Este principio será sometido a votación en todos los parlamentos conforme a los términos acordados, aunque desde el equipo de Abascal advierten que esto representa únicamente el «mínimo».
Ante la polémica generada por la inclusión del «principio de prioridad nacional» en los acuerdos entre PP y Vox en Extremadura y Aragón, el partido dirigido por Santiago Abascal ha incrementado la relevancia de este concepto en su discurso cotidiano. Siempre ha defendido esta idea desde una perspectiva maximalista, demostrando que sus objetivos sobre este tema van más allá de lo pactado en estas regiones y tras lo acordado con los populares. Sin embargo, ahora Vox ajusta ligeramente su estrategia: busca que se vote en el Congreso y en los parlamentos autonómicos un texto que casi replica lo acordado entre las derechas, facilitando así la obtención del sí por parte del PP.
La formación presentará en todas las comunidades una iniciativa para incluir el «principio de prioridad nacional» en la concesión de ayudas, subvenciones, así como en el acceso a viviendas protegidas y alquiler social, respetando los términos fijados en los pactos de Extremadura y Aragón. Por ejemplo, el texto establece que el sistema debe procurar la «asignación prioritaria de recursos públicos a quienes tengan un arraigo real, duradero y comprobable con el territorio» y que todo se ejecutará conforme a la legislación vigente.
Esta propuesta se distancia de las dos anteriores presentadas por Vox en semanas recientes sobre la «prioridad nacional». Una de aquellas extendía este principio al sistema sanitario, y ambas incluían propuestas adicionales de Vox, como la «remigración» de ciertos colectivos extranjeros, medidas con las que el PP no estuvo de acuerdo. Por consiguiente, Vox no logró el apoyo del PP para sacar adelante aquellas iniciativas. Los populares incluso intentaron enmendar una de esas propuestas para delimitarla a lo pactado en Extremadura y Aragón, pero Abascal y su grupo la rechazaron. En cambio, ahora el texto presentado es casi idéntico al de entonces, con el objetivo de consolidar esa parte del concepto de «prioridad nacional» en la que tanto Vox como PP coinciden.
La única discrepancia en la iniciativa actual de Vox que podría alejar al PP de un voto favorable se encuentra en la redacción relativa a la exigencia de «arraigo real y prolongado» para acceder a vivienda pública. El texto presentado establece como requisito un «empadronamiento histórico en España», mientras que los acuerdos de Extremadura y Aragón aludían a un empadronamiento en la comunidad autónoma, lo que podría resultar más restrictivo para los extranjeros. La exposición de motivos también sugiere algunos puntos que podrían disuadir a los populares de apoyar el texto, aunque al mismo tiempo valora los acuerdos con el PP, tendiendo la mano a los seguidores de Alberto Núñez Feijóo para su aprobación.
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha explicado que esta iniciativa responde a la «voluntad de continuar impulsando los distintos acuerdos alcanzados». «El objetivo con estas propuestas es fortalecer el principio de prioridad nacional», afirmó, destacando que el texto condiciona la asignación de recursos públicos a determinados requisitos —como el arraigo y otros— garantizando que estas prestaciones se dirijan principalmente a los españoles. No obstante, aunque la propuesta actual es prácticamente idéntica al pacto en Extremadura, Millán señaló que esto constituye solo «el nivel básico, el mínimo» que su partido sostiene. «Y a partir de ahí, hacia arriba».