Un varón de 60 años con discapacidad resultó mordido por ratas en la cara, manos y pies dentro de un centro público de Navarra.
Este suceso tuvo lugar en el Centro de Atención Integral a la Discapacidad San José, administración del Gobierno de Navarra.
La Policía Foral identificó la presencia de roedores y cucarachas en las instalaciones y está evaluando posibles responsabilidades penales y administrativas.
El Ejecutivo de Navarra ha intensificado los controles contra roedores y ha licitado un nuevo contrato para optimizar las condiciones sanitarias.
Un hombre de 60 años con discapacidad alojado en el centro público San José de Pamplona sufrió múltiples mordiscos de rata en la cara, las manos y los pies el pasado 14 de septiembre, según informó EL ESPAÑOL.
El Centro de Atención Integral a la Discapacidad San José, propiedad y gestionado por el Gobierno de Navarra, alberga a adultos con discapacidad intelectual severa y se localiza en el barrio de Echavacoiz.
El incidente sucedió durante la noche del 14 de septiembre, cuando una enfermera de guardia visitó varias veces la habitación del paciente afectado.
En la primera ocasión, la profesional sanitaria advirtió heridas y procedió a su limpieza. Horas más tarde, volvió a entrar y detectó nuevas lesiones. En la tercera visita, según fuentes de este periódico, notó el desplazamiento de una rata por la pared.
El residente, con movilidad limitada, presentaba mordeduras visibles y fue trasladado a urgencias del Hospital Universitario de Navarra.
En la habitación se encontraron «manchas de sangre» en el suelo y las paredes, conforme al informe elaborado por la Policía Foral, que acudió al lugar a la mañana siguiente.
El caso fue asignado a la unidad de Medio Ambiente de la Policía Foral, que realizó entrevistas con el personal del centro y confirmó la existencia de roedores y cucarachas.
«Incidente aislado»
Desde el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra indicaron a EL ESPAÑOL que se trató de un «episodio puntual y aislado», asegurando que «en ningún caso se debió a falta de control, higiene o atención del personal».
El centro notificó inmediatamente al 112, lo que propició la intervención de la Policía Foral y el traslado sanitario del afectado.
La familia fue informada «en todo momento».
El Ejecutivo foral afirma que los controles de desratización se reforzaron tanto dentro como en los alrededores del complejo, y que el centro «recuperó la normalidad en los días posteriores».
Además, desde Derechos Sociales insisten en que el centro, «referente y puntero», cuenta con un servicio de desratización contratado periódicamente, cuyo protocolo «se cumplió» antes del incidente.
Pocos días después, el Gobierno de Navarra, presidido por la socialista María Chivite, convocó a licitación un nuevo contrato para «desinfectar, desinsectar y desratizar los centros dependientes de la Agencia Navarra de Autonomía».
La última adjudicación de este tipo data de 2019.
Posibles responsabilidades penales
El incidente, aunque no ha sido denunciado formalmente por la familia, podría implicar responsabilidades penales y/o administrativas.
En caso de demostrar que las lesiones del residente surgieron por omisión en los deberes básicos de vigilancia o por fallos en los protocolos de control sanitario, se consideraría un delito de lesiones por imprudencia.
Asimismo, mantener un centro sociosanitario en condiciones insalubres, con presencia de plagas que puedan afectar la salud de los residentes, podría constituir un delito contra la salud pública.
En el ámbito administrativo, el caso podría acarrear una infracción sanitaria grave. La normativa obliga a los centros a mantener condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y a realizar controles periódicos de plagas, cuyo incumplimiento puede conllevar multas o incluso el cierre temporal de la instalación.
Además, podrían exigirse responsabilidades profesionales en caso de demostrar una negligencia por parte del personal sanitario o del equipo de mantenimiento.
Gobierno de Navarra
El asunto llegó —en parte— hasta el Parlamento de Navarra. El 23 de octubre, durante el pleno de control al Ejecutivo foral, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, cuestionó a la consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, sobre las condiciones de salud pública en este centro.
La consejera defendió el funcionamiento del centro y lo calificó como «referente en atención a personas con discapacidad».
También afirmó que estaba «al corriente de todo lo que sucede en el centro, ya que es mi responsabilidad y ocupación», sin mencionar el episodio de las ratas.
Maeztu recordó que el centro actualmente aloja a 80 residentes y cuenta con 159 profesionales: 97 cuidadores, 45 trabajadores en servicios generales y 10 técnicos especializados en psicología, fisioterapia, psicomotricidad y estimulación sensorial.
Desde Vox , según ha conocido este periódico, solicitarán este mismo jueves la renuncia de la consejera y del director del centro, Pablo Bretos.