Felipe VI destaca la justicia constitucional como pilar esencial para mantener el Estado de derecho

Felipe VI junto al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, posa para la foto de familia durante la clausura de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional.

El rey Felipe VI subraya la justicia constitucional como piedra angular para la libertad y el Estado de derecho.

En el VI Congreso de Justicia Constitucional celebrado en Madrid, se resaltó la autonomía judicial y la importancia de resguardar los derechos de las futuras generaciones.

El encuentro abordó retos como la conservación del orden multilateral, la integración de nuevas tecnologías y la protección ambiental.

Los tribunales enfatizaron la defensa de marcos legales frente a daños ecológicos y la conservación del patrimonio cultural.

Felipe VI defendió este jueves la relevancia de la justicia constitucional como garante de la libertad y la describió como «el último bastión en la protección del Estado de derecho», al tiempo que advirtió sobre los peligros que aguardan a las próximas generaciones.

Lo hizo durante la clausura del VI Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional en Madrid, organizado por el Tribunal Constitucional (TC) y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que esta semana reunió en la capital a más de 300 participantes.

El Rey destacó que la Constitución de 1978 constituye «un espacio pleno de ideas, esas ideas que sostienen nuestra libre voluntad de convivir, de ser parte de una sociedad, una nación bajo un Estado democrático de derecho».

«La justicia constitucional protege nuestra libertad, nuestras libertades: es el último bastión en defensa del Estado de derecho», afirmó el monarca frente a representantes de tribunales constitucionales de 124 países, tras citar al Quijote y las emblemáticas palabras de su protagonista: «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos».

Para Felipe VI, «en los estados democráticos, la justicia constitucional, ejercida con independencia, está ligada inseparablemente al concepto moderno de soberanía«. Esta idea «se ha vuelto el pilar fundamental de una comunidad internacional cada vez más interconectada e interdependiente».

En este contexto, el Rey abordó algunos de los principales retos que condicionarán la vida de las futuras generaciones. En primer lugar, remarcó la necesidad de mantener el orden multilateral surgido tras la Segunda Guerra Mundial.

En segundo término, mencionó las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, y destacó la necesidad de «evitar o reducir al mínimo los riesgos que todos concebimos claramente en nuestras mentes», para lo cual el desarrollo debe respetar «los derechos y libertades recogidos en nuestras normas fundamentales».

También hizo referencia al medio ambiente y a los fenómenos climáticos extremos, que «nos exigen gestionar correctamente los bienes públicos verdaderamente globales, como la calidad del aire, los recursos hídricos y la biodiversidad». «No podemos desviarnos del camino del desarrollo sostenible», afirmó.

Finalmente, Felipe VI habló sobre «la herencia«. «La cultura y sus expresiones tangibles e intangibles son el reflejo donde nos reconocemos como país y una ventana hacia el mundo», enfatizó. «Es necesario conocer nuestra cultura y protegerla en toda su riqueza y diversidad, compartiéndola y haciéndola accesible a los demás».

El respeto a la independencia judicial

Entre las conclusiones de este congreso, representantes de tribunales y cortes de 85 países hicieron un llamado este jueves a respetar la independencia judicial y salvaguardar los derechos, libertades y la dignidad de las generaciones venideras.

Uno de los ejes centrales del evento fue la denuncia de las amenazas a la independencia de los tribunales y cortes constitucionales que integran la conferencia mundial.

La conferencia evidenció que estas amenazas «no son hipotéticas ni aisladas, ya que muchos enfrentan interferencias políticas en los nombramientos, demoras en la aplicación de sus decisiones o campañas destinadas a socavar la confianza pública».

Además, en ciertas ocasiones se ha intentado debilitar el control constitucional mediante restricciones presupuestarias o procesales, acciones que, según los miembros de la conferencia, «minan el Estado de derecho».

Los asistentes al congreso concluyeron que «la independencia judicial no es un privilegio exclusivo de la magistratura sino una protección para todos, una garantía para defender los derechos sin temor ni parcialidad».

«Requiere recursos adecuados y respeto institucional, y protegerla es una responsabilidad constante compartida por todos», afirmaron los tribunales constitucionales reunidos en Madrid, destacando que sus sentencias establecen marcos jurídicos que perduran más allá de ciclos electorales y programas políticos.

Conclusiones del Congreso

Las conclusiones fueron presentadas en la sesión final del congreso, dirigida por la vicepresidenta del TC de España, Inmaculada Montalbán, quien resaltó que «cada generación tiene el deber ineludible de proteger los derechos de las futuras, no actuar solo en función de los intereses presentes».

Para ello, destacó el papel vital de los tribunales constitucionales, ya que «sus decisiones no solo corrigen vulneraciones de derechos fundamentales, sino que orientan políticas públicas, limitan excesos de poder y marcan una senda hacia un desarrollo más justo y sostenible».

En este marco, los asistentes al congreso subrayaron la necesidad de garantizar el derecho a un ambiente limpio, sano y sostenible, y resaltaron su competencia para atender casos relacionados con daños ambientales y aplicar justicia climática.

Así, se comprometieron a proteger marcos legales que eviten daños ecológicos irreversibles y que aseguren las obligaciones estatales hacia las generaciones futuras.

También defendieron la importancia de mantener el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, dado que es el fundamento de la identidad y la resiliencia de los ciudadanos del porvenir.

Además, coincidieron en que la conectividad digital, el acceso equitativo a la información y la gestión ética de tecnologías emergentes constituyen elementos esenciales para el progreso humano.

Para ello, consideraron imperativo que tribunales y cortes protejan a las personas frente a abusos por vigilancia, discriminación algorítmica y violaciones de privacidad, asegurando así «el acceso justo a la infraestructura digital y a los sistemas de conocimiento».

Montalbán concluyó solicitando garantizar la participación femenina en la toma de decisiones y advirtió que la igualdad es «un valioso legado, y su cuestionamiento, demora o pérdida tendrá un impacto negativo en el desarrollo de las democracias”.

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