Los diputados rechazan las enmiendas a la totalidad de la derecha y permite que el proyecto siga adelante
La reforma constitucional para incorporar el derecho al aborto en la Carta Magna superó este jueves su primer trámite en el Congreso de los Diputados. Con 171 votos favorables y 177 contrarios, la Cámara Baja desestimó las dos enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox, permitiendo que el proyecto continúe su recorrido legislativo.
El 7 de abril pasado, el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de reforma constitucional que busca incluir el derecho al aborto en la Constitución. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendió este jueves la iniciativa como “imprescindible para garantizar la libertad en la interrupción voluntaria del embarazo de forma real y efectiva en todo el territorio nacional”. Aunque la ministra del PSOE sostiene que “la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad no está amenazada” en el país, el acceso al aborto persiste como desigual en varias regiones, y todavía hay mujeres que deben cruzar fronteras para ejercer este derecho.
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Según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad, solo el 20% de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se realizan dentro del sistema público de salud, lo que origina la existencia de “mujeres de primera y de segunda”, en función de su capacidad para acceder a servicios privados.
Una “patada” al derecho al aborto
No obstante, el proyecto del Ejecutivo no reconoce el aborto como un derecho fundamental, sino como un principio rector. Se propone añadir en el artículo 43.4 un nuevo inciso que ordene a las autoridades garantizar “el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, con todas las prestaciones y servicios necesarios para dicho ejercicio”. Expertos consultados por Infobae consideran que su inclusión en la Carta Magna no garantizaría su protección, ya que no impediría futuras derogaciones.
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Así lo indicaba también la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular, que acusaba al Gobierno de elegir esta vía para agilizar y simplificar la tramitación. Incorporar el aborto en el artículo 15, referente al derecho fundamental a la vida, habría exigido la disolución de las Cortes Generales y el llamado a elecciones. Los populares califican la reforma propuesta como un “fraude constitucional”.
La diputada del PP Silvia Franco González criticó que el Gobierno no reconozca el aborto como derecho fundamental y, en contraste, opte por un “atajo” que les facilita aprobar la reforma con “mayorías menos cualificadas y, por supuesto, sin necesidad de disolver las Cortes”.
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“Su reforma le da al derecho al aborto una patada hasta el artículo 43″, sostuvo la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Su partido defiende que “el aborto debe estar garantizado en la Constitución, pero no de esta manera” y recordó que el Tribunal Constitucional ya reconoce el aborto como un derecho fundamental. Para ella, este cambio “reduce su nivel político y de protección jurídica, haciéndolo más vulnerable a los recortes de la derecha y la extrema derecha”.
A pesar de las críticas, la reforma constitucional superó su primera instancia en el Congreso. El texto seguirá su proceso y requerirá una mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado para ser aprobado, un respaldo complejo de alcanzar en ambas cámaras.
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