La Justicia confirma que el médico no formuló las preguntas adecuadas y fabricó la información de que el joven llevaba dos horas en mal estado: «No escucho que te estás ahogando… A ver, pásame de nuevo con tu mamá», le indicó
Un joven fallece ahogado tras que el 112 de UVI Móvil le negara asistencia: "Señora, su hijo respira perfectamente"
Carmen logra finalmente comunicarse telefónicamente con un médico del Summa 112. Su único hijo, Aitor, que acaba de desplomarse inconsciente, permanece en el suelo de su habitación junto a ella, «de color amarillo»: no puede respirar y está «sudando profusamente». Son las 11:54 horas del 14 de enero de 2018.
Carmen, que cree estar presenciando la muerte de su hijo, relata apresuradamente lo ocurrido al médico. Este, con un tono indiferente, casi desganado, le responde que quiere que Aitor tome el teléfono. «¡Pero si se está ahogando!» se desespera ella.
Coloca el auricular cerca del chico, quien apenas logra emitir un angustioso y débil «me ahogooo». «No escucho que te estés ahogando», replica el sanitario con cierto desdén. El joven también dice: «No puedoooo». El médico le contesta: «A ver, pásame otra vez a tu mamá».
Carmen, con su hijo asfixiándose a su lado en el domicilio familiar de Navalcarnero (Madrid), oye al médico decir: «Señora, su hijo no tiene ningún problema, respira perfectamente… ¿Podría haber tomado algo, alguna sustancia? Creo que tal vez está un poco perjudicado», sugiere el sanitario, aludiendo a consumo de alcohol o drogas: es domingo por la mañana.
«No, no», intenta responder ella, «él no…». El médico la interrumpe casi en seco. Cuelga después de murmurar un «hasta luego». A las 11:57 horas registra en la base del Summa 112: «Dificultad respiratoria. Puede hablar normalmente. Dos horas de evolución».
El juez dictaminará, siete años después, que el médico, Juan Antonio Martín Carpio, no solo «no prestó la atención necesaria» a Aitor ni realizó las preguntas «fundamentales» para evaluar su estado, sino que inventó esas «dos horas» durante las cuales supuestamente el chico estaba mal: «Nadie le había informado de eso», concluye el magistrado.
Dos minutos después de que Martín Carpio anotara ese dato en los registros del Summa, Aitor sufre una parada cardiorrespiratoria y entra en muerte cerebral. Al haber asignado Martín el riesgo más bajo, lo primero que llegó al domicilio de Carmen y Bartolomé fue una ambulancia sin médico, a las 12:17 h. El corazón de Aitor había estado detenido casi 20 minutos.
Varios minutos más tarde llega una UVI, pues cuando Aitor ya comenzaba a fallecer, Bartolomé volvió a llamar y otro doctor del 112, con la diligencia correcta, envió la unidad correspondiente.
Aitor fallece tras una agonía prolongada de cuatro días, debido a una anoxia cerebral provocada por un trombo que Juan Antonio Martín ni siquiera llegó a considerar, «violando protocolos y sin aplicar la mínima diligencia».
Errores tan graves suelen quedar únicamente en el ámbito civil, sin responsabilización penal para el médico implicado, limitándose a una compensación económica para la familia. No obstante, Carmen Ruiz y Bartolomé García insistieron en que la muerte de su único hijo, un joven «muy bueno» que estudiaba Ingeniería del Automóvil y no había causado problemas en su vida, no quedara impune. El Juzgado de lo Penal 1 de Móstoles acaba de condenar al médico a dos años de prisión -que no cumplirá al no contar con antecedentes penales-, y a indemnizar a la familia García Ruiz por un delito de homicidio por imprudencia profesional grave.
Además, Martín será inhabilitado para ejercer la medicina durante cuatro años. La sentencia puede ser recurrida, y Carmen y Bartolomé ya han expresado su intención de apelar. La condena máxima prevista es de cuatro años. En esos minutos que para los padres parecen eternos, Martín llegó a decirle a Carmen: «Él dirá lo que quiera, pero respira perfectamente porque habla perfectamente, ¿vale?». Antes de dejar aterrorizados a los padres y solos, viendo a su hijo fallecer ante sus ojos, el médico les dijo: «Sí, respira. Venga. Hasta luego. Parece más bien que está afectado por algo. No sé. Vamos a ir a verlo. Venga, hasta ahora». Y colgó.
Si Martín hubiera hecho las preguntas adecuadas, habrían informado que Aitor había acudido en dos ocasiones en semanas anteriores al Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles (a apenas cinco minutos en ambulancia desde su casa, por cierto), con dolor intercostal: señal de que el trombo empezaba a manifestarse.
Pero, en cambio, Martín modificó la valoración del riesgo de la llamada de los García, que originalmente la teleoperadora que hizo el primer triaje había clasificado como 0 y se la pasó, a 1: lo primero que llega a la casa de los García es una ambulancia sin médico. «Cuando subieron a atender a Aitor, nuestro hijo ya estaba azul, así de claro», relata Carmen. «Salieron corriendo, ni siquiera intentaron reanimarlo».
Al llegar la UVI móvil y trasladar a Aitor, Carmen, desgarrada, preguntó al médico por la tardanza mientras su hijo moría: «Y me respondió: ‘No queremos incompetentes en el Summa‘, y se llevaron a Aitor».
Tras el fallecimiento del joven, la familia reclamó a la Comunidad de Madrid, procedimiento obligatorio antes de acudir a los tribunales. La Comunidad negó toda responsabilidad o vulneración de la lex artis médica, y mantuvo esta postura incluso cuando EL MUNDO publicó los audios de las conversaciones con el 112 — la propia presidenta Ayuso declaró esto públicamente. Sin embargo, el abogado de entonces de la familia, Carlos Sardinero, denunció que los audios enviados a Carmen y Bartolomé por las autoridades habían sido recortados y manipulados.
Los padres optaron por iniciar una denuncia penal tras que la Comunidad de Madrid les ofreciera finalmente una indemnización de 10.000 euros en 2021, sin admitir error en la atención prestada a su hijo. «Es una completa vergüenza», explicó Carmen entonces. Sardinero se encargó inicialmente del procedimiento penal, y la condena fue lograda por otro abogado, Felipe Holgado.
¿Cómo se sienten ahora los padres de Aitor, quien murió en sus brazos? «No sé si pueda expresarlo así, y es la forma más suave», comenta Carmen a EL MUNDO, «pero estamos decepcionados con la Justicia después de ocho años con todas las pruebas a nuestro favor: a un médico dejar morir a un paciente le sale gratis. Ya está demostrado«.