Otras irregularidades detectadas incluyen la incorrecta carga de gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato al inquilino, además de la ausencia de registro de la condición de gran tenedor
El gobierno de Cataluña anunció este jueves la apertura de 529 expedientes sancionadores contra propietarios de viviendas situadas en zonas del mercado residencial donde se aplica el índice de referencia de precios. Según informó la unidad inspectora de la Generalitat, el 74% de esos expedientes fueron iniciados de oficio (por la propia unidad), mientras que el 26% restante derivan de denuncias particulares.
Asimismo, los inspectores catalanes señalaron que, como resultado de los expedientes abiertos el 22 de abril, hay siete casos con un expediente sancionador formalmente iniciado. Además, el 89% de los expedientes se encuentran en la fase de diligencias previas —la etapa inicial dedicada a la investigación—, y un 10% ya han sido archivados.
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De los 529 expedientes sancionadores iniciados por la administración autonómica, el 79% están destinados a propietarios que superaron el límite máximo de renta, ya sea de forma exclusiva o junto con otras irregularidades. Dentro de estas combinaciones se incluyen la indebida repercusión de gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato al inquilino, así como la falta de registro de la condición de gran tenedor o del precio del inmueble.
El economista Santiago Carbó examina la coyuntura actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre «incrementos significativos» en los precios de compra y analiza cómo la escasez, junto con los elevados costos de alquiler y las hipotecas, consumen los aumentos salariales de las familias.
Otra de las infracciones identificadas por la Generalitat catalana a raíz de la investigación de la unidad inspectora es la falta de registro de la finalidad del contrato, cuando se trata de contratos de temporada o de uso distinto a la vivienda habitual.
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Barcelona encabeza las irregularidades
En cuanto a la distribución geográfica de los expedientes, la provincia de Barcelona concentra el 76% de los casos, con 402, seguida por Tarragona con 60 (11,3%), Girona con 48 (9%) y Lleida con 19 expedientes (4%). A nivel municipal, Barcelona capital acumula 210 expedientes, representando el 40% del total. También destacan Girona con 31, Badalona con 23 y Sitges con 14 expedientes.
Por otro lado, la administración informó que, de los 529 expedientes, 51 fueron archivados (31 con archivo definitivo, 18 en la fase de diligencias previas y 2 anulados), siendo la principal causa para el archivo de denuncias particulares que los contratos de arrendamiento son previos a la entrada en vigor de la ley de vivienda catalana, por lo que no están sujetos a dicha normativa.
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Según ha detallado la administración autonómica, el despliegue del cuerpo de inspectores en el territorio se realiza progresivamente y en coordinación con los ayuntamientos. En este marco de colaboración, se efectúan inspecciones relacionadas con la contención de rentas junto con el Ayuntamiento de Barcelona.
El 15 de abril se llevaron a cabo diecisiete inspecciones en once ubicaciones de Barcelona, en una operación conjunta con el Ayuntamiento de Barcelona y con el apoyo de la Guardia Urbana. Se detectaron doce viviendas que podrían estar incumpliendo la normativa, principalmente pisos destinados al arrendamiento de habitaciones. Durante las inspecciones se solicitó documentación y el proceso de requerimiento y evaluación continua actualmente.
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Estas inspecciones forman parte de las políticas públicas del gobierno catalán enfocadas en garantizar el derecho al acceso a la vivienda y afrontar la emergencia habitacional provocada por el desajuste entre la evolución de los precios del alquiler y la capacidad económica de las familias.