—MARIO MAIRENA MARTINEZ —
Ruth Selma Herrera, directiva de la Red de Defensa de los Consumidores (RDC), cuestionó las declaraciones del diputado Jaime Morales Carazo, de quien dijo que en sus apreciaciones sobre el juicio a INE, lo que hizo fue lanzar un mensaje de presión a la Corte Suprema de Justicia.
El juicio entre la RDC e INE está a pocos días de ser fallado por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia que para Ruth Selma Herrera, será la demostración de cuánto peso tienen los usuarios ante quienes administran la justicia.
«SI YO FUESE DIPUTADA»
La directiva de la RDC parafraseó a Cantinflas al decir que si ella fuera diputada, nunca hubiera dicho lo que manifestó el señor Jaime Morales Carazo, «quien como representante de la población en el Parlamento, debería tener una posición más integral sobre los temas económicos, para defender a la población, pero anda preocupado por lo que pasaría si la CSJ falla a favor de los usuarios».
«Cómo es posible que al diputado Jaime Morales Carazo no se le haya ocurrido pensar cómo se afectaría la situación jurídica de los usuarios, si la Corte Suprema de Justicia llega a fallar a favor de INE, institución que se ha puesto a favor de la cuestionada, Unión Fenosa», indicó.
Añadió que aunque el fallo sea a favor o en contra de las partes en conflicto, eso no significa que vayan a desmovilizar a la gente, porque falta que los usuarios se apropien de las leyes que nadie ha querido divulgar, pese a que la ley los obliga, como es el caso del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Al respecto indicó que el artículo 46 de la reglamentación de la Ley de Defensa del Consumidor expresa que es obligación del MECD integrar en los planes educativos de primaria y secundaria, los derechos y deberes de los consumidores, pero hasta hoy no lo ha hecho, pese a que lo han planteado a la Dirección de Defensa de Consumidor del MIFIC y al propio MECD.
EL QUID ESTA EN LA LEY 272
Ruth Selma Herrera señaló que los miembros de la RDC documentaron ante la CSJ la forma en que INE supuestamente violó la Ley 272, «al autorizar una alza en la energía a Unión Fenosa, en lo fundamental, porque aplicó el criterio de la eficiencia económica que la ley establece para estos casos».
Sin embargo -acotó- lo que el monopolio Unión Fenosa ha demostrado es que es un desastre en términos de su eficiencia económica, lo que ha venido compensando con cobros como la comercialización, una llamada Energía No Registrada y un alumbrado público que no da a más del 50 por ciento de la población.