Red de Defensa de los Consumidores:
Presunta deuda de gobierno de 9,8 millones de dólares, la traspasaron a usuarios
Empresa española recibe dinero por servicios no prestados y hasta quieren trasladar costos de alumbrado eléctrico a Alcaldías
—ERVING SANCHEZ RIZO— Managua
La deuda de 9,8 millones de dólares reconocida por el gobierno a Unión Fenosa, por supuestos costos mayores en la compra de electricidad entre enero del dos mil uno a mayo pasado, no existe, pero acarreará nuevas alzas en las tarifas, afirma Ruth Selma Herrera, dirigente de la Red de Defensa de los Consumidores.
Herrera respondió de inmediato a las declaraciones dadas recientemente por el ingeniero Octavio Salinas, presidente del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), en el sentido de que para el 2003 habrá aumentos en el valor de la energía eléctrica, debido a que el gobierno tendrá que pagar a Unión Fenosa 9,8 millones de dólares.
La dirigente señala que es criterio de la Red de Defensa de los Consumidores investigar la decisión gubernamental de pagar esa «deuda», tomada en junio pasado por una comisión formada por el ingeniero Raúl Solórzano, de la Comisión Nacional de la Energía; Azucena Castillo; Mario Arana y Alejandro Fiallos.
RECONOCEN DEUDA Y ENTREGAN SISTEMA DE TRANSMISION
La dirigente dice que en la comisión no estuvo representado el INE, organismo regulador del sector energético, único que legalmente tiene competencia para autorizar las tarifas, por lo tanto afirma que la decisión debe investigarse a fondo, porque «sabemos que tal deuda no existe, fue inventada por Unión Fenosa para negociar las alzas con el gobierno».
Según la directiva de la Red, teóricamente «la deuda» era de 12 millones de dólares, pero como le restaron deudas de Unión Fenosa con el Estado, entonces quedaron 9,8 millones de dólares, que ya comenzaron a ser pagados con el alza en las tarifas de junio.
ENTREGA ILEGAL DE TRANSMISION ENERGETICA
Asegura además Herrera que también se le entregó a la empresa española el sistema de transmisión de energía sin que la Asamblea Nacional haya discutido o autorizado la privatización de ese bien de propiedad estatal.
La dirigente expresa que la «deuda» apareció porque Unión Fenosa alega que al inicio de sus operaciones no funcionaban bien los puntos de medición, donde se conoce la cantidad de energía que reciben de las empresas generadoras y que por lo tanto el Estado les debe pagar esas fallas.
INE NO RECONOCIO RECLAMO EN SU MOMENTO
Ruth señala que sin embargo, la empresa estatal a cargo de las mediciones EMTRESA, realizó indagaciones en el sistema de medición y encontró todo correcto, por lo cual el INE en su momento no reconoció los reclamos de pago de parte de Unión Fenosa.
La pretensión de Unión Fenosa fue reconocida por la actual administración gubernamental, deuda que ahora pretenden sea pagada con los impuestos por todos los nicaragüenses, dice la representante de la Red.
En ese sentido señala que por eso es que el ingeniero Octavio Salinas dice ahora que el aumento en las tarifas no será a causa de las variaciones en los precios del petróleo, pero el resultado será que alrededor de 450 mil usuarios tendrán que pagar más por el más pésimo y caro servicio de energía eléctrica de América Central.
ANOMALIAS POR MAYOR
Ruth destaca que además Unión Fenosa realiza cobros alterados, cobran en casas donde está cortada la energía, recaudan por supuesta energía no registrada, ponen malos medidores que además nadie lee, aparte de cobrar por alumbrado público que no gozan ni la mitad de los usuarios, pero que a la empresa le representa ingresos por tres o cuatro millones de córdobas mensuales por servicio no prestado.
La directiva de la Red demanda una investigación de parte de la Asamblea Nacional, de la Contraloría y de la Procuraduría de Derechos Humanos, señalando que el jueves 24 de octubre continuará la sesión de mediación convocada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, tras aceptar el recurso introducido recientemente por la Red de Defensa de los Consumidores.
Herrera invitó a la próxima sesión en la Corte al alcalde Herty Lewites, para que se entere de la magnitud del problema, toda vez que ahora pretenden responsabilizar del alumbrado público a las Alcaldías.