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Más de 120 personas perdieron la vida y 81 fueron arrestadas el pasado martes en una operación conjunta de la Policía Civil y Militar de Río de Janeiro contra el grupo Comando Vermelho (CV) en los complejos Alemão y Penha de dicha ciudad brasileña.
Entre las víctimas fatales se encuentran cuatro agentes policiales, informó la Policía Civil. Además, se registraron casos de policías y vecinos del área heridos por disparos.
La acción contó con la participación de cerca de 2.500 efectivos de seguridad de Río de Janeiro, quienes ejecutaron 100 órdenes de arresto en una extensión de 9 millones de metros cuadrados.
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, calificó la operación como «el mayor despliegue de las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro».
No obstante, el elevado número de muertos generó críticas a nivel nacional e internacional.
El Ministerio Público y la Defensoría Pública Federal solicitaron explicaciones al gobernador, mientras que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó estar «horrorizada» por la cantidad de víctimas.
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Sobre la operación
Esta operación forma parte de un plan del gobierno de Río de Janeiro para frenar la expansión del Comando Vermelho, una de las bandas de narcotráfico más extensas en Brasil.
«La acción inició con la ejecución de órdenes judiciales, respaldada por una investigación que duró más de un año y fue planificada durante más de 60 días», explicó el gobernador en rueda de prensa el martes.
«Se trató de un operativo estatal contra narcoterroristas, pues quienes cometen estos actos son narcoterroristas», añadió.
Participaron en la acción unos 2.500 agentes del Comando de Operaciones Especiales de la Policía Militar (COE) y todas las comisarías especializadas de la Policía Civil.
Según declaraciones de Castro, en el operativo se confiscó más de un centenar de rifles, además de una gran cantidad de sustancias ilegales.
Las clases en numerosas escuelas y universidades fueron suspendidas, y varias líneas de transporte público dejaron de funcionar mientras duraron los enfrentamientos.
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Qué es Comando Vermelho
La organización Comando Vermelho surgió en una prisión de Río de Janeiro en la década de 1970, como un grupo de autodefensa para internos, según InSight Crime, entidad que investiga el crimen organizado en América Latina.
Con el tiempo, el grupo se involucró en el tráfico de cocaína y se consolidó como una organización criminal que mantiene su influencia en los barrios más empobrecidos de Río de Janeiro.
Una investigación reciente indica que el Comando Vermelho tiene presencia en los 26 estados de Brasil.
Entre los arrestados en la operación del martes se encuentran cabecillas del Comando Vermelho implicados en el tráfico de drogas en la zona. La captura de Thiago do Nascimento Mendes, alias Belão, fue anunciada durante la conferencia del gobernador Castro.
También fue detenido Nicolas Fernandes Soares, identificado como el operador financiero de uno de los líderes del narcotráfico.
Los enfrentamientos con policías tuvieron lugar principalmente en zonas con abundante vegetación, donde los delincuentes intentaron bloquear vías clave como la Avenida Brasil, detalló el gobernador.
Todos los batallones de Río de Janeiro permanecen en alerta máxima ante posibles represalias.
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El martes por la mañana, según indicaron las autoridades, los delincuentes usaron drones para arrojar explosivos y atacar a la policía.
También fueron observados huyendo en fila durante el operativo, mientras que otros establecieron barricadas con vehículos incendiados previamente.
La Policía Militar desplegó toda su plantilla en las calles, suspendiendo las tareas administrativas.
Castro resaltó la importancia de la «tecnología, la estrategia y la inteligencia» para el logro del operativo, pero criticó la falta de respaldo del gobierno federal.
«Nuestras policías están aisladas… lamentablemente, una vez más, no contamos con apoyo de blindados ni de agentes federales de seguridad o defensa», lamentó.
«Río de Janeiro está completamente desamparado», denunció.
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En respuesta a las declaraciones del gobernador, el Ministerio de Justicia y Seguridad aclaró en una nota enviada a BBC News Brasil que mantiene su actividad en Río de Janeiro desde octubre de 2023 y que la operación estará vigente hasta el 16 de diciembre con posibles renovaciones.
Además, el organismo indicó que el Ministerio de Justicia ha respondido a todas las peticiones del gobierno de Río para el despliegue de la fuerza nacional en apoyo a la seguridad pública estatal y federal.
«Desde 2023, se han realizado 11 solicitudes para renovar la presencia de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública en Río, todas aprobadas», aclararon.
Por su parte, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, afirmó que el gobierno federal nunca ha negado apoyo a las autoridades regionales.
«No he recibido ninguna solicitud del gobernador para esta operación, ni ayer ni hoy, absolutamente ninguna», afirmó.
La operación «más letal»
Este tipo de sucesos no son aislados en Río de Janeiro. En 2024, aproximadamente 700 personas fallecieron en operaciones policiales, casi dos diarios.
Sin embargo, esta última acción policial es la más mortal reportada en la región metropolitana de Río desde 1990, según el Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos de la Universidad Federal Fluminense.
Este grupo de análisis apunta que los tres operativos policiales más sangrientos ocurrieron durante la administración del gobernador Castro, incluyendo este reciente. Los otros dos tuvieron lugar en mayo de 2021, con 27 civiles y un policía muertos, y en mayo de 2022, con 23 fallecidos.
Desde enero de 2007 hasta octubre de 2025, el grupo registró 707 operaciones policiales con muertes en la región metropolitana, resultando en 2.905 civiles y 31 policías fallecidos.
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«Estos datos evidencian que las masacres policiales son una constante, no una excepción, en el estado de Río de Janeiro», concluyeron los investigadores de la UFF.
De acuerdo con el grupo, esta política de seguridad basada en operativos policiales en las favelas, además de implicar costos elevados, «ha probado ser ineficaz para controlar el crimen, puesto que no reduce la delincuencia ni frena el avance del control armado territorial».
Un reporte publicado en 2024 por el diario O Globo reveló que, en años recientes, el Comando Vermelho ha tomado el control de decenas de áreas en Río de Janeiro donde, hace una década, no existía presencia del crimen organizado.
«La repetición de incursiones policiales armadas con tiroteos en territorios densamente poblados revela la negligencia del Estado en la protección de vidas negras y de las favelas», afirmaron.
La delincuencia sigue siendo una de las preocupaciones principales para los brasileños, especialmente para quienes viven en Río. Un estudio publicado en abril por Datafolha indicó que el 58% de los ciudadanos percibe un aumento en la inseguridad.
Aunque en 2024 la tasa de homicidios en el país descendió más de un 5%, logrando 44.127 casos, otros delitos como el fraude, robos y violaciones aumentaron, según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública.
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El operativo desarrollado el martes generó críticas tanto a nivel nacional como internacional.
Para Isabelly Damasceno, integrante de la ONG Movimentos, no es válido considerar que la actuación policial haya sido exitosa.
«Los operativos violentos en Río de Janeiro no son novedad para quienes vivimos en la periferia. Sin embargo, no podemos normalizar un operativo que causó la muerte de más de 60 personas», comentó Damasceno.
«Esta estrategia gubernamental no puede considerarse una política de seguridad, sino una política de exterminio. Un operativo que requiere matar a 60 personas no es inteligente ni eficaz», añadió, antes de que se confirmara que la cifra superaba las 100 víctimas.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que «esta operación letal refuerza la tendencia hacia consecuencias extremadamente fatales derivadas de operaciones policiales en comunidades marginadas de Brasil».
Recordando a las autoridades «sus obligaciones bajo el derecho internacional de los derechos humanos», esta oficina dirige a Brasil la exigencia de una indagación «rápida y efectiva» sobre los hechos.
La organización Human Rights Watch también expresó críticas hacia el operativo.
«La sucesión de operativos mortales que no generan mayor seguridad para la población, sino que en realidad provocan más inseguridad, evidencia el fracaso de las políticas en Río de Janeiro», afirmó César Muñoz, coordinador de HRW en Brasil.
«Río necesita una política pública de seguridad que deje de incentivar enfrentamientos que perjudican a residentes y policías», agregó.
*con información de Juan Francisco Alonso
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