Mientras el pasado viernes 13, Enrique Peña Nieto dedicaba sus esfuerzos a desalojar el Zócalo de profesores de la CNTE y arrestar ilegalmente estudiantes, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitía una alerta que el Gobierno prefirió omitir: “La combinación de dos perturbaciones tropicales propiciará lluvias muy fuertes. Las precipitaciones serán de intensas a torrenciales”. Al día siguiente, los huracanes “Manuel” e “Ingrid” azotaban el Golfo y el Pacífico mexicano con “niveles promedio incluso históricos de precipitaciones”.

Pero el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) decidió actuar hasta la madrugada del domingo 15. Al tiempo, ya había 57 muertos. En Guerrero, 27; 12, en Veracruz; 4, en Hidalgo, 3, en Puebla; en Jalisco, 2; en Michoacán, 2; en Oaxaca, 4; en Tamaulipas, 1; en Morelos, 1, y uno más en Coahuila. El domingo 16, unos 19 mil militares desfilaban por la plaza de la Constitución, ataviados con armas y trajes de gala, mientras miles de turistas quedaban varados, sin asistencia humanitaria.

Sin embargo, este miércoles 18, la Cámara de Diputados propuso aprobar un punto de acuerdo donde se destacaba la “puntual intervención del Ejecutivo federal para atender las necesidades de las poblaciones afectadas por los recientes desastres climatológicos”. La iniciativa fue impulsada por el perredista Silvano Aureoles.