Los legisladores rechazaron una parte del paquete de simplificación, ya que la mayoría centrista fue derrotada por nueve votos
El Parlamento Europeo desestimó el miércoles una propuesta para facilitar las normativas relacionadas con la presentación de informes de sostenibilidad y las obligaciones de diligencia debida para las empresas europeas.
Esta votación ocurre en un contexto de creciente presión impulsada por algunos países miembros de la UE para aprobar la ley, mientras que Estados Unidos y Qatar buscan moderar la normativa europea contenida en ella, advirtiendo que podría afectar negativamente al comercio de gas natural licuado con Europa.
¿De qué trata la ley?
La norma europea de diligencia debida corporativa (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), adoptada en mayo de 2024, obliga a las empresas a examinar sus cadenas de suministro en busca de posibles prácticas medioambientales y laborales cuestionables.
Las compañías que incumplan estos requisitos podrían enfrentarse a sanciones de hasta el 5% de sus ingresos netos.
Esta normativa recibió críticas vehementes de varios estados miembros de la UE, que señalaron la carga administrativa que implicaría para las empresas. El canciller alemán, Friedrich Merz, incluso solicitó la eliminación total de la ley, argumentando que perjudica la competitividad de las compañías europeas.
En una carta reciente, firmada por el Secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y el ministro de energía de Qatar, Saad al-Kaabi, reportada por Reuters, se solicitó a la UE la derogación total o la eliminación de algunas disposiciones, tales como la aplicación a compañías no europeas, las sanciones por incumplimiento y la obligación de contar con planes para cumplir objetivos climáticos.
En febrero de 2025, la Comisión Europea propuso modificaciones relevantes a esta ley mediante un paquete de simplificación denominado «Omnibus I».
La versión revisada establece que solo las empresas con más de 5,000 empleados —en lugar de las 1,000 previstas inicialmente— y con una facturación anual superior a €1.5 mil millones —en lugar de €450 millones— estarían sujetas a esta normativa.
Conflicto en el Parlamento y con el Consejo
Los grupos políticos del Parlamento que conforman la coalición centrista aliada a la Comisión Europea —el Partido Popular Europeo (PPE), los Socialistas y Demócratas (S&D) y Renew Europe— alcanzaron un acuerdo basado en estas condiciones, el cual fue finalmente rechazado por el pleno.
Con 318 votos en contra, 309 a favor y 34 abstenciones, los legisladores invalidaron la resolución adoptada por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento el 13 de octubre.
Dado que la votación fue secreta, no existe registro público sobre cómo votaron los eurodiputados. Los grupos que componen la mayoría centrista suman 409 miembros, lo que indica que una cuarta parte se apartó de la disciplina, se abstuvo o no participó en la votación.
Fuentes parlamentarias señalaron que algunos eurodiputados de Socialistas y Renew votaron contra, incluyendo representantes de Freie Wähler alemán y del Partido Popular para la Libertad y Democracia holandés.
Tanto la extrema derecha como la izquierda del Parlamento se atribuyeron la victoria tras el rechazo de la ley.
Patriotas por Europa (PfE) y Conservadores y Reformistas (ECR) se opusieron al texto de compromiso porque consideraban que no reducía adecuadamente las cargas para las empresas.
«El paquete solamente incluía ajustes técnicos menores sin ofrecer una verdadera simplificación», señaló una nota de PfE tras la votación.
Por su parte, la Izquierda y Los Verdes opinaron que la propuesta original de la ley europea de diligencia debida se había diluido demasiado debido a los esfuerzos de la Comisión por simplificarla.
«El voto evidencia que el Parlamento no está dispuesto a aprobar un acuerdo que debilite el marco europeo de sostenibilidad», expresó la eurodiputada verde Kira Marie Peter-Hansen.
Tras esta decisión, el Parlamento deberá establecer una nueva posición sobre el expediente, con enmiendas que serán sometidas a votación en la próxima sesión plenaria en Bruselas, el 13 de noviembre. Las negociaciones comenzarán nuevamente, pudiendo reabrirse temas clave como los umbrales de empresas afectadas y la facturación exigida por la ley.
«Es una decepción, esperemos ver qué medidas se adoptan ahora», comentó un diplomático de un Estado miembro después de la votación, mientras que en la Comisión se observa con preocupación la brecha existente entre los Estados miembros y el Parlamento.