La Audiencia Nacional señala que el fundador del partido mantuvo en su poder la tarjeta durante seis meses sin informar a su propietaria, y no se ha demostrado que la dañara antes de devolverla.
La Audiencia Nacional ha impuesto una condena de tres años y seis meses de prisión al comisario José Manuel Villarejo en relación con el caso del móvil sustraído a Dina Bousselham, asesora de Pablo Iglesias cuando ejercía como secretario general de Podemos. El tribunal considera a Villarejo autor de un delito de revelación de secretos privados con difusión a terceros, por el acceso sin autorización y la distribución a dos medios de comunicación del contenido de la tarjeta de memoria del teléfono robado en noviembre de 2015.
La sentencia de la Sección Cuarta sobre este proceso independiente del caso Tándem obliga a Villarejo a pagar una indemnización de 5.000 euros a Bousselham y 1.000 euros a Iglesias. Dado que entonces era policía, el Estado responde civilmente de manera subsidiaria y abonará dicha cantidad si el acusado no lo hace. En cuanto a la pena de prisión, se aplicó la atenuante por dilaciones indebidas debido a la lentitud en la tramitación judicial, iniciada en 2017.
De acuerdo a los hechos probados, el 1 de noviembre de 2015, personas desconocidas robaron las pertenencias de Bousselham y su pareja en un centro comercial, entre ellas el teléfono de ella. En enero del siguiente año, un sobre con la tarjeta de almacenamiento externo del teléfono fue enviado a la sede del Grupo Zeta. Los archivos fueron revisados por los periodistas de Interviú, Alberto Pozas y Luis Rendueles, así como por el presidente del Grupo editorial, Antonio Asensio Mosbah.
Tras decidir no publicar el contenido, entregaron la tarjeta a Iglesias, considerando que podría pertenecerle dado su contenido. «Una vez que Iglesias revisó varios archivos, mantuvo la tarjeta en su poder durante seis meses sin comunicarlo a Dina Bousselham, devolviéndola después de ese periodo sin que conste que la entregara dañada o que ello impidiera acceder a su contenido».
El juez del caso propuso al Supremo imputar a Iglesias por retener y dañar la tarjeta, pero el tribunal superior no encontró evidencias suficientes para ello.
Documentos políticos e íntimos
Antes de facilitar la memoria a Iglesias, los periodistas Pozas y Rendueles entregaron una copia a Villarejo. Ambos fueron acusados junto al comisario, pero alcanzaron un acuerdo que derivó en la retirada de la acusación a cambio del reconocimiento de los hechos.
La copia proporcionada a Villarejo contenía archivos con documentos internos de Podemos, datos bancarios, vídeos, audios y otros archivos de carácter íntimo y personal, incluyendo fotografías de Dina Bousselham, además de múltiples grupos de chats entre miembros del liderazgo de Podemos. En ese periodo, Villarejo «no desempeñaba ninguna función policial relacionada con la formación política».
El comisario facilitó una copia de la tarjeta a periodistas de su círculo de confianza, quienes mantenían una relación recíproca como fuentes informativas, para que elaboraran y publicasen artículos que desprestigiaban al partido político Podemos y a su entonces secretario general, Pablo Iglesias.
La Sala, encabezada por la magistrada Teresa Palacios, establece que tanto Bousselham como Iglesias merecen indemnización, al reconocer que actos como los juzgados causan un daño moral inherente a la humillación, desprotección y violación de datos personales sensibles, siendo evidente la lesión consecuencia directa del delito cometido.
«Una compensación superior»
«Es cierto –añade– que delitos como este, que invaden la intimidad, generan una presunción implícita de daño moral, conforme ha reiterado el Tribunal Supremo, y no requieren prueba adicional, ya que resultan en sensaciones de inseguridad, desamparo, inquietud, tristeza y preocupación en la víctima».
En el caso de la exasesora, la Sala aprecia un impacto evidente por el acceso y difusión del contenido completo de su teléfono, que el acusado compartió con dos medios de comunicación, exponiendo completamente su vida privada frente a no deseados, lo cual justifica los 5.000 euros reclamados por fiscal y parte demandante, adelantando que habría concedido una suma mayor si se hubiera solicitado.
«Lo mismo aplica para el perjudicado Pablo Iglesias, estableciendo la indemnización en los 1.000 euros solicitados por su defensa y el Ministerio Público», concluye.