Las claves
Irene Jódar (PSOE) denuncia la opacidad y la gestión poco eficiente del Gobierno de Murcia respecto a los 240 millones de euros destinados a vivienda desde 2018.
La diputada socialista señala que los fondos para programas como el Plan Estatal de Vivienda y el Bono Alquiler Joven no han beneficiado a la población.
Jódar critica que varios proyectos de alquiler social permanecen sin licitar o se han declarado desiertos, lo que podría llevar a Murcia a devolver 25 millones de euros al Estado.
El PSOE exige la aprobación de un decálogo de medidas para facilitar el acceso a la vivienda y la tramitación de la ley de vivienda asequible, actualmente paralizada en la Asamblea Regional.
La diputada del Partido Socialista en el Congreso por la Región de Murcia, Irene Jódar, ha denunciado este viernes la «completa ausencia de transparencia» y «la gestión deficiente» que está llevando a cabo el Gobierno regional en relación con los fondos asignados a vivienda.
Tras una investigación conjunta con los diputados socialistas Cari Rives y Joaquín Martínez Salmerón, Jódar ha informado que el PSOE ha comprobado que la Región de Murcia ha recibido más de 240 millones de euros entre 2018 y 2025 procedentes de recursos estatales y europeos.
La parlamentaria autonómica asegura que esta cantidad, que abarca el Plan Estatal de Vivienda, el Bono Alquiler Joven y fondos para rehabilitación y eficiencia energética, no ha repercutido favorablemente en la población, lo que ha motivado que los socialistas recurran directamente al Gobierno de España debido a la repetida negativa del Ejecutivo regional a proporcionar datos verídicos.
Irene Jódar ha remarcado que el problema no radica en la falta de recursos, sino en la inacción del Gobierno de López Miras, a quien acusa de dar prioridad a la confrontación política con el Ejecutivo de Pedro Sánchez en lugar de atender las verdaderas necesidades de los murcianos.
Jódar definió la gestión del Partido Popular como «pésima y oscura», destacando que los millonarios importes recibidos no se han reflejado en la creación de parque público de viviendas ni en ayudas directas para los jóvenes.
La diputada describe la conducta del presidente regional, Fernando López Miras, como una manifestación de «desidia total», señalando que, mientras otros ayuntamientos gestionan los fondos eficientemente, el Gobierno autonómico se resguarda en justificaciones para cubrir su ineficacia, optando, según Jódar, por centrarse en pactos con la ultraderecha en lugar de promover el progreso social.
Entre los casos más alarmantes, la parlamentaria resaltó la situación del alquiler social, donde de los 25,6 millones de euros asignados para la construcción de 526 viviendas, gran parte sigue en una situación problemática: proyectos pendientes de licitación o desiertos.
Esta gestión deficiente pone a la Región de Murcia en riesgo de devolver 25 millones de euros al Estado, un monto que se perdería definitivamente debido a la indiferencia gubernamental.
Además, Jódar ha señalado la problemática del Bono Alquiler Joven, indicando que, a pesar de los 26,6 millones de euros asignados, existe una frustración extendida entre los jóvenes de la región que, cumpliendo con todos los requisitos, han visto rechazadas sus solicitudes sin justificación técnica.
Frente a la reciente aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda, que asigna 308 millones de euros a la Región, Irene Jódar cuestiona directamente a Fernando López Miras: ¿continuará rechazando los fondos estatales o aceptará finalmente sentarse a dialogar con el Partido Socialista?
La diputada recordó que el PSOE, con Francisco Lucas a la cabeza, presentó hace varios meses un decálogo de medidas factibles y necesarias para facilitar el acceso a la vivienda, propuestas que sigue sin responder el Gobierno regional.
Por último, Jódar reafirmó su compromiso de trabajar para desbloquear la ley de vivienda asequible, que lleva medio año estancada en la Asamblea Regional, con el propósito de detener lo que define como la parálisis de una administración más preocupada por el sectarismo ideológico que por garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna para todos los vecinos.