El ejército estadounidense eliminó a 14 individuos durante ataques a cuatro embarcaciones presuntamente cargadas con drogas en el Pacífico, informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Después de estos ataques, la Armada de México realizaba la búsqueda de un único sobreviviente a aproximadamente 600 km de la ciudad de Acapulco, en la costa del Pacífico.
Este hecho se suma a una serie de ataques contra barcos que, según Estados Unidos, estaban transportando drogas tanto en el Pacífico como en el Caribe.
Los recientes ataques en el Pacífico oriental, que Hegseth afirmó ocurrieron el lunes bajo la orden del presidente Donald Trump, representan una intensificación de lo que se ha definido como una campaña para bloquear el ingreso de narcóticos a Estados Unidos.
Tensión en la región
Estos ataques han motivado críticas en la región y especialistas han cuestionado su validez legal. Legisladores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, han manifestado inquietudes y han puesto en duda la facultad presidencial para emitir tales órdenes.
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, expresó en su rueda de prensa matutina: "No avalamos estos ataques".
Además, indicó que había solicitado al secretario de Relaciones Exteriores y a representantes de la Armada reunirse con el embajador estadounidense.
«Buscamos que se respeten todos los tratados internacionales», añadió.
Al menos 57 personas han fallecido en estos ataques, lo que ha intensificado las tensiones entre Estados Unidos y las administraciones de Colombia y Venezuela.
La mayoría de estas operaciones se han concentrado en las costas sudamericanas del Caribe, pero recientemente Estados Unidos ha dirigido su atención al Pacífico.
En un anuncio en X, Hegseth afirmó que los cuatro barcos atacados el lunes «eran identificados por nuestros servicios de inteligencia, navegaban por rutas reconocidas del narcotráfico y transportaban narcóticos». Añadió que en el primer ataque murieron ocho «narcoterroristas». En los dos ataques siguientes, fallecieron cuatro y tres personas, respectivamente.
Solo una persona sobrevivió a estos ataques. Hegseth declaró que las autoridades mexicanas de búsqueda y rescate «aceptaron el caso y asumieron el mando para coordinar la operación de rescate».
No se tiene información sobre la condición o ubicación actual del sobreviviente. La Armada de México informó en un comunicado que movilizó una lancha patrullera y una aeronave para llevar a cabo las labores de búsqueda y «proteger la vida en el mar».
En la publicación de Hegseth se incluyen videos que muestran varias embarcaciones ardiendo tras ser alcanzadas por municiones estadounidenses.
«Este departamento ha defendido otras naciones durante más de veinte años», escribió. «Ahora, está protegiendo la nuestra».
Una "escalada"
El presidente Trump ha mantenido que posee la autoridad legal para continuar bombardeando barcos en aguas internacionales, aunque la semana pasada sugirió que podría buscar la aprobación del Congreso en caso de extender la campaña para atacar objetivos en tierra.
Trump afirmó estar «completamente preparado» para bombardear objetivos terrestres, lo que constituiría un aumento considerable en la operación.
No obstante, estas acciones han provocado críticas por parte de expertos en derecho internacional, así como de los gobiernos de Venezuela y Colombia.
Mary Ellen O’Connell, especialista en derecho internacional de la Universidad de Notre Dame y exprofesora militar del Departamento de Defensa, señaló que los «presuntos infractores tienen derecho a un debido proceso».
«Ejecutar sumariamente a sospechosos de narcotráfico constituye un delito mayor que el propio narcotráfico», añadió.
En una entrevista con el programa Newsday de la BBC, la semana pasada, el viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Mauricio Jaramillo, definió los ataques como «disproporcionados y contrarios al derecho internacional».
Jaramillo aseguró que los individuos a bordo de las embarcaciones «no tuvieron oportunidad de defenderse» y fueron atacados «sin proceso» ni «orden judicial». Estos ataques ocurren en un contexto de creciente tensión con ambas administraciones.
Estados Unidos ha impuesto sanciones contra el presidente colombiano Gustavo Petro, acusándolo de no combatir el narcotráfico y de permitir la expansión de los carteles.
En el Caribe, Estados Unidos ha desplegado tropas, aeronaves y barcos de guerra; y la semana pasada ordenó el envío del buque de guerra más grande del planeta, el USS Gerald R. Ford, a la región.
Trump ha señalado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusándolo de encabezar una red de narcotráfico; sin embargo, Maduro lo niega, y en Venezuela existe preocupación de que el refuerzo militar estadounidense busque derrocar al gobierno de Caracas.
El fiscal general de Venezuela afirmó a la BBC que no hay duda de que Trump pretende derrocar al gobierno venezolano. Lo acusó de intentar tomar el control de recursos naturales nacionales, que incluyen las reservas de oro, petróleo y cobre.
Estados Unidos es uno de los muchos países que no reconocen a Maduro como el líder legítimo de Venezuela, luego de que las elecciones de 2024 fueran ampliamente rechazadas por considerarse ni libres ni justas.
Los conteos realizados por la oposición en las mesas electorales indicaron que su candidato obtuvo una mayoría significativa.