—ROBERTO COLLADO NARVAEZ—
Frente a los señalamientos de vicios en la privatización de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL), el economista Alejandro Martínez Cuenca es de la opinión que el Gobierno está obligado a involucrarse procurando «una seria revisión» del proceso.
«Este país necesita de la inversión extranjera, pero debe ser transparente, si todo lo que se ha dicho es verdad, la privatización de Enitel es un acto ilícito y el gobierno está obligado a esclarecer cómo se vendieron sus acciones», reiteró, señalando que hablamos de uno de los activos más poderoso con que contaba el Estado.
Y es que sobre el proceso de privatización de la telefonía básica nicaragüense, han caído serios cuestionamientos que 7 meses después de consumarla, vienen fortaleciendo a quienes han calificado de viciado todo el proceso, al extremo de creer que la participación de personeros de la administración de Arnoldo Alemán, se coludieron no para venderla, sino, para transferirla a «un nada sano grupo económico».
«Desde noviembre que empezó este proceso hay muchos cuestionamientos, la premura con que se vendió sus acciones, el resultado de la licitación, los pagos, en fin todo cuanto se ha dicho y que de ser verdad, se torna bochornoso y de gran impacto económico al mismo Estado», dijo el economista.
OBLIGADOS A INTERVENIR
Documentos que ahora están en manos de la Procuraduría y la Contraloría señalan que los 5 millones de dólares de garantía que Telia Swedtel AB – Emce, dio para entrar a la licitación, son los mismos que el Estado le pasó en títulos valores y que de los 33 millones de dólares que la empresa estaba obligada a enterar como prima de la compra, el Estado tan solo recibió 28, además de otras alteraciones con pleno conocimiento del entonces ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duquestrada. «Si el país quería entrar en transparencia, nos preguntamos ¿Cómo es que pudieron privatizar ENITEL, sabiendo que había denuncias, que señalaban intereses creados de personas involucrados en el gobierno anterior?. Este Gobierno está obligado a saber y explicar qué fue lo que pasó, la revisión es obligatoria», dijo Martínez Cuenca.
El economista recordó que en la época en que las denuncias comenzaron a surgir se comunicó con el embajada de Suecia para conocer detalles de la compañía Telia y que el resultado fue escueto. «En esa ocasión fue poco o casi nada, lo que esa institución manejaba de la compañía», señaló.
PROCURADURIA ¿INTERESADA O NO?
Ayer al caer la tarde los medios de prensa recibieron información que el Procurador en funciones, Francisco Fiallos sostenía una reunión con los representantes de la compañía que adquirió las acciones de ENITEL, Fredy Nasser, presidente de Megatel, el gerente de la telefónica Carlos Ramos y sus socios hondureños, la que fue negada por el vocero de esa institución Sergio Boffelli.
Según el funcionario, en efecto Fiallos sostenía una reunión, pero con los miembros de la Unidad Residual (URE), la que en ENITEL representa las acciones y activos que le quedaron al Estado tras la privatización. La reunión se llevó a cabo a puerta cerrada y sin la oportunidad de conocer las impresiones de Fiallos con respecto a todos los denunciados en la privatización de la telefónica.