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- Autor, Daniel Pardo
- Título del autor, Corresponsal de BBC Mundo en México
- Informa desde, Zacatecas, México
- 5 mayo 2026
- Tiempo de lectura: 8 min
Al finalizar 2023, la realidad de seguridad en Zacatecas, estado ubicado en el corazón de México, alcanzó su punto más crítico.
La violencia era el motivo principal: a pesar de que se evidenciaba una bajada respecto a años previos, el estado mantenía un promedio de casi tres asesinatos diarios, siendo el segundo con mayor tasa de homicidios en el país. A esto se sumaban desapariciones, secuestros y desplazamientos forzados.
También se llegó al límite por la situación en las propias instituciones: los policías, presionados por el narco, morían en mayor número que en cualquier otra región nacional y la fiscalía local llevaba semanas en paro; su titular había renunciado en medio de controversias, y el índice de impunidad, según datos oficiales, alcanzaba el 99.9%.
Cristian Paul Camacho Osnaya, abogado en sus cuarenta años de edad, de aspecto serio y profesional, trabajaba en esa época como delegado en Zacatecas de la Fiscalía General de la República.
A él lo nombraron la Gobernación y el Congreso locales para atender la crisis.
«Era una fiscalía que no escuchaba, carecía de sensibilidad y empatía», comenta el actual fiscal, sentado en su oficina de la Ciudad Administrativa zacatecana.
Después, mostrando un amplio informe de gestión con su fotografía en la portada, muestra uno de los muchos datos que aportó en la entrevista: si en 2021 se contabilizaron 1,741 homicidios, en 2025 fueron 149, un descenso del 91%.
Sólo en 2025, la reducción llegó al 71%.
Ningún fiscal en México puede presumir cifras semejantes.
Sin embargo, ocho de cada diez zacatecanos aún se sienten inseguros, según encuestas oficiales. Los colectivos de víctimas y expertos mantienen posturas escépticas respecto a los datos. Existe una gran diferencia entre lo que ve la fiscalía y lo que percibe la población.
Esta brecha es similar a la observada a nivel nacional: el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum informa que los homicidios disminuyeron un 30% en 2025, pero seis de cada diez mexicanos, de acuerdo con encuestas oficiales, continúan viviendo con miedo. Los asesinatos, la extorsión y la violencia en general permanecen como parte cotidiana de la vida.
En Washington, el presidente Donald Trump insiste en enviar tropas a México para enfrentar al narco, mientras Sheinbaum requiere motivos —y resultados— para evitar esta medida.
¿Ha encontrado México alguna solución para la violencia? ¿Cuál es la explicación detrás del caso de Zacatecas y qué revela sobre la situación nacional?
Zacatecas como paradigma
Aunque es uno de los estados menos poblados de México, Zacatecas se considera fundamental por su historia y ubicación geográfica.
Desde la época colonial hasta principios del siglo XX, esta zona árida y montañosa fue sede de una de las minas de plata más productivas de la región.
Cuando, a mediados del siglo XX, las minas se agotaron y gran parte de la población migró hacia el norte y Estados Unidos, Zacatecas, que conecta el norte con el sur y el occidente con el oriente, se convirtió en un corredor clave para el paso ilegal de drogas y personas.
Las carreteras y ferrocarriles más importantes del país atraviesan esta región.
Por ello, desde los años 80, Zacatecas ha sido, de manera intermitente, un territorio en disputa entre grupos del crimen organizado.
El fiscal Camacho, con un tono pausado y técnico, atribuye la disminución de la violencia a dos factores: la coordinación de instituciones y la lucha contra el narcomenudeo.
Cada mañana, los responsables de la Gobernación, las Fuerzas Armadas, las fiscalías y las agencias de inteligencia se reúnen en la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad, un espacio que, según Camacho, elimina la división de funciones, permite respuestas rápidas, facilita la identificación de focos problemáticos, optimiza la inteligencia y unifica la presencia en territorio.
«Cuando hay coordinación institucional, compromiso y claridad en los objetivos, es factible cambiar realidades», afirma Camacho, compartiendo una teoría que apoyan tanto Sheinbaum como su secretario de Seguridad, el ex policía Omar García Harfuch.
La fragmentación política, social y económica representa un reto estructural para un país federal que posee múltiples y diversos núcleos de poder.
La hipótesis de que centralizar la información, depurar la corrupción y coordinar diferentes entidades puede reducir la violencia criminal es, hasta ahora, lo que ha funcionado en casos exitosos como Tampico, Ciudad de México, así como los estados de Guerrero y Nuevo León.
Camacho añade que otro factor clave ha sido la ofensiva sistemática y contundente contra los puntos de venta de drogas: «El narcomenudeo representa la puerta de entrada a crímenes más graves —explica—; los jóvenes involucrados pueden comenzar con vigilancia o venta de dosis, pero su agresividad suele aumentar hacia la extorsión, secuestro o asesinato».
Las redadas gestionadas por Camacho, una de las cuales está ocurriendo mientras conversamos, «han permitido elevar las detenciones y el decomiso de armas, equipo táctico y dosis de droga».
En comparación con 2023, el número de detenidos por narcomenudeo creció un 170%.
Al preguntarle si esta estrategia no representa una versión más técnica de la antigua guerra contra el consumo de drogas ilegales como si fuera un enemigo interno, responde: «Estoy en contra de las drogas. Nunca he consumido ninguna sustancia ilegal. Pero creo que el combate estratégico contra el narcomenudeo debe estar acompañado por políticas públicas que fomenten la conexión y sensibilización ciudadana, generando respeto hacia la autoridad familiar, moral y estatal».
Este planteamiento coincide con lo que usualmente enuncia Sheinbaum sobre la necesidad de enfrentar al narco junto con la atención a causas sociales, económicas y sanitarias de la violencia.
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El choque de versiones
Tras la entrevista con el fiscal, acudí al vibrante y colorido centro colonial de la ciudad, donde la gobernación organizaba un festival cultural con artistas nacionales e internacionales, al que acudieron, según se informó, 40,000 personas.
Una muestra, según Camacho, de que «aquí se vive en paz».
En medio de puestos de gorditas (tortillas gruesas), dulces callejeros y música, pregunté a una veintena de personas si creían en lo que decía el fiscal: un tercio confirmó, otro negó y el resto fue indiferente.
«La situación de tranquilidad ha mejorado, aunque pueda ser una percepción relativa», comentó Ramiro Sánchez. «En Fresnillo (municipio cercano a la capital) fue muy triste, hace 15 días un hijo asesinó a sus padres», señaló Jessica Septien.
Luego Ángela Pérez expresó: «En el centro no, pero en las zonas periféricas hay mucha inseguridad, hace falta más alumbrado, deberían ponerse las pilas».
Finalmente concluyó con un dicho popular: «Cada quien habla según le fue en la feria».
Efectivamente, en mis entrevistas con víctimas encontré perspectivas más escépticas respecto a la reducción de violencia en Zacatecas.
Brenda Carmona, que perdió a su esposo en 2011 y a uno de sus hijos en 2024, calificó las cifras como «mentiras, una falsedad tremenda de un gobierno que censura las noticias para ocultar la realidad».
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También conversé con Elizabeth Araiza, líder del grupo de madres buscadoras Escarabajos, quien busca a su hermano y afirmó: «Puede que los homicidios hayan bajado, pero las desapariciones van en aumento», una lectura común a nivel nacional, que asocia la disminución de homicidios con el incremento de desapariciones.
En Zacatecas, al menos según datos oficiales, esto no ocurre; sin embargo, existe un debate complejo y técnico sobre cómo se clasifica un homicidio o una desaparición.
Un informe reciente de la ONG Causa en Común indica que en ocho estados, Zacatecas excluido, las desapariciones han aumentado mucho más que la reducción de homicidios.
Jalisco es el caso más notable: en 2025 los homicidios disminuyeron un 33% y las desapariciones aumentaron un 219%, según datos oficiales.
Las autoridades, desde Sheinbaum hasta Camacho, argumentan que el registro de desaparecidos presenta problemas, que debe analizarse «en su justo término» y que muchas corresponden a «ausencias voluntarias».
Araiza sostiene que hablar de ausencias voluntarias es «una falta de respeto hacia las víctimas».
Cristela Trejo, destacada activista por los derechos de la niñez en Zacatecas, experta en prevención del delito y profesora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, afirma:
«Entrar en un juego de narrativas sobre quién es más víctima resulta perverso. El debate técnico desvía la atención del antes y después del delito, sus causas y sus consecuencias para la sociedad y la familia».
«Las cifras anulan la conversación sobre la precariedad y victimización, minimizan la gravedad de una muerte en espacio público, como la de un niño en una cancha; el terror comunitario se borra simbólica y jurídicamente, institucionalizando la revictimización y deshumanización», concluye Trejo.
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"Quién responde por lo que se perdió"
En Jerez, otro municipio zacatecano, hablé con un ranchero que prefirió mantener su identidad anónima porque, como vendedor ambulante, convive diariamente con los cárteles.
Reconoce que la violencia ha disminuido, pero atribuye el hecho a un factor recurrente en contextos violentos: los ciclos de guerra entre cárteles.
«Cuando estaba feo era porque había dos cárteles —me contó—. Ahora que ganó uno, ya se puede ir (al rancho) como antes».
El fiscal Camacho sostiene que eso es «totalmente falso; la paz es fruto de operativos estatales».
Pero, aunque hoy pueda regresar a su finca, el ranchero debe trabajar en la ciudad porque la violencia en su peor fase lo obligó a vender las vacas por debajo del precio de mercado y dejó secas sus huertas.
Insiste en un punto que trasciende la discusión sobre cifras: «Puede que el gobierno tenga razón en que bajaron homicidios, pero la cuestión es, ¿quién nos paga lo perdido?».
¿Quién responde a Brenda, no solo por la pérdida de su esposo e hijo, sino también por los años de «revictimización por parte de las autoridades» que le provocaron —dice— ataques de pánico y diabetes aguda?
¿Quién brinda acompañamiento físico, emocional y económico a las madres buscadoras que día a día recorren este árido y hostil territorio en busca de cuerpos en fosas clandestinas?
Es posible que en el debate sobre las cifras se pierda un análisis aún más relevante: ¿cuán profunda es la herida que dejó la violencia? ¿Cómo podrán los mexicanos volver a confiar en sus autoridades, si es que alguna vez lo hicieron?