ERC y Junts sostienen que la detención de Junqueras, Turull y Sànchez fue una medida con fines políticos, a pesar del fallo contrario emitido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
El TEDH desestimó que la prisión preventiva aplicada a los líderes independentistas antes del juicio del 1-O fuera ilegítima o arbitraria, confirmando así la decisión del Tribunal Supremo.
Los grupos independentistas aseguran que continuarán su batalla contra lo que califican de represión y mantienen expectativas en otros organismos internacionales como el TJUE y la ONU.
ERC reafirma su compromiso de implementar efectivamente la ley de amnistía para beneficiar a otros dirigentes separatistas, como Carles Puigdemont.
ERC y Junts reiteraron este jueves que la encarcelación de Oriol Junqueras, Jordi Turull y Jordi Sànchez antes del juicio por el 1-O fue producto de una decisión «política» y una forma de «represión», pese a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado esa posición.
El TEDH rechazó las apelaciones de Oriol Junqueras (ERC), Jordi Turull (Junts) y Jordi Sànchez (expresidente de la ANC) en contra del fallo del Tribunal Supremo que negó su libertad para que pudieran ocupar sus cargos de diputados autonómicos tras las elecciones catalanas de diciembre de 2017.
En ese periodo, los tres líderes seguían en prisión preventiva, a la espera del juicio del Supremo relacionado con el referéndum ilegal del 1-O. Finalmente, en octubre de 2019 fueron condenados por sedición y, en el caso de Junqueras y Turull, también por malversación de fondos públicos.
A pesar del fallo del TEDH, el secretario general de Junts, Jordi Turull, reafirmó hoy que su encarcelamiento fue motivado por razones políticas dirigidas a desmantelar el movimiento independentista.
«Solo deseo que nadie pase por esta situación, incluso aquellos con ideas políticas opuestas», declaró.
En declaraciones a los medios en los pasillos del Parlament, Turull atribuyó la decisión del TEDH a que la Abogacía del Estado ha trabajado jurídicamente para justificar lo que originalmente fue una medida política.
Turull declaró que «respeta» el veredicto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque no está de acuerdo con él.
«Indudablemente lo volvería a hacer«, expresó el secretario general de Junts en referencia al intento independentista del 1-O contra la Constitución, «y haremos lo necesario para enfrentar a esos jueces que actúan como justicieros contra el independentismo. Esta batalla la seguiremos dando», añadió, según lo recogido por Efe.
Por su parte, ERC publicó un comunicado en el que asegura que mantendrá la «lucha antirrepresiva en todos los ámbitos«, a pesar del revés que supuso la resolución del TEDH.
«Aunque el TEDH rechazó las demandas de los líderes independentistas, estas razones sí han sido aceptadas en otros procesos como los del Comité de Derechos Humanos de la ONU y el grupo sobre detenciones arbitrarias», señalaron los republicanos.
El partido de Oriol Junqueras sostiene que la disputa legal continúa «abierta» y confía en un fallo favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Asimismo, ERC reafirma su intención de avanzar para que la ley de amnistía se implemente de manera completa y beneficie a otros líderes separatistas, incluyendo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
En una resolución de 51 páginas publicada este jueves, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) no detecta indicios de «ilegalidad o arbitrariedad» en la decisión del Tribunal Supremo de encarcelar a Junqueras, Turull y Sànchez mientras aguardaban el juicio por el 1-O.
La sentencia destaca que los tres denunciantes enfrentaban «procesos penales por delitos graves«, y por ello «no podía razonablemente esperarse que participaran en las elecciones sin limitaciones».
La Corte de Estrasburgo concluyó que las restricciones al ejercicio de cargos representativos impuestas por el juez Llarena «no fueron arbitrarias» y «resultaron proporcionadas, considerando, entre otros elementos, la gravedad de los delitos implicados y el perjuicio a los valores esenciales del Estado de derecho».