Con 95 años, la Fiscalía solicitaba una pena de nueve años de prisión para el ex presidente de la Generalitat, quien ha quedado «excluido del proceso» debido a su «deterioro cognitivo» tras realizarse un examen médico y una entrevista directa con el tribunal.
La Audiencia Nacional absuelve a Jordi Pujol por demencia en la causa relacionada con la fortuna oculta
La Audiencia Nacional ha liberado a Jordi Pujol del juicio que investiga el patrimonio oculto del clan en Andorra. El ex presidente, facing a una petición de nueve años de prisión, fue excluido y no tuvo que declarar por «razones de salud», quedando exonerado. Esta decisión fue adoptada por el tribunal presidido por José Ricardo de Prada tras un examen y una entrevista que confirmaron la «imposibilidad de Jordi Pujol Soley para mantenerse plenamente capacitado en este proceso judicial«.
Por lo tanto, Pujol ha quedado «fuera del procedimiento», según informó el magistrado minutos antes de las 11. En otras palabras, se extingue cualquier responsabilidad penal que se le pudiera atribuir. Este episodio representa un giro inesperado en una de las causas más extensas y complejas de los últimos tiempos, con importantes repercusiones políticas y sociales en Cataluña. Por ahora, todos los hijos del ex presidente deberán declarar, y este lunes, tras la decisión de apartar a Pujol, comenzó el interrogatorio a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.
El padre Pujol llegó a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) a las 9:07 horas, ingresando al edificio a través del garaje para someterse a un nuevo reconocimiento médico antes de que el tribunal determinara su capacidad para declarar. De esta forma, evitó la exposición frente a la multitud de periodistas que aguardaban su llegada.
En noviembre, cuando se inició el juicio, la Audiencia Nacional concluyó que el ex president de la Generalitat podía ser juzgado a pesar de su estado de salud (se presentaron tres informes que alertaban sobre un «deterioro cognitivo» y «demencia surgida») y su edad (95 años). En dicha conclusión, se estableció que Pujol presenta «un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor mixto (de tipo Alzheimer y vascular)». Este trastorno implica un deterioro cognitivo moderado que es «irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz».
Por estas razones, los expertos determinaron en ese momento que el ex presidente no estaba en condiciones ni de desplazarse a Madrid ni de declarar, ya que carecía de la capacidad procesal para defenderse.
Durante estos meses, Pujol pudo seguir la vista oral desde su hogar en Barcelona, y el tribunal decidió examinar su estado cuando requiriese una «intervención activa». Este momento llegó el lunes 27 de abril, cuando finalmente fue excluido de la macrocausa que involucra a toda su familia.
La Fiscalía solicitaba nueve años de cárcel para Pujol, acusándolo de formar parte junto a su esposa Marta Ferrusola (ya fallecida) y sus siete hijos de una red para enriquecerse mediante comisiones de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas, acumulando una fortuna que el clan ocultó en Andorra durante décadas. En el banquillo están 19 acusados en total, incluidos los siete hijos de Pujol.
El Ministerio Público pide penas de entre ocho y 29 años de prisión y elevadas multas para todo el clan. La condena más severa corresponde a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, para quien solicitan un total de 29 años de cárcel. En su caso, se le imputan cinco delitos fiscales (tres años por cada uno), un delito de falsedad documental (tres años) y un delito de frustración de la ejecución (dos años adicionales) por haberse despojado de bienes destinados a afrontar deudas.
Una «herencia» y 307 millones en efectivo
Hasta entonces, Pujol seguía el proceso de manera telemática, pero este domingo viajó por carretera desde Barcelona a Madrid, acompañado por una enfermera.
El comunicado que Pujol emitió el 25 de julio de 2014 reconociendo poseer dinero en el extranjero sin regularizar, fue el detonante de la causa, que ya había sido judicializada tras la denuncia presentada por Victoria Álvarez contra su ex pareja, el hijo mayor del clan, Jordi Pujol Ferrusola, y desencadenó un terremoto político en Cataluña cuyas consecuencias perduran hasta hoy. La confesión del ex president tuvo lugar luego de que EL MUNDO informara sobre movimientos de cuentas de los Pujol en bancos andorranos.
El ex presidente aseguró en la carta que los fondos provenían de una herencia dejada por su padre, Florenci Pujol, a los siete hijos del matrimonio Pujol-Ferrusola (Jordi, Marta, Josep, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer), destinada a ser utilizada cuando alcanzaran la mayoría de edad. El «error», según señaló en el escrito, fue no haber hallado «el momento oportuno para regularizarla». Esta confesión, hecha pública hace 12 años, es una de las piezas clave en la fase final del juicio.
Illa valora la resolución
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado su satisfacción porque «la Justicia haya actuado con sensatez y humanidad».
Celebro que la justicia haya actuado con sensatez y sentido de la humanidad.
Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, afirmó que la Audiencia Nacional «buscaba escarnio y venganza por todo lo que representa para Cataluña e personifica el president Pujol». «El daño ya está hecho», añadió.