Ultima presenta un contundente informe en contra del Anteproyecto de Ley de Integridad Pública, advirtiendo que podría facilitar situaciones similares al caso de Cerdán. Por otro lado, Los Registradores no perciben ese peligro.
La organización que agrupa a los notarios de España está preparando una enmienda crítica a la nueva ley que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, pretende impulsar, considerándola un retroceso en la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales debido a una disminución del control sobre el accionariado de las sociedades.
El Consejo General del Notariado está ultimando un informe en oposición al anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, donde se argumenta, según un comunicado al que ha tenido acceso EL MUNDO, que esta normativa facilitaría escándalos como el de la empresa Servinabar, que estuvo bajo la titularidad oculta del 45% de Santos Cerdán mientras ocupaba, entre otros cargos, la secretaría de Organización del PSOE.
«Entre muchas otras cuestiones, el anteproyecto implica una modificación radical del régimen de transmisión de participaciones definido en nuestra legislación mercantil, ya que si se aprueba la norma y dicha transmisión queda reflejada en documento público notarial, esta pasaría a gestionarse mediante documento privado sin ningún control», sostiene el organismo notarial presidido por Concepción Pilar Barrio del Olmo.
Como ejemplo destacado, citan el caso de Servinabar, en el que Antxón Alonso y Cerdán repartieron las acciones sin acudir a notario ni al registro mercantil. Al no prohibir esta modalidad, «el efecto del Anteproyecto será generalizar casos como el de Servinabar y fomentar un testaferrato claro». La ley impulsada por el Gobierno como medida anticorrupción suprime la obligación de escritura pública notarial para la transmisión de participaciones sociales en sociedades mercantiles y la sustituye por documentos privados presentados electrónicamente en el registro mercantil con firma digital.
El Ministerio de Presidencia, que ha coordinado esfuerzos con Hacienda, defiende que el anteproyecto mejora la situación vigente al exigir que ese documento privado pase por el registro para que surta efectos frente a los socios; sin embargo, el Consejo del Notariado opina que «esto equivale a corregir la opacidad con un modelo igualmente opaco como es el documento privado». Según ellos, la firma digital que elimina la intervención del notario no asegura control alguno debido a la facilidad para obtener identidades digitales falsas.
Desde la perspectiva notarial, para evitar situaciones como la de Servinabar, el Gobierno debería eliminar de raíz que acuerdos privados como el de Cerdán tengan validez legal, algo que actualmente sí ocurre y que según su criterio no se evita con la nueva ley. «La opción lógica no es registrar en el Registro Mercantil las transmisiones de acciones, especialmente mediante documentos privados sin ningún control, sino más bien privarlas incluso de efectos obligacionales».
¿Cómo lograrlo? «Bastaría con efectuar una pequeña modificación del artículo 106.1 de la Ley de Sociedades de Capital con el siguiente texto: «La transmisión de participaciones sociales, así como la constitución del derecho real de prenda sobre las mismas, deberá constar en documento público». Algunos notarios incluso advierten que la redacción actual de esta ley podría favorecer a Cerdán en su proceso judicial.
Por su parte, el Ministerio defiende su anteproyecto y atribuye a intereses corporativos la postura de los notarios. Estos rechazan dicha acusación y cuentan con el respaldo de entidades como la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, quienes suelen apoyarse para sus investigaciones en la base de datos conocida como Órgano Centralizado de Prevención en el Consejo General del Notariado (OCP).
Esta plataforma proporciona a la policía judicial una estructura societaria de las empresas con un nivel de detalle y cobertura mucho mayor, según fuentes de la UCO, que el más reciente Registro de Titularidades Reales, desarrollado por los registradores.
Cuando se trata de acuerdos tan secretos como el de Servinabar, ni siquiera el OCP tiene constancia, pero en casos donde sí existe escritura pública, pero con complejas redes de empresas interpuestas y testaferros, como en la investigación de Forestalia, esta base de datos es considerada hoy esencial para la policía judicial.
El Consejo del Notariado advierte que esta herramienta está en riesgo con el anteproyecto y que solo en 2025 atendieron más de 6.000 solicitudes de copias de escrituras para investigaciones diversas. De ellas, la Agencia Tributaria solicitó 5.313, mientras que el resto correspondió a la Tesorería de la Seguridad Social, el Sepblac y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Comunidades Autónomas.
En el Ministerio intentan calmar a fiscales y policías asegurando que, con la nueva ley, el nuevo registro será mucho más integral que el OCP mencionado, aunque la fuerte controversia generada y la fragilidad parlamentaria del Gobierno dificultan la tramitación del anteproyecto.
Los registradores sí respaldan la nueva norma y consideran evitable el ‘caso Cerdán’
En el extremo opuesto al Consejo General del Notariado se encuentra otro órgano clave para la seguridad jurídica en España: el Colegio de Registradores. Ambos mantienen una posición notablemente enfrentada respecto al impacto de esta misma norma en la lucha contra la corrupción. Voces registrales apoyan la reforma porque «genera transparencia al eliminar de manera definitiva la posibilidad de corrupción, fraude y blanqueo de capitales en la transferencia de acciones». Esta afirmación firme se basa en que «todo el tráfico societario debe obligatoriamente pasar por los registros mercantiles, lo que permite la coordinación y complementariedad de todos los sistemas registrales para prevenir fraudes, corrupción y lavado de dinero». Además, aseguran que «la inscripción de la transmisión será examinada y valorada por el registrador mercantil desde una visión integral», que no solo detectará insolvencias, sino que también «permitirá verificar aspectos en áreas grises o inaccesibles hasta la fecha: transmisiones fiduciarias, participaciones indirectas (para reconstruir la cadena de control), participaciones recíprocas y autocartera». Respecto al ‘caso Servinabar’, sostienen que con el nuevo anteproyecto tanto Santos Cerdán como Antxón Alonso habrían tenido que registrar su acuerdo para que tuviera validez. «Cerdán nunca habría obtenido su condición de socio tal como ocurrió», puntualizan, en contraste con los notarios que consideran que el dirigente socialista podría continuar operando con testaferros usando la reforma.
Desde el Colegio de Registradores también defienden que la base de datos de los notarios no ofrece una imagen completa sobre la estructura real del accionariado.