seguridad de los periodistas», concluyó.
El Gobierno de Navarra ya ha condenado estos hechos, calificándolos como «totalmente incompatibles con la democracia». Sin embargo, ni el presidente Pedro Sánchez ni ninguno de sus ministros han expresado un rechazo explícito a la agresión.
Esta ausencia de respuesta resulta significativa dado que una institución europea debió intervenir para pedir medidas de protección para la prensa española.