Álvaro García Ortiz rechaza haber divulgado un correo electrónico que implica al novio de Isabel Díaz Ayuso en presuntos delitos fiscales.
La defensa de García Ortiz cuestiona la investigación por considerar que es «inquisitiva» y vulnera derechos fundamentales del acusado.
El proceso judicial se centra en la supuesta revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado y en las críticas hacia la instrucción del caso.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha rechazado que él haya sido quien filtró a la prensa el correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador admitía que su cliente, pareja de Isabel Díaz Ayuso, cometió dos delitos fiscales.
Este lunes comenzó la sesión inicial del juicio contra García Ortiz, acusado por un presunto delito de revelación de secretos.
El fiscal general del Estado contestó de manera tajante con un «no» a la pregunta del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, quien le interrogó: «¿Se considera responsable de los delitos que se le imputan?».
En esta primera sesión se llevó a cabo el trámite de cuestiones previas. La defensa de García Ortiz, representada por la Abogacía del Estado, criticó duramente la instrucción, tildándola de «inquisitiva» y señalando su «orientación prejuiciosa» contra el acusado.
Según la exabogada general del Estado, Consuelo Castro, la indagación bajo la dirección del juez del Supremo Ángel Hurtado ocasionó «indefensión» a García Ortiz y violó de forma grave sus derechos fundamentales.
Por ello, solicitó la nulidad del procedimiento debido a la «absoluta falta de motivación» que observa en varias resoluciones dictadas por el instructor.
En particular, se refirió a la resolución que autorizó la entrada y registro en el despacho de García Ortiz localizado en la sede de la Fiscalía General del Estado.
Castro afirmó que dicha actuación «vulneró gravemente los derechos a la vida privada, la privacidad, la intimidad y el secreto de las comunicaciones».
A finales de octubre de 2024, el juez Hurtado también ordenó examinar el contenido de los dispositivos electrónicos del fiscal general desde el 8 de marzo hasta el 15 de octubre de ese año, aunque luego redujo este plazo a solo siete días.
La filtración del correo electrónico ocurrió, presumiblemente, la noche del 13 de marzo del año anterior. Coincide con el momento en que García Ortiz solicitó los correos intercambiados entre el fiscal Julián Salto, encargado de la causa por fraude fiscal contra González Amador, y el abogado de este.
Esta solicitud se realizó porque la Fiscalía General del Estado pretendía desmentir una noticia de El Mundo, publicada a las 21:29 del 13 de marzo, que afirmaba que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo de conformidad para luego retirarlo.
Al día siguiente por la mañana, la Fiscalía publicó un comunicado explicando el desarrollo de las negociaciones, incluyendo extractos de las conversaciones entre Carlos Neira, abogado de González Amador, y el fiscal Salto.
Durante su intervención, la defensa de García Ortiz criticó que «todas las diligencias aprobadas por el instructor [Ángel Hurtado] estuvieron orientadas a demostrar la culpabilidad» de García Ortiz en lugar de buscar también pruebas exculpatorias.
Asimismo, la exabogada general del Estado justificó que García Ortiz borrara el contenido de su teléfono, amparándose en el «protocolo de seguridad» vigente en la Fiscalía General del Estado.
Por su parte, la fiscal a cargo de este caso, Ángeles Sánchez Conde, adjunta número dos de García Ortiz, respaldó todos y cada uno de los argumentos de la defensa de su superior.
Por otra parte, la acusación particular –defensa de González Amador– y las asociaciones populares (Manos Limpias, Foro Libertad y Alternativa, así como la Asociación Profesional Independiente de Fiscales) rechazaron las cuestiones previas planteadas tanto por la defensa de García Ortiz como por la Fiscalía.
Gabriel Rodríguez Ramos, abogado penalista que representa a González Amador en este proceso, afirmó que, en general, las diligencias ordenadas por el instructor fueron con frecuencia respaldadas por la Sala de Apelación del Supremo.
Víctor Soriano, representante de Manos Limpias, remarcó que «a lo largo de la instrucción no han aparecido alternativas verosímiles y racionales que cuestionen la culpabilidad de García Ortiz».
Fernando García-Capelo, abogado de Foro Libertad y Alternativa, expresó: «Cuando aseguran que solo se buscaron pruebas incriminatorias, están implicando que en esos móviles [los de García Ortiz, que el juez ordenó analizar] existían elementos que podrían demostrar su culpabilidad».
Juan Antonio Frago, en representación de APIF, señaló que «la instrucción no pudo ser más rigurosa. No se registró la vivienda del acusado, lugar donde, muy posiblemente, se cometió el hecho que se juzga».
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